El proyecto de generación de energía eólica mediante la construcción de un parque de generadores en el municipio de El Llano, fue desechado en definitiva, por el riesgo que los aerogeneradores implican para el hábitat del Águila Real, sin embargo, ha sido avalado en la frontera del estado vecino.
Pese a que en territorio estatal no habrá este tipo de infraestructura, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sí otorgó un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) a nivel regional, que permitirá la instalación de generadores en el territorio vecino de Jalisco, donde se ubicará el parque eólico, y la energía generada se transmitirá por líneas de conducción a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Aguascalientes.
Al respecto, el delegado de la Semarnat en Aguascalientes, Sergio Augusto López Ramírez, reconoció que el proyecto de construcción del parque eólico tuvo diversas complicaciones, por lo que el proyecto de construcción de las torres de conducción aún está en análisis a nivel local.
La empresa “Energías Limpias de Palo Alto”, ya había presentado una solicitud de manifiesto de Impacto Ambiental que les fue negada en las oficinas locales de la delegación federal, y recurrieron a una solicitud de carácter regional ante oficinas centrales en la que se restringió la construcción de generadores cerca del hábitat de la especie amenazada, detalló.
“Hubo descontento social de los ejidatarios cuando se dieron cuenta de la probabilidad de este proyecto, porque los empresarios comenzaron a hacer negociaciones y comprar terrenos. Los enormes ventiladores matan a las aves al chocar contra ellos, no los ven en la noche, además de que el ruido las asusta y en muchas ocasiones abandonan el lugar”.
El funcionario consideró que la conducción de la energía a lo largo de una línea de 70 kilómetros disminuye el impacto ambiental para las aves, y se está en análisis el otorgamiento de autorización para que la compañía tienda esta línea de suministro.
López Ramírez señaló que los promoventes aún no llegan a un acuerdo con todos los ejidatarios de la región para comprar o rentar sus tierras, lo que retrasa el otorgamiento del permiso a fin de que cuente con certeza jurídica sobre los terrenos donde se extenderá la linea alimentadora.