Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

El pasado 16 de abril, el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, pronunció un emotivo discurso con la intención de ofrecer una disculpa pública por los actos de tortura ejercidos por militares sobre una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; mismos que fueron exhibidos en un vídeo publicado en redes sociales. Esta respuesta ante las críticas y la indignación de un gran sector de la sociedad mexicana, constituye un acto de decoro y responsabilidad ejemplar que, no obstante, es insuficiente para despejar las dudas y cuestionamientos que se tienen en torno a las prácticas de tortura que, presuntamente, algunos miembros de las agencias de seguridad en nuestro país implementan de forma sistemática.

El mensaje del general Cienfuegos fue contundente respecto a lo indignante y deplorable que es la tortura, así como a la responsabilidad que tienen las fuerzas armadas de conducirse con apego a la ley y con honor; sin embargo, estuvo enfocado en subrayar que lo mostrado en redes sociales representa un acto aislado y que se han implementado medidas específicas para sancionar a los responsables de este acontecimiento particular. Debido a que el Secretario de la Defensa Nacional rechaza que puedan existir prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, en su discurso no menciona acciones concretas que permitirían prevenir y evitar dicha posibilidad. Ante la negación, pocas posibilidades se observan para que en México se asuma el compromiso pleno de garantizar la legalidad en el ejercicio de la fuerza pública.

Resulta difícil creer que lo acontecido en Ajuchitlán del Progreso fue un hecho aislado y que los militares que lo perpetraron actuaron sin motivación, conocimiento o instrucción por parte de sus superiores, cuando organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y cientos de personas han denunciado abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas. Aunque esta situación pudiera ser contraria a lo que las agencias de seguridad en nuestro país promueven e inculcan a sus integrantes, la recurrencia con que se presenta demanda, por lo menos, la aceptación de una duda razonable respecto a la conducta de muchos de sus integrantes.

La disculpa pública del general Cienfuegos se da ante un video que confirma la existencia de tortura en México, aparecido pocas semanas después de que se hiciera pública la negativa del gobierno para aceptar la solicitud de visita del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Esta situación pone en duda la sinceridad del acto y genera suspicacias respecto a su origen.

Parece ser que en lugar de buscar alternativas que permitan erradicar las prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, las autoridades de nuestro país prefieren esforzarse en ocultar lo evidente, con la finalidad de proteger el prestigio y el reconocimiento del ejército mexicano. En un entorno de violencia como el que vivimos, la confianza se gana y se mantiene con transparencia y responsabilidad. Por respeto a nuestras fuerzas armadas y valoración de lo que representan, es momento de asumir la situación de forma directa y demostrar con acciones que el ejército es capaz, en todos los casos, de trabajar con apego estricto a la ley.