En toda sociedad hay dos tipos de reglas, las normas jurídicas y las normas sociales, las jurídicas incluyen clasificaciones de observancia obligatoria para toda la sociedad, y en las reglas sociales su violación o incumplimiento se castiga únicamente con la exhibición pública.

En estas condiciones, toda actividad político-electoral se rige por los ordenamientos legales y que hoy se aplican en el actual período comicial rumbo al 5 de junio, fijados en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes y vinculados con las constituciones federal y estatal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Como es del conocimiento público, las campañas de gobernador y presidente municipal de la capital comenzaron el pasado 3 de abril y concluyen el 2 de junio, periodo en que los aspirantes podrán desplegar todo lo que la reflexión les alcance, pero en su trayecto se encontrarán una serie de prohibiciones que sin duda conocen candidatas y candidatos y sus equipos de apoyo, al igual que los partidos y los tres niveles de gobierno, pero también debe ser del conocimiento de los ciudadanos en general para que eviten caer en el error y puedan verse envueltos en un problema legal.

El Código Electoral es pródigo en el no, como lo acredita el Capítulo IV que se refiere a las campañas electorales, al ordenar que durante las campañas se suspenda la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y de cualquier otro ente público, exceptuándose las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las de protección civil en caso de emergencia.

Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección determine el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Para este efecto, se tiene como gasto de propaganda los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipo de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. Los gastos operativos de campaña son los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares. Los gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, y cuando se contrate con un medio impreso el partido y candidato contratante deberán identificar con una leyenda de que se trata de propaganda o inserción pagada; los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, son los realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como las demás inherentes al mismo objetivo.

En la propaganda política o electoral no se permitirán las expresiones que calumnien a las personas, de igual manera los partidos y los candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del Artículo 6º Constitucional, respecto a la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.

Las campañas para la elección de gobernador no podrán exceder de 60 días y para diputados de 45 días; de 30 a 60 días en las de ayuntamientos, que en el caso del municipio capitalino será de 60 cuando se verifique simultáneamente la elección de gobernador y de 45 cuando coincida sólo con la de diputados locales. Para los demás municipios será de 30 días los que tengan menos de 40 mil habitantes y de 45 días con 40 mil o más habitantes.

Durante la jornada electoral y tres días anteriores de la misma no se permitirá la celebración ni difusión de reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral.

Al interior y al exterior de las oficinas, edificios y locales por la administración y los poderes públicos no podrán fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, igualmente, no podrá colocarse propaganda en el primer cuadro de las cabeceras municipales

La cereza del pastel se encuentra en el último párrafo del artículo 162: “Está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o persona alguna, la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o un servicio, ya sea por sí o interpósita persona  Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la LGIPE y este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto”.

Por lo anterior, los fabricantes del Código Electoral, al presumir que la entrega de una fotografía, un calendario, una playera, una cachucha, un delantal o cualquier otro artículo que son de utilidad para los ciudadanos puede inducir al voto, lo prohibieron “estrictamente”, con la amenaza de castigar a quien entregue “algún beneficio” sin importar de lo que se trate o de su valor.

Sólo les faltó a los diputados incluir los tacos de lengua y las volutas de humo, que pueden “presumirse” como vías para conseguir el apoyo electoral, aunque sería más efectivo que en el Código insertaran un artículo para castigar a los candidatos ganadores que ya como funcionarios no cumplan sus promesas de campaña.

NUNCA ES TARDE

Primero la ley y los castigos y después a ver qué pasa, fue tal vez la idea que tuvieron los creadores de la reforma educativa, tan es así que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reconoce que los exámenes a los profesores – para determinar sus conocimientos y definir su permanencia en el trabajo -, tiene fallas en el diseño y es excesivo el tiempo que les exigen para responder a la prueba, obligándolos a responderla en un término de hasta ocho horas, además que lo hacen en espacios muy reducidos.

En la entrevista que concedió al periódico Excélsior el responsable de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional del INEE, Jorge Hernández, señaló que la primera evaluación del desempeño docente tuvo lugar en noviembre y diciembre del año pasado, en que el organismo detectó varias irregularidades, principalmente que hay preguntas fuera de contexto y era impropio hacerlo en una sola jornada, que por razón natural hay una fuerte presión y es cansado, de ahí que deba ser en dos días, además que sea en lugares adecuados y no con la apretura que se tuvo en la anterior.

En una de las respuestas que le dio a la reportera Lilian Hernández se sintetiza el punto de vista del funcionario: “Desde la primera vez que lo revisamos (el proceso de evaluación) dejamos señalado un conjunto de aspectos que deben ser corregidos y mejorados para esta próxima emisión (que tendrá lugar a partir de mayo próximo), de tal suerte que están plenamente identificados estos aspectos señalados y se tiene que garantizar que ahora se corrijan y se cumplan”.

Es importante recordar que desde que realizaron las pruebas hubo numerosas quejas por las condiciones en que debieron cumplir esta actividad, con un examen estandarizado y preguntas que no corresponden a los conocimientos adquiridos en la normal y en sus años de trabajo, lo que provocó que más de la mitad tuviera resultado “no apto” y que sólo el 8% alcanzara un nivel relevante.

La mejora educativa que se pretende debe fincarse en acciones que vayan de acuerdo a la realidad, por consiguiente los aspectos que entorpezcan la evaluación tienen que corregirse, ya que en las actuales condiciones deja la sensación de que parte de los docentes no tienen capacidad para estar frente a un grupo.