Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

El homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, especializado en el seguimiento de movimientos sociales, ha generado la indignación de nuestra sociedad. Este joven de 31 años, activista constante en contra de las violaciones a la libertad de expresión en el estado de Veracruz, fue cruelmente asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de la Ciudad de México.

Su autoexilio en el Distrito Federal, la denuncia pública y la confesión de su temor a las represalias como consecuencia del ejercicio de su trabajo no fueron suficientes para evitar su muerte. Estos desesperados recursos —alternativas de protección limitadas para proteger la integridad de quienes se dedican a una de las profesiones más riesgosas en nuestro país— han demostrado una vez más no ser suficientes en el México de impunidad en el que vivimos.

De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, en los últimos diez años han sido asesinados más de 80 periodistas y se han reportado como desaparecidos otros 17. Las investigaciones en torno a dichos acontecimientos no han permitido identificar a los responsables y de manera sistemática las autoridades han evadido su responsabilidad como protectores de los derechos de la ciudadanía, sin llevar a cabo acciones específicas, ni informar en torno a las conclusiones derivadas de hechos tan lamentables.

La Procuraduría General del Distrito Federal ha manifestado que trabaja en diversas líneas de investigación para lograr identificar las condiciones del caso y se coordina de manera directa con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Dicha respuesta no es diferentes a las que hemos observado en eventos anteriores y los ciudadanos nos cuestionamos si la cantidad de asesinatos en el Estado de Veracruz ocurridos en los últimos años no es suficiente para que las autoridades federales actúen y ofrezcan soluciones concretas a lo que acontece.

Después de la terrible muerte de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres que aún no han sido identificadas plenamente, nos preguntamos por qué, en la situación que vivimos, la denuncia pública sobre persecuciones y agresiones que el periodista realizó no mereció la protección y atención de las autoridades. México requiere cambios drásticos, medidas claras y el reconocimiento de la responsabilidad de actuación que le corresponde a los diferentes órdenes de gobierno en la materia, ninguna otra justificación será suficiente ante la situación de indignación y temor que hoy nos embarga.