Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La Terca Memoria.– Hace unos días los diarios dieron cuenta de una extraordinaria operación en el Hospital Hidalgo que salvó la vida de una persona que había sufrido una cuchillada en el corazón. Sin desdoro de lo actual, la terca memoria recuerda que hace más de cincuenta años en la esquina de Nieto y Guerrero, riñeron dos personas y resultó herido en el corazón con una cuchilla Jorge Urenda, que trabajaba en la Zapatería Cervantes. Llevado agonizante a la Clínica Guadalupe fue salvado con una maravillosa operación por el Dr. Leandro Antonio González Carrillo, quien a pecho abierto suturó el corazón que, partido, se había parado y le dio masaje hasta que volvió a latir, reviviendo literalmente al zapatero. Con las carencias y limitaciones de entonces.

El miedo al Amparo desde luego que no se trata de alguna fobia recientemente incorporada a los padecimientos psicológicos, aunque parece razonable que algunas autoridades que contumazmente violan la ley, puedan experimentarla. No se trata tampoco del título de alguna novelita negra como pudiera pensarse con mayor razón del título del tratado de mi insigne maestro Ignacio Burgoa Orihuela “El Juicio de Amparo”. Se trata simplemente de referirme a la pasión (miedo) que parece suscitarle a más de algún desconocedor de este mecanismo constitucional, que es un juicio que opera como un recurso extraordinario para reparar las violaciones constitucionales realizadas por las autoridades dentro o fuera de un juicio.

A propósito de la reforma que aprobó recientemente el H. Congreso del Estado a la ley de agua, con la que se prohíben los cortes por falta de pago, garantizando un mínimo de abasto para el domicilio, leí al menos dos opiniones, ambas muy respetables, de una autoridad y de un particular que también es autoridad, pero en la materia, en las que opinaban que se corría el riesgo (o algo así) de que la afectada (la concecionaria de agua de Aguascalientes), recurriera para defenderse al juicio de amparo. Quién sabe por qué despierta esa inquietud una institución que, por su naturaleza, debe ser digna no solo de respeto, sino de admiración, y considerarla como lo que es, la oportunidad para que los especialistas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los integrantes del Poder Judicial de la Federación, revisen el acto de autoridad reclamado para decidir si se produjo de acuerdo con los parámetros de legalidad, constitucionalidad y, ahora también, convencionalidad.

Tuve la fortuna de ser alumno de dos grandes maestros del constitucionalismo mexicano y del amparo mexicano, el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela y el Dr. Héctor Fix Zamudio, el primero en la licenciatura y el segundo en la división de estudios superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, y tuve el infortunio de que se me pegara muy poco, pero revisando mis apuntes, que aún conservo como el tesoro que son, refresqué algunos conceptos que merece la pena traer a colación porque pudieran ser de utilidad para entender cómo opera el juicio de amparo.

Sería muy instructivo rastrearlo desde sus orígenes hispanos con la Justicia Mayor de Aragón, pasando luego por los Fueros, deteniéndonos en las llamadas Leyes de Indias y, desde luego, en la Real Audiencia del Virreinato de la Nueva España, en la que los oidores, sus integrantes, tenían la representación del Rey para “escuchar” (generalmente por escrito) las impetraciones de justicia y las quejas por el o los abusos de las autoridades regulares. La Real Audiencia tenía la facultad de otorgar el “amparo y protección” para efecto de que se suspendiera el acto cuya ilegalidad se aducía, hasta que fuese revisada y confirmada su procedencia o decretada su ilegalidad y por lo tanto proscrita su aplicación. Podía ser también que el amparo resolviese de plano la ilegalidad del acto amparando al quejoso impidiendo que se le aplicara un dispositivo ilegal. Ambos aspectos del amparo virreinal fueron retomados al crear la figura del amparo en la Constitución de 1857.

Dos grandes jurisconsultos mexicanos, uno yucateco, Manuel Crescencio Rejón, otro jalisciense, Ignacio L. Vallarta, delinearon las características de este llamado recurso extraordinario que opera como un juicio y que, básicamente, opera en dos aspectos como el amparo colonial. Uno, suspendiendo la realización de un acto de autoridad cuya ejecución pudiese resultar de imposible reparación, para revisar sus condiciones de legalidad; otro, resolviendo de plano la ilegalidad de un acto de autoridad dentro o fuera de juicio, para evitar que se cometa una injusticia. El juicio de amparo opera como un tribunal de revisión, lo que en otras partes se conoce como tribunal de casación, que revisa la sentencia definitiva de un órgano jurisdiccional, pero también opera como un tribunal constitucional que revisa las condiciones de constitucionalidad de un acto de autoridad dentro o fuera de juicio, pero que no sea una resolución o sentencia definitiva. En el primer caso, se trata del amparo directo o uniinstancial, cuya resolución ya no es susceptible de revisión, y el otro, es el amparo indirecto o biinstancial, que se ventila ante los jueces de distrito, y cuya resolución eventualmente puede ser revisada por los tribunales de circuito. En todo caso se trata de jueces federales.

Lamentablemente, el desconocimiento y quizás, en alguna ocasión, la actuación sesgada de algún juez federal (sucede en las mejores familias), ha ocasionado que se atribuyan propiedades al juicio de amparo que no las tiene. El amparo no endereza lo torcido de la autoridad, pero sujeta sus actuaciones a la legalidad. El amparo no protege de manera indefinida a los delincuentes, pero asegura que sean tratados y procesados conforme a la legalidad. El amparo no da una patente de corzo a nadie, pero en cambio fuerza a quien lo solicita a producirse conforme con la ley. El amparo no tutela iniquidades ni defiende criminales, defiende ciudadanos que, eventualmente, puedan haber cometido un hecho delictuoso, y fuerza a que la autoridad respete los actos de los ciudadanos cuando se realicen conforme a la ley. Eventualmente castiga a la autoridad que no respete la concesión del amparo.

La decisión del Congreso del Estado de modificar la ley del agua y proscribir los cortes, seguramente será objeto de polémica y eventualmente revisada su legalidad, primero, por el Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y quizás, luego, por los tribunales federales. En ambos casos, bienvenida la revisión. Para eso fueron creadas esas instancias jurisdiccionales. Lejos de preocuparnos, debemos congratularnos de que existan, las instancias que, puedan revisar las decisiones de los congresos, que, por definición, son el órgano soberano.

Una reflexión final. Me parece que las reformas de marras (así dicen lo abogados aunque se oye rete feo) tendrán serios problemas de implementación. En principio, su redacción es desafortunada, y, las dificultades de orden técnico seguramente frenarán su aplicación. Lo primero hará que puedan ser combatidas jurisdiccionalmente, lo segundo, que en la práctica se volverá compleja su operatividad.

De buenas intenciones…

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