Fernando López Gutiérrez

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El 7 de julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el Programa Frontera Sur, el cual tenía como objetivos “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.”[1] Desde el inicio de dicho programa, diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron sus deficiencias estructurales y se mostraron inconformes en torno a las medidas derivadas de su implementación.

A casi un año del inicio de Frontera Sur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que expresa su preocupación y señala las consecuencias de las acciones emprendidas en el respeto a los derechos de las personas migrantes y sus defensores. Según la información expuesta por la CIDH, de julio de 2014 a la fecha, se han incrementado de manera notable la cantidad de agentes de la Policía Federal con entrenamiento Federal en la frontera, así como el número de puestos de control fronterizo y la realización de redadas. Las detenciones de migrantes aumentaron y los actos de intimidación en contra de éstos y sus defensores han crecido considerablemente.

De acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, el endurecimiento de la vigilancia en la frontera ha llevado a las personas indocumentadas, que viajan desde Centroamérica a Estados Unidos, a buscar rutas de viaje alternas, las cuales presentan mayor riesgo y peligrosidad. Debido al incremento de la vigilancia derivado de la aplicación del Programa Frontera Sur, los viajeros hoy deben conducirse por nuevos trayectos que hacen el camino más largo y costoso.

Lo que se planteó como una estrategia humanitaria, favorable para la seguridad y protección de los migrantes, ha resultado ser un instrumento de control policiaco y agresión hacia seres humanos que migran en busca de oportunidades. Resulta desconcertante que las mismas autoridades que solicitan y promueven un mejor trato para los migrantes mexicanos en la frontera norte, no sean congruentes en aplicar las mismas medidas para los migrantes centroamericanos en la frontera sur.

El anuncio de una estrategia migratoria alineada con el respeto a los derechos humanos en la frontera sur ha sido solamente una estrategia discursiva, por la cual, ante los hechos, las autoridades mexicanas deberían responder. Se requiere voluntad, claridad y firmeza para poner en marcha una política migratoria integral, que atienda las causas estructurales de dicho fenómeno y nos dignifique como nación.

 

[1] http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/pone-en-marcha-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-programa-frontera-sur/