Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Después de un largo proceso en el que, durante las tres administraciones federales más recientes, se diseñaron e implementaron diversos mecanismos para evitar afectar a los televidentes de nuestro país, parece inminente que a partir del primero de enero del próximo año se llevará a cabo de manera definitiva la transición a la televisión digital terrestre. Con esta decisión, los televisores antiguos —cuya operación se realiza mediante la recepción de señales analógicas— dejarán de funcionar, a menos que cuenten con un decodificador que les permita recibir transmisiones digitales.

Apenas hace algunas semanas, las cámaras del Congreso de la Unión discutieron la pertinencia de aplazar la fecha establecida en el decreto de reforma constitucional en telecomunicaciones para suprimir la televisión en su modalidad analógica. Sin embargo, con excepción de un plazo adicional permitido a algunas televisoras pequeñas, finalmente determinaron atender al texto constitucional que establece como límite el 31 de diciembre del presente año.

Si se han tomado las medidas necesarias para no dejar sin señal a los usuarios que hasta hace poco no tenían la posibilidad de acceder a la televisión digital, sobre todo a aquellos en las zonas más alejadas y con mayores carencias de nuestro país, el acatamiento de la fecha mencionada es una buena noticia. La transición implica importantes beneficios para nuestro país al permitir el aprovechamiento más óptimo del espectro radioeléctrico —medio por el cual es posible el otorgamiento de servicios de internet, telefonía, radio y televisión— y el mejoramiento de las señales de radiodifusión, entre las que se considera la propia televisión.

La discusión respecto a la posibilidad real de llevar a cabo el apagón en el límite temporal establecido, surgió de la evaluación de los avances en torno al cumplimiento por parte de las autoridades de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la cual señala que la supresión de señales analógicas deberá realizarse “una vez que se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida”.[1]

Para algunos legisladores no resultaba claro que se hubiera cumplido con dicha norma, más aún cuando, en lugar de los receptores o decodificadores mencionados en la LFTR, la presente administración optó por la distribución de televisores digitales, cuya entrega tiene implicaciones que hacen más complejo el logro de la cobertura establecida. Independientemente de dicho aspecto, la Sedesol reportó que el gobierno actual logró el objetivo de penetración necesario, de tal manera que es posible dar marcha al apagón en el plazo planteado.

Al respecto, aún se mantienen algunas dudas —completamente razonables, ante la larga historia que ha tenido el apagón analógico— que, de cualquier manera, habrán de resolverse en el momento en el que la señal analógica deje de transmitirse y se identifique el número de personas que se han quedado sin acceso a la programación televisiva. Aunque deseamos que sean pocas y que el largo proceso de transición a la televisión digital terrestre termine el 31 de diciembre, el conjunto de aspectos políticos y económicos que se han mezclado en su realización nos permiten pensar que se seguirá hablando del tema por algún tiempo más.

[1]Artículo Décimo Noveno Transitorio. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.