Fernando López Gutiérrez
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La presente administración federal ha subrayado constantemente que una de las principales diferencias entre su estrategia de seguridad y la del sexenio pasado, se encuentra en el enfoque de prevención desarrollado desde el inicio de su gestión. En este contexto, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia (PNPV) es el instrumento de política diseñado y utilizado para poner en marcha dicha visión, buscando cumplir con “los principios de integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas” e incorporando a su vez “las perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión social”.
El PNPV se presenta como un programa ambicioso, con una estructura compleja, que busca integrar los esfuerzos de múltiples dependencias y niveles de gobierno para hacer frente al delito desde sus propias causas; sin embargo, en la práctica no muestra un diseño claro, que permita identificar con claridad si las acciones desarrolladas en torno a éste logran los avances deseados. Lejos de operar de forma homogénea, propiciando que los distintos actores se coordinen con la intención de incidir en determinados indicadores, sirve como una instancia de agrupamiento de información sobre la labor que, de manera aislada, realizan las dependencias, federales, estatales y municipales. De esta forma, en el marco del PNPV, se observan tan sólo los efectos agrupados que pueden tener las acciones que realizan las instancias que son consideradas.
Durante el inicio de la presente administración, cuando el tema de la violencia era observado todavía como una responsabilidad ajena —heredada del sexenio anterior— y existían expectativas positivas en torno a la captación de recursos presupuestales, el diseño y la implementación del PNPV no parecían asuntos prioritarios. En estos momentos, en los que resulta imposible evadir el complejo tema de la seguridad y se vive una época de restricciones presupuestarias, es fundamental analizar si realmente la prevención social de la violencia se atiende mediante el PNPV.
Se han evaluado de forma deficiente algunos de los efectos directos de los recortes presupuestales en los objetivos del gobierno, sin que dicha evaluación permita reconocer el impacto que la disminución del presupuesto en áreas vinculadas con el desarrollo social habrá de tener en la prevención social del delito. Esta tarea es una obligación y una responsabilidad fundamental para identificar los retos y las debilidades de la actual estrategia de seguridad. Su omisión no sólo dejaría en claro la falta de interés de nuestras autoridades por enfrentar la inseguridad con una perspectiva de mediano y largo plazos, sino que generaría importantes dudas respecto a la seriedad con la que asumieron el compromiso de lograr un México en paz.

1. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Diario Oficial de la Federación, 30-04-2014.
2. Ídem.