Leticia Acuña Medina

Los diputados cambian de opinión, resuelven quitar inmunidad a la élite burocrática, cuando el pasado 28 julio, en sesión plenaria, se opusieron a ello.

En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, que preside la diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, se aprobó un nuevo dictamen que resuelve las respectivas Iniciativas de los diputados José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Oswaldo Rodríguez García, en las cuales se proponen reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ello, con la finalidad esencial eliminar el fuero del que gozan actualmente los servidores públicos señalados por el artículo 75 constitucional: diputados locales, el gobernador, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, así como el secretario General de Gobierno.

El fiscal general del Estado, el presidente municipal, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del IEE, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el comisionado presidente y los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado.

Para suprimir esta protección constitucional, los iniciadores razonaron que en un estado de derecho, todos debemos sujetarnos al imperio de la ley y que, por lo tanto, no justifica proteger a ciertos servidores públicos, que al amparo de dicha salvaguarda cometen hechos constitutivos de delito, sin que se pueda proceder en su contra, salvo que se lleve a cabo el trámite para la declaración de procedencia.

Los comisionados de Justicia, avalaron el dictamen que resuelve la iniciativa de adición y reforma al Código Penal para el estado, presentada por el diputado Jorge Varona Rodríguez, a nombre del GPPRI, la cual tiene el objeto de establecer la figura denominada “Derecho de Indemnización”, para otorgar el derecho a una indemnización al procesado que de manera injusta fue privado de su libertad.

Asimismo, aprobaron el dictamen que contiene las iniciativas que reforman y derogan diversos artículos del Código Civil del Estado, planteadas en separado, por las legisladoras Norma Adela Guel Saldívar y María de los Ángeles Aguilera Ramírez.

El primer proyecto propone derogar la disposición que restringe el derecho de las mujeres a contraer nuevas nupcias en el plazo de los trescientos días posteriores a la disolución del matrimonio, con lo cual se establece el pleno respeto del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

El segundo planteamiento clarifica el supuesto cuando la ley reconoce sobre los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, se permita cuando el cónyuge no sea el padre biológico, el registro del hijo se verifique a través de un trámite administrativo en el cual la progenitora y el propio padre biológico se apersonen ante la Oficialía del Registro Civil con una declaratoria en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que él es el padre biológico, a fin de que esto se haga constar en el registro del nacimiento respectivo.

En estos casos, sólo falta el aval del Pleno Legislativo.