El triunfo que obtuvo el Partido Acción Nacional en el gobierno del estado caló hondo en la dirigencia del Revolucionario Institucional, ya que aún cuando era una posibilidad se consideró remota que ocurriera, por lo mismo sólo se preparó para enfrentar las denuncias que presentaría el blanquiazul.

La misma noche del 5 de junio empezó a reconstruirse la estrategia para impugnar la elección, que valga mencionarlo, no es en contra del conteo de votos ni del resultado, sino de la situación legal en que se encuentra el hoy gobernador electo Martín Orozco, a la intervención del clero y del Ayuntamiento de Aguascalientes.

De las causales que esgrime el PRI la de mayor peso es la supuesta intrusión de funcionarios municipales, que señala, son pruebas irrebatibles que confía sean suficientes para que los tribunales dispongan la anulación de la elección, tal como ocurrió en Colima el año pasado.

En lo que se refiere a la participación de la clerecía hay grabaciones de homilías incitando a no votar por el partido que, presuntamente, apoya la unión entre parejas del mismo sexo, lo mismo que cartas pastorales en que se convocaba a los feligreses a reflexionar sobre el sufragio y sobre ese tipo de relaciones, lo que en términos jurídicos fue una violación a la Constitución General de la República, sin embargo podría no ser lo bastante para invalidar los comicios, en función que no existe un antecedente, como sí lo hay en el caso de los funcionarios públicos. Lo que puede suceder es que se dicte un correctivo a los sacerdotes y queden advertidos que en caso de reincidir habrá sanciones severas.

De la acusación que hay porque Orozco Sandoval tiene un juicio pendiente y por lo mismo no debió ser candidato, la Sala Administrativa y Electoral (SAE) y seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían dictaminar que la imputación carece de fondo.

Es irrefutable que Martín Orozco tiene un proceso penal abierto en su contra desde 2007, por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, por lo que el PRI sostiene que no debió ser candidato y menos gobernador electo, exigiendo que se cancele ese reconocimiento y sea aprehendido para que enfrente a la justicia.

En teoría ese sería el camino a seguir, pero en la práctica ocurre que MOS ha obtenido, tres veces, el amparo de la justicia federal. En 2010 cuando fue por primera vez candidato a la gubernatura, en 2012 para competir por la senaduría y en 2016  nuevamente por el gobierno del estado.

En las tres ocasiones se destacó que mientras que no fuera sentenciado se presumía su inocencia y por lo mismo tenía a salvo sus derechos político-electorales, por lo que no había ningún impedimento para que apareciera en las boletas.

En estas condiciones, se observa difícil que los magistrados tomen en cuenta esa exigencia puesto que existen antecedentes que le han permitido estar presente en las elecciones y en dos de ellas ha triunfado. Mientras que en la de 2012 no hubo aspaviento alguno, en la reciente sí lo hay aún cuando las circunstancias son las mismas, lo que sería un elemento a su favor.

En cambio, lo que sí puede influir para la invalidación es la hipotética injerencia del municipio, que de llegar a acreditarse puede llevar a la revocación, como ha ocurrido en Colima y otras partes del país. Dependerá de lo contundente que sea el expediente y de los elementos que se han reunido, ya que en cuestiones jurídicas se tiene que fundamentar todo lo que se acusa.

POSTURAS DISÍMILES

Bajo la posibilidad de que hubiera una elección extraordinaria surgen las interrogantes ¿Los partidos están preparados para competir? y ¿Qué han hecho en los últimos dos meses? ¿Irán solos o en alianza?

Las respuestas no pueden ser más simples, mientras el PAN sigue en campaña – disfrazada de reuniones de trabajo que encabezan los candidatos electos -, el PRI mantiene una cruzada declarativa sin que penetre entre la militancia, que lo único que hace es escuchar o leer lo que se dice.

La lógica señala que los priístas serían los más interesados en estar motivados ante esa probabilidad, con asambleas de fortalecimiento, de reiterar sobre la importancia de estar unidos para lo que venga, pero después del 5 de junio entró en una displicencia que podría tomarlo por sorpresa en caso de que lograran los fines que se han propuesto.

Además, no hay seguridad de que todos los que formaron la coalición vuelvan a estar bajo un mismo signo, en virtud que a estas alturas cada quien tiene la parte que le correspondió y como siempre ocurre, irán por sus propios intereses así tengan que enfrentarse a sus compañeros de viaje.

Caso contrario se observa en las filas blanquiazules, donde todo mundo se apunta para estar en los acuerdos masivos y en corto con los triunfadores, trátese de diputados, alcaldes y gobernador, actitud que de ninguna manera es por ingeniosidad o deseos de figurar, sino parte de un plan que tiene como objetivo mantener la atención de su membresía.

La ley no prohíbe ese tipo de reuniones y menos cuando se dice que la única finalidad es oír las propuestas de los ciudadanos, lo que ha sido una tradición cada tres o seis años, de manera que todo se circunscribe a configurar los planes de trabajo, lo que no obsta para aprovechar en el aleccionamiento de los correligionarios por lo que pudiera ofrecerse.

A todo el que quiera escucharlos exudan confianza de que no habrá otra elección y enumeran las razones que hay para desechar las imputaciones, pero al mismo tiempo velan armas por aquello de no te entumas y llegado el caso estar listos y plantarse ante cualquier situación.

OCHO AÑOS SON POCOS

El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) tomó fuera de base a todos los que intervienen en su aplicación, reconoció el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Francisco Frausto Ruiz Esparza, trátese de abogados, ministerios públicos, policías y jueces. Esto se entendería si fuera una medida opresiva, o fijada de improviso, pero tuvieron ocho años para prepararse y fue hasta el cuarto para las doce cuando andaban a las carreras, con cursos intensivos y seminarios impartidos por especialistas. Es un programa que se creó en 2008 y el plazo temporal para cumplir con la obligación prevista en la Constitución General de la República fue de ocho años, contados a partir del día que se publicó la reforma, por lo que entró en vigor el 16 de junio de 2016. El dirigente gremial explicó que este nuevo sistema “trata de proteger a las víctimas, busca que los imputados tengan mejores servicios de defensa y que los Ceresos tengan menos reclusos”, pero al mismo tiempo reconoce que sólo la tercera parte de los abogados penalistas se preparó para asumir el NSJP. Culpa a todo mundo de que no se logre los fines propuestos, al citar que “falta más apertura de las universidades, de las autoridades que representan a la Fiscalía, al Poder Judicial, así como a la Secretaría de Gobernación, quien dispuso un presupuesto jugoso para la capacitación, sin embargo no se ha hecho uso de el”. Por ello, abundó, “estamos atrasados, a pesar que nos dieron ocho años, nadie vio venir el tren hasta que ya pasó, y nos falta capacitación actualizada”. Si se mira a la distancia, un abogado que sí esté empapado del Nuevo Sistema de Justicia Penal puede sacar adelante a su defendido aprovechando las lagunas de conocimientos que tengan algunos jueces, ministerios públicos y policías, por lo que si se quiere una justicia pronta y expedita tendrá que corregirse estas fallas y emprender un programa intenso de aprendizaje, de la que sobrevivirán – laboralmente hablando – aquellos que estén al día.