David Reynoso Rivera Río

¡¡¡YA BASTA DE MENTIRAS!!! Lamentablemente, vivimos en un país donde personas, partidos y organizaciones encuentran redituable el explotar la desinformación para intentar obtener el beneficio propio. Derivado de ello es que hemos destacado por ser el país de la actitud de cangrejo que no permite que ninguno escape, en lugar de aprender a trabajar en equipo.
En los últimos días, medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanos han dado su opinión acerca de la mal llamada Ley 3 de 3. Razón por la cual decidí abocar el presente espacio para comenzar a desmentir la mayoría de los erróneos comentarios que sólo se han hecho al vapor y sin comprender realmente los alcances de toda la normatividad en materia de anticorrupción.
En primer lugar, es importante mencionar que la mal llamada Ley 3 de 3 que en realidad es una Ley General de Responsabilidades Administrativas, no es ni una cuarta parte de lo que en verdad significa el sistema nacional anticorrupción. La iniciativa de ley que los medios de comunicación decidieron difundir como 3 de 3, efectivamente fue un esfuerzo ciudadano donde se reunieron los requisitos que prevé la Constitución para la iniciativa de leyes por parte de ciudadanos, en la cual el 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores tienen que respaldar; sin embargo, dicha Ley General evidentemente no fue idea de las corporaciones empresariales y mucho menos surgió de la buena fe, ya que dentro de nuestra misma Constitución se establece la obligación para el Congreso de la Unión de legislar en la materia.
Por ello, resulta necesario comprender que el 27 de mayo del año 2015 se publicó la gran reforma constitucional en materia de combate a la corrupción; la cual establece entre muchas otras cosas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el establecimiento de un régimen de sanciones graves, el establecimiento de un tribunal federal de justicia administrativa con una sala especializada en dichos procedimientos y un par de sanciones interesantes que definitivamente serán materia de mis próximos textos. Entre ellas destaca el texto del último párrafo del artículo 108 de nuestro máximo ordenamiento que dispone lo siguiente:
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
Mencionado lo anterior, podemos observar como entonces el hecho de rendir declaraciones no es algo novedoso, ya que también estaba previsto dentro del marco legal del nuevo sistema anticorrupción. Razón por la cual se debe primeramente de poner un llamado de atención a los organismos empresariales que han intentado colgarse medallas argumentando una idea “propia” cuando en realidad lo único que buscaron fue colgarse de lo que estaba previsto en el mismo texto constitucional; situación que no es nada extraña en nuestro Estado, donde vemos como es que inclusive sin el más mínimo conocimiento, cierto organismo sindical patronal decidió en tiempos electorales aventar a los candidatos su propuesta de sistema estatal anticorrupción; el cual, anticipo, goza de tremendas fallas, cuestiones de inconstitucionalidad y sobre todo busca únicamente empoderar a dicho organismo en la toma de decisiones.
Ya abordado el tema de los particulares, resulta interesante que durante el pasado mes, el Congreso de la Unión citó a los legisladores federales a efecto de expedir toda la normatividad complementaria a las reformas constitucionales del año 2015. En dicho periodo extraordinario se logró consolidar la formación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales), la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (para distribuir competencias y establecer la creación de los respectivos sistemas estatales).
Concluido dicho periodo, los legisladores decidieron incluir dentro del régimen de responsabilidades administrativas a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación-de las entidades y los municipios, imponiéndoles de igual manera la obligación de rendir y publicar sus declaraciones (fiscal, de intereses y patrimonial). Bien dicen que el miedo no anda en burro y lo anterior, sorpresivamente no fue del agrado de las principales cúpulas empresariales que inmediatamente acudieron a ejercer presión al Presidente de la República para que ejerciera su facultad constitucional de veto en cuanto a dichas disposiciones que hacían alusión a los particulares.
Tras analizar la propuesta del texto planteado originalmente por el Congreso de la Unión, detecto que la redacción en cuanto a los particulares se podía prestar que infinidad de ellos prestaran sus declaraciones de manera innecesaria; sin embargo, no comparto la opinión de erradicar por completo las obligaciones de los particulares. RECORDEMOS que la corrupción es un fenómeno que no únicamente requiere ni abarca en su totalidad la actuación de un servidor público, sino que la gran mayoría de las veces trae por detrás a un particular dispuesto participar en conjunto con el servidor público o que simplemente comience con la incitación o el ofrecimiento de dádivas al mismo servidor.
Si queremos erradicar verdaderamente y de raíz este fenómeno que lacera todos los días a nuestro país, TODOS debemos de asumir un rol de responsabilidad y entender que tanto los servidores como nosotros los particulares, debemos abonar al combate de estas prácticas.

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