Héctor Eduardo Anaya Pérez

“El valiente vive hasta que el cobarde muere”

En días recientes, la periodista Rocío Gutiérrez entrevistó a su homóloga y activista social Lydia Cacho, quien publicara en el año 2005 “Los demonios del Edén”, libro en el que trata el problema de la pornografía y la prostitución infantil. Cabe recordar, que Cacho investigó, reveló testimonios y dio nombres de algunos responsables, de encumbrados promotores y poderosos protectores de una gran red de corrupción y explotación infantil, que se encuentra tanto dentro de la industria como de la política en México. La obra denunció un problema de dolorosa actualidad en nuestro país y buena parte del mundo.
La publicación provocó un escándalo ante la opinión pública, a consecuencia de ello la periodista sufrió represalias. Lydia Cacho fue acusada el 22 de junio de 2005 ante las autoridades de Puebla por el empresario méxico-libanés Kamel Nacif Borge por los delitos de difamación y calumnias, y detenida por la policía judicial poblana que la trasladó a Cancún, Quintana Roo el 16 de diciembre de 2005, llevada vía terrestre hasta la ciudad de Puebla por órdenes de la juez Rosa Celia Pérez González; permaneciendo arrestada por casi 30 horas y liberada tras pagar una fianza de ciento seis mil pesos.
A más de 10 años de la mencionada publicación ¿qué ha ocurrido?
En 2014 logró que el empresario Jean Succar Kuri –uno de los principales operadores de la red de corrupción y pornografía infantil que quedó al descubierto en su investigación periodística– fuera condenado a 113 años de prisión en el penal de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sentencia que se convirtió en la más emblemática en América Latina por ese delito.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha informado que la red de pornografía infantil de Succar Kuri –de alcances internacionales– se debilitó después de la denuncia periodística y la condena ejemplar contra el empresario.
Ahora existe la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Pese a ello, la activista ha criticado que después de 2007 el gobierno mexicano retiró los fondos para que los refugios pudieran atender de manera integral a las víctimas de trata de personas, por lo que actualmente algunos de estos centros de apoyo que operan desde la sociedad civil no pueden hacer frente a los riesgos y amenazas a los que están expuestos por su labor.
México, actualmente es el país de América Latina donde más circula pornografía infantil; la autora del libro nos convoca a la sociedad a perder el miedo a denunciar y a desterrar la ignorancia, dos condicionantes que favorecen la existencia de estos delitos.