Fernando López Gutiérrez

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Transparencia Internacional presentó hace algunos días su Índice de Percepción de la corrupción para el año 2015. En dicho estudio, México se mantiene en el lugar 95 entre 168 países considerados, siendo el peor ubicado entre los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Lamentablemente, la noticia de que se ha hecho poco en nuestro país para reducir los niveles de corrupción no resulta una sorpresa y la información publicada solamente confirma lo que como ciudadanos observamos y vivimos diariamente. Transparencia Internacional señala que “los países en las últimas posiciones del ranking se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación.” Cada uno de estos factores se identifica en el México de hoy y ha sido motivo de críticas profundas por parte de amplios sectores de nuestra sociedad.

El problema de la corrupción en nuestro país no es exclusivo de algún partido político o de las administraciones que encabezan sus militantes. En los últimos años, hemos sido testigos de casos alarmantes en todos los niveles de gobierno, en los diferentes sectores del desempeño gubernamental y bajo la responsabilidad de funcionarios de las diversas alternativas políticas existentes. Se trata de un asunto complejo, en el que todos, desde nuestras respectivos espacios de convivencia debemos participar; sin embargo, esto no implica que no deba subrayarse la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la materia.

Desde el inicio de sus labores, en el marco de los acuerdos del denominado Pacto por México, la presente administración anunció que el combate a la corrupción sería una prioridad. A más de la mitad del sexenio y después del surgimiento de los graves escándalos que todos conocemos, parece que se busca eludir el tema y tratarlo en la menor medida posible.

Es evidente que el éxito de las reformas estructurales logradas recientemente en los diversos ámbitos del desarrollo del país depende, en gran medida, de un marco institucional y de la actuación gubernamental que prevengan, combatan y sancionen la corrupción. Sin lo anterior, las oportunidades de generar resultados positivos para el desarrollo de nuestro país serán restringidas.

México enfrenta una situación económica compleja, aunada a una notable crisis de confianza de la ciudadanía en las autoridades. Que éstas asuman con responsabilidad los compromisos pendientes en el combate a la corrupción es una tarea que se vuelve cada vez más urgente y su falta de atención se observa, cada vez más, como un acto encaminado a ocultar privilegios y beneficios.