La actividad que desempeñan los policías es de luz y sombra, porque de la misma manera que hay quienes alaban – y hasta defienden – actitudes que rayan en la ilegalidad, otros exigen que sin reserva alguna se apegue a la ley, al mismo tiempo crece un movimiento nacional a favor de sus derechos laborales.

En primer término están las revisiones que hacen de todos aquellos habitantes que se encuentran en su recorrido, practicándoles los clásicos “tocamientos de rutina”, esto es, el esculque para ver que portan y en caso de ser alguna sustancia o psicotrópico prohibido, armas o un producto que no puedan acreditar la procedencia o propiedad, son remitidos ante el ministerio público “para deslindar responsabilidades”.

En estricto apego a la ley si no existe flagrancia es una detención inconstitucional, además que es ilegítimo hacerlo por simple sospecha o deducción, o como dicen algunos comentaristas de la nota roja, “se puso nervioso” al ver las unidades policíacas por lo que se procedió a su captura, trátese de peatones o automovilistas, lo que haría pensar que son psicólogos, al grado que detectan a simple vista cambios inmediatos en el estado de ánimo y más sorprende cuando se trata de quien va al frente de un volante, viaja en bicicleta o en motocicleta.

También es arbitrario el operativo “limpia-calles” que periódicamente se aplica, porque no es ningún delito reunirse en la vía pública, así se trate de una esquina o a mitad de la cuadra, mientras no causen disturbios pueden permanecer el tiempo que quieran. El que ordena y quien lo ejecuta viola los artículos 1, 6, 9, 11, y 16 de la Constitución General de la República, aún cuando se invoque que es en respuesta a peticiones vecinales, o que sus superiores los arropen ofreciendo defenderlos en caso de una denuncia, como sucedió hace tiempo con el policía que asesinó con una “llave china” a un supuesto asaltante en la cercanía del Teatro Aguascalientes.

En declaraciones emitidas a este Diario el pasado 9 de marzo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Jesús Eduardo Martín Jáuregui, destacó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes tiene el mayor número de demandas por violación a los derechos humanos. Para esa fecha había 207 expedientes abiertos en lo que va del año, de los cuales 72 corresponden a quejas y de ellas 30 son imputables a policías municipales.

Aunque el ombudsman o defensor del pueblo consideró que lo anterior podría tener su raíz en que numéricamente es la corporación que tiene más elementos y sus funciones son de primer contacto con los ciudadanos, reconoció que se pidió recortar el período de clases sobre derechos humanos que les imparte la CEDH, que eran de 40 horas, dejándolo en 20 horas, por lo que salen a las calles con menores conocimientos de lo que deberían recibir para que sea más eficiente su labor y sobre todo que sus actos se apeguen al mandato jurídico.

Tienen que estar conscientes que es obligatorio respetar los derechos de los pobladores y tener el criterio suficiente para hacer uso de la fuerza sólo cuando no queda otra opción, pero una vez sometida la persona debe soportarla hasta ponerla a disposición del juez calificador o del ministerio público. De las principales denuncias que hay en su contra es porque golpean y aprisionan a quienes están en el lugar de los hechos, hubiera tenido o no participación, lo que provoca que crezca la animadversión hacia ellos y se les lleve al banquillo de los acusados, que de ser encontrados responsables pueden ser cesados y hasta consignados.

El tercer elemento en este tema está en que hay policías despedidos por distintos motivos, uno de ellos – y el más recurrente – es porque no pasó el examen de “control de confianza”, sin que la mayoría de las veces conozcan en qué fallaron. Lo más grave de todo es que no se les escucha, simplemente los dan de baja y aunque lleven su caso a los tribunales es una causa perdida, por lo que hay policías con años de servicio que de pronto se quedan sin trabajo.

El fundamento para el despido – y la negativa de readmitirlos cuando se comprueba que hubo una anomalía – es por lo que señala el Artículo 123 de la Constitución, Apartado B, inciso XIII: “Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido”.

Lo anterior ha motivado que se expanda la acción que nació en Guadalajara y con la cual pretenden una reforma constitucional, para que al igual que el resto de los mexicanos tengan los mismos derechos y defensa laboral, por lo que hasta este mes el Movimiento Nacional por la Seguridad había reunido 350 mil firmas y una vez que se considere la cantidad suficiente será entregada a la Cámara de Diputados para su conocimiento, análisis, debate y aprobación en su caso.

URBANEROS AL LÍMITE

Como ocurre cada vez que deben acordar el aumento salarial y de otras prestaciones, los concesionarios del transporte urbano y los choferes entran en un período de “vencidas”, en que sobresale la postura patronal de conceder el incremento sólo si previamente le autorizan un alza a la tarifa, y de los operadores que amagan con paros y llegar a la huelga si no les conceden lo que piden.

Unos y otros saben que esta vez se alargó el plazo para llegar a un convenio, ya que por regla general es en febrero cuando lo firman, pero en la búsqueda de alcanzar el acuerdo han dejado que pasen las semanas sin haber conseguido cerrar este capítulo.

En la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano de Aguascalientes (ATUSA) sostienen que en las actuales circunstancias les resulta difícil otorgar cualquier porcentaje, por mínimo que sea, ya que desde la pasada administración estatal tienen la misma tarifa de 6 pesos, lo que significa que cada vez sea menor la rentabilidad.

Ante esta situación, Salvador López Silva, director general de la Alianza, afirmó que no están en posibilidades de atender el planteamiento de los choferes, por lo que propuso dos opciones: que el gobierno autorice un cobro mayor con lo que estarían en posibilidades de atender el reclamo de sus trabajadores, o que éstos sean solidarios y no exijan el alza salarial.

Por su parte, el sindicato que encabeza Roberto Mora Márquez, con pleno apoyo de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), demanda un arreglo que beneficie a los 1,100 de sus representados, y aunque ha sido cauto en definir las acciones que tomarán, no se descarta un paro de labores o la huelga, que de ocurrir afectaría a más de 300 mil personas que utilizan diariamente el transporte colectivo.

La paciencia se agota entre los sindicalizados, que exigen a su dirigente actos más concretos, por lo que habrá que estar muy pendiente de lo que suceda en palacio mayor, que de manera reiterada se ha negado a autorizar la petición de los camioneros.

En un período político-electoral y por ser un servicio que no se puede suplir, así sea por uno o dos días, tiene que hilarse muy fino para que ambas partes lleguen a un pacto, en que tal vez los beneficios sean menores a lo esperado pero se evitará que miles de aguascalentenses se queden sin transporte o tengan que desembolsar un dinero para taxis que no está en su presupuesto.

COLOSIO A 22 AÑOS

El tiempo transcurrido del crimen que sufrió Luis Donaldo Colosio Murrieta no borra la exigencia social, de que se conozca al autor intelectual, porque del responsable directo de ese hecho, Mario Aburto Martínez, se sabe que presuntamente está internado en la prisión federal de Puente Grande, Jalisco, donde purga una condena de 45 años, Lo vivido la tarde del 23 de marzo de 1994, en la colonia popular Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California, se mantiene vigente, pero lo más lamentable de todo es quien ordenó su muerte y armó la mano de Aburto está libre, sin que las autoridades muestren el mínimo interés de esclarecer el caso que conmocionó al país.