Es un hecho el riesgo a la salud que representa la situación del agua del río San Pedro, enfatizó el ecologista Gerardo Ortega de León; apuntó que una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes publicada en el mes de abril del 2011, arrojó que la contaminación de esta cuenca representa un daño al principal suministro de agua potable al estado; situación que, dijo, ha sido ignorada por las autoridades competentes.

“Hace un lustro que seis reconocidos investigadores de la UAA, abordaron el tema, y se publicó la Evaluación de Contaminantes en Aguas y Sedimentos del Río San Pedro en el Estado de Aguascalientes; la contaminación del río no sólo constituye un riesgo a la salud pública y a comunidades aledañas, es una fuente potencial de contaminación del valle”, recalcó.

El activista condenó el hecho de que a cinco años de tener plena certeza de los riesgos que se corren por la contaminación del río San Pedro y las consecuencias que implica el que empresas aledañas a la cuenca descarguen en crudo sus aguas negras, entre otros residuos, no se haya hecho nada por detenerlo.

“El año pasado se manejó por parte del delegado de la Profepa que no había riesgo a la salud pública, cuando desde el 2011 salió este estudio; a Conagua se le reclamó porque no sancionaba a Granjas Fátima por descargar al río afectando los sabinos, se limitaron a decir que iba haber un arreglo con la productora para evitar que hicieran descargas directas. Cómo es posible que lo que hagan es negociar con contaminadores y no sancionarlos cuando ya reconocen todas las autoridades federales que el agua superficial que corre por el río San Pedro es de alto riesgo a la salud pública”, cuestionó.

Ortega de León subrayó que actualmente las raíces de los sabinos ya dan cuenta de los daños, y quienes acuden de paseo a las inmediaciones del río corren riesgos de enfermarse, situación que dijo es de pleno conocimiento de Conagua y Profepa, por lo cual ante la omisión de sus titulares, quienes están obligados a atender el problema y velar por el medio ambiente podrían ser acreedores a sanciones, sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

“Esta en peligro la población. La demanda química de oxígeno es 500% más de lo máximo permisible de acuerdo a la norma 127 de la Secretaría de Salud; es un indicador del nivel de contaminación que hay en el río; quiere decir que no es tanto la demanda bacteriológica la que mata a los sabinos sino la alta concentración de químicos que existe en el agua, además de la contaminación microbiológica”, precisó.