Por: Octavio Díaz García de León
 Twitter: @octaviodiazg

¿Cómo se puede medir un fenómeno clandestino como la corrupción en donde los participantes siempre intentan ocultar sus actividades? La nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) requiere que la corrupción sea medida porque es una de las formas de saber si existen avances y logros en el combate a la corrupción. Esta tarea no es fácil y será uno más de los grandes retos que tendrá que enfrentar el SNA.
Transparencia Internacional desarrolló el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) con el cual miden la corrupción en más de 160 países. En México, el capítulo de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana (TM), desarrolló en 2005 el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), “una herramienta analítica que permite en un mismo instrumento medir experiencias y percepciones de los hogares acerca de la corrupción”. Más recientemente, el INEGI incluyó en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) una medición de la corrupción.
Las mediciones llevadas a cabo por estas tres instituciones coinciden en que el problema de la corrupción es grave en México. El IPC de 2015 evaluó a 168 países en donde México ocupó el lugar 95 con una calificación de 35 en una escala donde 0 es lo más corrupto y 100 es ausencia de corrupción. En el caso del INCBG de 2010, indicó que ese año los hogares mexicanos pagaron $32 mil millones de pesos en sobornos por la obtención de 35 servicios. Por su parte, la ENCIG 2015 encontró que el 12.6% de la población objeto de este estudio (4.1 millones) fue víctima de la corrupción dándose 30.1 actos de corrupción por cada 100 habitantes (9.9 millones) para esta misma población estudiada, con un soborno promedio pagado de $2,799 pesos por persona ($6.4 mil millones de pesos).
Existen diversas metodologías para medir la corrupción. De acuerdo con un estudio de Camilo Cetina del Gobierno de Colombia, hay mediciones basadas en: percepción (IPC); medición directa (INCBG y la ENCIG); diferencias de gastos vs. estándares aceptados; y por inferencia estadística. La ONU está desarrollando metodologías para medir la corrupción a través de las agencias nacionales de estadística.
A pesar de los avances que se han logrado, la medición de la corrupción en nuestro país presenta retos muy importantes:
Qué medir. Se requiere acotar el fenómeno que se va a medir. El concepto de corrupción, según la definición de Transparencia Internacional es muy amplio: “la corrupción siempre involucra el abuso del poder confiado a una persona para beneficio personal”. Habría que diferenciar entre los actos de corrupción desde los muy pequeños y cotidianos como el dar un soborno para agilizar un trámite o para evitar pagar una multa, hasta la gran corrupción en obras públicas que involucra el desvío de enormes cantidades de dinero. También habrá que decidir si medir el monto de los sobornos o el costo total de la corrupción.
Cuál método es el más adecuado. Los índices de medición más usados son los que miden la percepción de la corrupción. Es decir, lo que la gente cree o piensa sobre el fenómeno basado en sus experiencias personales. Es muy impreciso. En busca de datos duros, un ejemplo muy interesante fue el de Olken (http://economics.mit.edu/files/2913) quien analizó qué tanto más caro resulta una obra pública de lo que debió haber costado si no hubiera corrupción. INEGI y TM se aproximan más a los datos duros midiendo las experiencias de las personas a través de encuestas.
Inconsistencias. El INCBG estimó que se destinaron 32 mil millones de pesos a pagar sobornos en 35 servicios y 200 millones de actos de corrupción. Si suponemos que el 1% de los servidores públicos (40,000) están involucrados en prestar estos servicios y además son corruptos, a cada uno le tocaría en promedio 800 mil pesos al año recibiendo 13 “mordidas” diarias, aspecto que sería notorio ya que se trata de funcionarios con sueldos bajos y la experiencia no parece confirmar esta observación. Por otra parte, mientras el INEGI estima 9.9 millones actos de corrupción al año en cientos de servicios que da el Gobierno (los agrupa en 22 categorías y encuesta a mayores de 18 años en poblaciones de más de 100,000 habitantes), con $6.4 mil millones de pesos en sobornos, TM estima 200 millones de actos, sólo para 35 servicios y $32 mil millones de pesos en “mordidas”.Sería bueno acordar metodologías para que hubiera resultados comparables entre instituciones.
Estimaciones confusas. Otras estimaciones se refieren al “costo” de la corrupción, lo cual es un concepto más amplio que el monto de los sobornos. Las estimaciones van del 2% al 10% del PIB, lo cual son cifras muy impactantes, pero habría que desmenuzarlas y ver cómo se llegó a esas cifras antes de usarlas. (http://www.forbes.com.mx/corrupcion-cuesta-9-del-pib-a-mexico/)
Medir la corrupción es importante para llamar la atención sobre el fenómeno y como una herramienta para impulsar el combate a la corrupción. El SNA deberá tener indicadores que reflejen el tamaño del problema y que sean consistentes a lo largo del tiempo para medir los avances. El INEGI y el Coneval, aunque no sean parte del SNA, pueden aportar metodologías y experiencia para ello y quizá debería ser el INEGI quien se hiciera responsable ante el SNA de las mediciones de corrupción.
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