Hay quien piensa que un problema, por recurrente, aniquila cualquier reclamo de justicia, por lo que todo es cuestión de dejar pasar el tiempo para que el asunto quede como uno más de los que suceden en la vida diaria, sin embargo los afectados y sus cercanos siguen con el recuerdo y una impotencia que los acompaña el resto de su existencia.

Hace unos días un grupo de policías ministeriales derribaron a patadas la puerta de entrada de un domicilio, con el pretexto que en ese sitio se había producido un hecho ilícito, sin embargo luego de revolver camas, roperos y todo aquello donde pudiera encontrarse lo que buscaban, se dieron cuenta que se habían equivocado de lugar.

Ahí quedó una señora sumamente afectada, junto con sus dos hijos menores que vivieron momentos de pesadilla, ya que no sabían a que se debía tanta violencia en contra de su hogar y sobre todo que la forma de actuar del crimen organizado y de la policía ministerial es muy similar, por lo que en ese momento desconocían de quien se trataba.

Luego de haber asegurado que eran agentes y que todo había sido un error, se retiraron con la promesa que le arreglarían los desperfectos, sin embargo en ningún momento mostraron una orden de cateo sino que al más puro estilo de las corporaciones mexicanas, que para esto se pintan solas, arribaron a la vivienda y con lujo de fuerza entraron sin importar los destrozos que causaran, ya que eso pasa a segundo término cuando se trata de cumplir una encomienda.

Hasta la fecha no se ha pedido una disculpa pública a la familia perjudicada ni se ha convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer si se hizo alguna investigación interna para deslindar responsabilidades.

Lo que se ha hecho es guardar prudente silencio con la confianza que después de unos días ni quien se acuerde de lo ocurrido.

El problema de fondo, y es lo que debe inquietar a la sociedad, es que no es la primera vez que ocurre este tipo de actitudes, pero al echarle tierra a las denuncias se prohíja que continúen sucediendo.

En distintos foros se insiste que Aguascalientes es uno de los estados más seguros de la República, que aquí de manera esporádica acontece algo excepcional, sin embargo en la práctica no lo es, ya que nadie está exento de padecer una agresión de esa naturaleza, y menos cuando las principales autoridades guardan mutismo.

Además, hay víctimas que no presentan la denuncia ante el agente del ministerio público porque saben que es tiempo perdido, toda vez que la investigación sobre los hechos está a cargo de la corporación involucrada, de manera que a lo más que podría llegarse es a una llamada de atención y a otra cosa.

Aquello de una justicia pronta y expedita es un eslogan a modo para el discurso, como invitación para que el pueblo no se quede callado ante cualquier atropello de alguna autoridad, pero a la hora de aplicarla se vuelve una maraña legalista.

Después del susto que se lleva alguien por la invasión a su casa de unos sujetos con armas de alto poder y de los daños que causaron y luego que le digan que fue un despropósito, Usted debe acudir a poner la denuncia, que le recibirán después de dos o tres horas de espera y tendrá que regresar a ratificarla, porque si no lo hace entonces se cancela. Y si procede, después de meses lo citarán para que acuda ante el ministerio público a reiterar sobre lo sucedido y luego a esperar a que se castigue a los responsables.

A lo anterior se debe que este tipo de denuncias se archivan y que los aquejados se queden con el temor de volver a vivir esa pesadilla, además de ser señalados ante la sociedad como si fueran responsables de haber cometido un ilícito.

ESPEJISMO

Desde 1996 se reciclan cada tres años las amenazas en contra de la concesionaria de aguas de Aguascalientes, llegándose al grado de advertir que “podría” abolirse el acuerdo que tiene con el Ayuntamiento de Aguascalientes, sin embargo nada cambia, por lo que la empresa francomexicana sigue con el servicio.

Cuando el actual alcalde Juan Antonio Martín del Campo dio a conocer las diez obligaciones que le imponía a CAASA y que de no cumplirlas se tomaría las medidas necesarias, se consideró que algo podría dejarle de positivo a los usuarios, pero lo único que hay en estos momentos es que las quejas de un número importante de familias no cesan porque tienen días sin una gota.

Ante el creciente reclamo social – que es mayor ante las actuales circunstancias de la canícula -, Martín del Campo reconoció que de los diez puntos la compañía sólo ha cumplido cinco, aclarando que no habrá sanciones, lo que determina que está a criterio de la concesionaria qué puede atender.

Asimismo, después de siete meses que está vigente un seguro de responsabilidad civil que se contrató para el efecto, lo hace público, el cual, presuntamente garantiza la protección a los ciudadanos de daños y perjuicios. La suma asegurada es hasta por un millón  de pesos y la fianza comprende “muerte o menoscabo a la salud, gastos de defensa y el pago de productos que se dañen”.

El seguro es únicamente para el caso de las obras que CAASA lleva a cabo, como la excavación para reparar o introducir la tubería y que por falta de señales los vehículos caigan al hoyanco, de lo cual reconoció el edil, hubo accidentes que causaron lesiones y hasta la muerte del conductor o de algún acompañante.

Lo que no mencionó fue si los incidentes que tuvieron lugar en los siete meses que no divulgó sobre el seguro, los perjudicados en este lapso pueden reclamar la indemnización correspondiente, puesto que legalmente están en su derecho de hacerlo y por una omisión oficial no tenían conocimiento.

Es interesante que se proteja a los conductores de vehículos de motor y ciclistas que pueden sufrir un percance por ese motivo, pero ¿Quién defiende a las familias que no reciben agua en sus hogares? ¿o acaso son ciudadanos de segunda?

Basta que falle el servicio por dos o tres días para desquiciar la vida en el hogar, lo que obliga a desembolsar diversas cantidades para comprar el líquido en garrafones, a lo que se agrega que en el recibo mensual no se descuenta lo que deja de suministrarse, lo cual es a todas luces un atropello porque se cobra por algo que no se aporta.

Afirmar que hay una modificación de tarifas con lo que se redujo el cobro no pasa de ser una utopía, ya que no se refleja en los recibos, si acaso los único que han salido ganadores con esa medida son los industriales a quienes sí les disminuyó el pago.

Como ha sido la constante en los últimos 20 años, en 2017 vendrán nuevos compromisos con los usuarios y otra vez a fantasear que esta vez sí se haga realidad.

PREMIAN A UNIVERSITARIA

María Isabel Pedroza Pedroza, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), recibió el Premio Coneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en la ceremonia que tuvo lugar el pasado 30 de agosto en el Auditorio Telmex, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Un total de 902 jóvenes de todo el país fueron galardonados, quienes al concluir sus estudios participaron en el examen Coneval y obtuvieron una calificación de sobresaliente en todas las áreas de evaluación. Los triunfadores representan el 0.9 por ciento de los que asistieron al Examen General para Egresados de Licenciatura (EGEL).

Es importante destacar que María Isabel Pedroza es originaria de la comunidad Bajío de San José, perteneciente al Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, y que para estudiar en la UAA tenía que acudir todos los días, lo que le representaba una hora de ida y otra de regreso, lo que también hicieron sus hermanos que concluyeron una carrera. De 40 compañeros que egresaron de la preparatoria, sólo cinco terminaron una licenciatura, a lo que ahora se agrega el reconocimiento nacional que recibió.