Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La expresión popularizada hace mas de cincuenta años por aquel simpático personaje José Candelario Tres Patines de la serie radiofónica cubana “La tremenda corte”, que nos sigue divirtiendo luego de mas de 5 décadas, expresión que indicaba la sujeción al dictamen del neurótico juez del pícaro, que día tras día se las ingeniaba para esquilmar al prójimo y así convertirse en cliente asiduo de La Loma, el penal de La Habana. Así: “El ejército…a la reja” titulé hace unos 30 años una columneja que no resistió la censura y se la publicó muy aseadamente como “El caso Tlaxicoyan”. Entonces era impensable cuestionar públicamente la actuación del ejército e impensable también someterlo al juicio de la opinión pública, menos aún la posibilidad de procesar en tribunales del orden civil a integrantes de las fuerzas armadas, y, desde luego solo en una mente febril se hubiera gestado la peregrina idea de que la institución mas digna de confianza en nuestro país, pidiera perdón públicamente por el comportamiento ilegal de algunos de sus miembros.

Tras la inoportuna circulación en redes sociales de un video en que aparecen elementos del Ejército Nacional torturando a una joven mujer, al parecer sospechosa de la comisión de algunos ilícitos, iniciada justamente durante la gira del Presidente de la República a algunos países europeos, entre los que privaba la idea, inoportunamente confirmada por el vídeo, de que en México no se respetaban los derechos humanos y que la tortura era una práctica generalizada y cotidiana. Entre protestas de decir verdad de que se trataba de un caso aislado, el general Secretario de la Defensa Nacional, convocó a elementos castrenses a un acto público en los terrenos de la SEDENA en el que hizo un acto de contrición, ofreció públicas disculpas, y señaló, como no podía ser de otra manera, que se trataba de un acto aislado, cometido por malos elementos que no tendría por que comprometer la conducta impoluta del resto del ejército mexicano.

El historial del ejército mexicano, me parece que ya lo he escrito en otra parte, se distingue diametralmente de la historia de los ejércitos de la mayoría de los países de iberoamérica, por un fenómeno que se presentó, mas o menos a un siglo de la independencia: la revolución. El ejército formado por Don Porfirio Díaz, constituía como seguramente lo era en otros países americanos un grupo privilegiado con una casta de generales que pertenecían a una cierta aristocracia que, al triunfo de la revolución, no la maderista, sino la carrancista, efímera, pero que legó un instrumento que dio sentido y unidad a la patria: la Constitución de 1917, fue sustituida por un puñado de generales “revolucionarios” que propiciaron una conformación mas popular de los mandos. El levantamiento de una parte del ejército contra Madero, los sucesivos asesinatos de Zapata, de Carranza, de Villa, el aplastamiento de la revuelta Cedillista, el apagamiento de la llamarada que encendió la campaña del general Juan Andrew Almazán, la desaparición del sector militar del Partido de la Revolución Mexicana realizado por el presidente General Manuel Ávila Camacho y el inicio de los presidentes civiles, dejaron al ejército mexicano, al margen de las aristocracias, y se convirtió en un sólido baluarte de las instituciones (gobierno).

Las duras pruebas del 68 y del 71 dejaron abollada pero sólida la armadura del ejército, como garante de la paz y el orden, a costa de la muerte de algunos jóvenes de ideas exóticas, poco precio frente a la preservación de la nación mexicana. El combate a la producción y distribución de estupefacientes a partir del gobierno de Adolfo López Mateos, le colocó en una posición compleja y comprometedora. Por una parte realizando tareas que no eran específicas de su naturaleza, por otra, corriendo el riesgo, luego confirmado por las consignaciones de altos mandos, de ser infiltrado y corrompido por los tentáculos de la delincuencia organizada que no distinguen colores ni sabores. La “declaración de guerra” del presidente Felipe Calderón a la delincuencia organizada terminó de colocar al instituto castrense en la situación mas difícil y comprometedora. De entonces a la fecha se calculan en aproximadamente 200,000 las muertes causadas por esta “guerra”. Involucrados en tareas para las que no fue concebido ni preparado, la disciplina y lealtad de los militares mexicanos han mantenido a flote la imagen y buena fama del ejército. Las encuestas sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones mexicanas, le colocan en lo más alto, por encima de la Iglesia Católica y muy por encima de la Suprema Corte. De otras autoridades como los congresos, ni hablar.

Tlaxicoyan, Tlatlaya, Acteal, por citar tres de los mas sonados, son eventos en los que se ha cuestionado la actuación del Ejército y que, con la aplicación, forzada, de la legislación militar, se le había dejado al margen de las instituciones jurisdiccionales civiles. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejaron sin alternativa al gobierno de México. Hubo necesidad de modificar el Código de Justicia Militar para que señalara ¡habráse visto! lo que la Constitución ya decía, que cuando un paisano fuese afectado por una acción militar, los jueces competentes debían ser los civiles, no los militares. Hubo necesidad de que un Tribunal internacional lo dijera, para que se buscase cumplir con la Constitución, no con el ordenamiento militar.

Ahora, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas al Código de Justicia Militar en las que se confiere a la figura de un juez de control militar, la posibilidad en casos graves, de ordenar cateos a domicilios particulares, a las oficinas de autoridades, a las sedes del poder legislativo e incluso a las oficinas de organismos autónomos como la CNDH. Lo que se había ganado se retrocede. Siguiendo la lógica constitucional cuando la investigación de la justicia militar involucre a un paisano, autoridad o simple ciudadano, el conocimiento jurisdiccional debe pasar a la autoridad del fuero civil.

El buen nombre y buena fama del Ejército es un capital invaluable para la preservación del orden, la seguridad, y el funcionamiento de las instituciones. No basta con una disculpa, hay que asumir las consecuencias legales. Y, no merece la pena arriesgarlo con medidas legislativas que lo vuelvan a colocar en entredicho. Esa reforma no debe prosperar.

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