El Tribunal Superior Agrario definirá el destino de las instalaciones del Instituto de Educación, la Policía Federal, la Academia de Policía, y la Casa del Maestro Jubilado, tras la apelación a la resolución emitida por el Tribunal Agrario Unitario a favor del Ejido de Ojocaliente, que acredita la legitima propiedad de la extensión en la que se edificaron estos inmuebles. En la demanda se argumentó que la superficie donde se levantaron diversos edificios de instancias gubernamentales y públicas no forma parte de las 289 hectáreas de tierras expropiadas en 1984, ni tampoco fue cedida, o

comprada por la autoridad. Dentro del resolutivo que emitió la magistrada Leticia Díaz de León Torres, se ordena a las autoridades de los gobiernos estatal y federal a cubrir el pago de la superficie de 14 hectáreas a valor comercial, pero rechaza la petición de los 48 ejidatarios para que se les entreguen los predios en breña, bajo argumento de que los inmuebles construidos resultan de utilidad pública. El representante legal de los ejidatarios, David Hernández Vallín detalló que los demandados también recurrieron a la presentación de un recurso de apelación contra el fondo de la sentencia, pero advirtió que los ejidatarios están confiados en que el tribunal superior confirmará que se trata de predios que no fueron expropiados, ni se pagó alguna indemnización por su ocupación.