Piden que se otorguen los derechos laborales que por ley corresponden a 3,500 trabajadores del INEGI, quienes se desempeñan como técnicos operativos. La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del INEGI, Areli Hernández Rodarte, aseguró que estos empleados fueron erróneamente catalogados como personal de confianza, privándolos de muchas prestaciones y de su derecho a ser representados por un sindicato.

El presidente nacional de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, Noé Rodríguez García, respaldó al SNTINEGI, cuya líder precisó que de los 17,000 trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay una plantilla de 4,800 con plaza presupuestal.

“El Sindicato Nacional de Trabajadores del INEGI (SNTINEGI), que pertenece a la FEDESSP, desde el mes de agosto de 2012 promovió la afiliación y basificación de 3,500 trabajadoras y trabajadores técnicos operativos de este Instituto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para asistir al derecho de ser sindicalizados; para ello, se entregaron expedientes integrados con afiliaciones y firmas autógrafas de cada trabajador que libremente decidió ser representado por el SNTINEGI”, destacó.

La promovente resaltó que desde el origen de este proceso jurídico han imperado las negativas por parte de la autoridad del INEGI, complicando el proceso al cambiar estratégicamente la denominación a este grupo de trabajadores de “técnico operativo” a “oficial superior”, personal que cumple las mismas funciones en nombramientos diferentes.

“El INEGI erróneamente los catalogó como personal de confianza, ya que por sus funciones son sujetos a ser representados por un sindicato, pero por su nombramiento no, negándoles el derecho constitucional reconocido por la Oficina Internacional del Trabajo y los tribunales de este país, así como también la cancelación de su participación en la vida democrática que como trabajadores tienen derecho”, apuntó.

Hernández Rodarte subrayó que en diciembre pasado fue nombrado como presidente del INEGI Julio Santaella Castell, quien heredó un instituto en proceso de demanda, por lo que confió en que sumarán esfuerzos para responder a las exigencias, respetar la vida democrática y los derechos a las reivindicaciones de los trabajadores y sus familias.

“Es un derecho inalienable al que no renunciaremos y conminamos a las autoridades de nuestro instituto y a los tribunales que por ningún motivo estaremos de acuerdo en cancelar el derecho de ninguno de nuestros trabajadores”, enfatizó.