Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 22-May .- Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se prepara para revisar los fondos que dieron origen a “los moches”, el Senado pretende dejar fuera del catálogo de faltas graves este abuso cometido por legisladores.
En marzo pasado, la bancada del PRD en la Cámara alta propuso incluir en la Ley de Responsabilidades Administrativas la figura de los “moches” o el cobro de comisiones por parte de legisladores para gestionar y “bajar” presupuesto federal a los municipios.
Los legisladores plantearon que el concepto fuera contemplado como un acto de corrupción y castigado como una falta administrativa grave.
Luego de varios meses de negociaciones, los senadores del PAN también se pronunciaron a favor de la propuesta que fue incorporada en el proyecto denominado “Ley 3de3 plus”, respaldado por el bloque de legisladores de la Oposición.
El planteamiento fue rechazado por los senadores del PRI y PVEM, tanto en declaraciones públicas como en su propuesta de redacción de la ley, ya que no fue incluido.
En el último intento por desatorar la discusión de las leyes de combate a la corrupción, panistas y perredistas insistieron en que se incorporará al articulado.
La petición fue entregada a la Comisión de Anticorrupción del Senado como parte el paquete de 30 observaciones al proyecto PRI-PVEM, que contó con el visto bueno de la sociedad civil.
En el documento, la Oposición aseguró que el proyecto de priistas y verdes establecer un esquema incompleto de faltas administrativas graves.
“No contempla como hechos de corrupción las conductas del diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida en dinero o en especie”, se indica en el escrito.
“O gestione o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales”.
Panistas y perredistas pidieron adicionar diversos artículos de la ley para incluir esa conducta como falta administrativa grave.
Sin embargo, el tema ni siquiera fue mencionado en la respuesta que entregó el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero.
El tema prevalece encorchetado y formará parte de la discusión en comisiones que arrancará hasta el próximo 8 de junio.