Aunque se trate de ocultar las intenciones, es obvio que atrás de la denuncia que hay en contra del nombramiento del fiscal especial en Delitos Electorales, está el propósito de mantener ocupado al Partido Revolucionario Institucional, en tanto Acción Nacional acelera los preparativos para la elección extraordinaria de los diputados federales en el Distrito 01.

La designación de Guillermo Rafael Escárcega Álvarez tuvo lugar la semana pasada y hasta ahora es cuando protesta la dirigencia panista, con el argumento de que es militante del PRI, lo que, asegura, “incidirá de manera negativa en el principio de imparcialidad y en sus decisiones, pues serán de antemano desconfiables”.

Como remate al escrito que dirige “a la opinión pública”, el presidente del comité estatal albiazul, Paulo Martínez, señala que “los ciudadanos estamos necesitados de instituciones democráticas, plurales y equitativas: la designación del fiscal de Delitos Electorales ha dejado en claro la ausencia de dichos principios, por lo tanto, no se puede hablar de un piso parejo para todos los que aspiren a ser electos por medio de un proceso electoral local”.

Con base en esos dichos debe suponerse que las actuaciones de Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República (PGR) en tiempos del presidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, fueron decisiones de “antemano desconfiables” por el sólo hecho de ser un miembro prominente del PAN, lo que le quitaría todo mérito a su vida profesional y carrera política y cancelaría la distinción de haber sido el primero y único procurador en un gobierno distinto a su militancia.

También sería poner en entredicho el trabajo que desempeñó el priista Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Vicente Fox, y de Reyes Tamez Guerra en la Secretaría de Educación Pública (SEP), que siempre estuvo cerca del SNTE y más tarde se integró al Partido Nueva Alianza.

En el equipo de Felipe Calderón estuvo tres años como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Luis Téllez Kuenzler, del PRI, y en la administración del presidente Enrique Peña Nieto continúa un exfuncionario calderonista: José Antonio Meade Kuribreña, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que entonces y ahora se precia de no pertenecer a partido político alguno, además de la exdirigente nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga, en la Secretaría de Desarrollo Social, y Juan José Guerra Abud (independiente) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrante del Partido Verde Ecologista.

Cada uno de los mencionados ha cumplido la encomienda más allá de su naturaleza política, y que se conozca nunca se puso, ni se ha puesto, en entredicho el trabajo desempeñado por la procedencia de siglas y colores; por consiguiente, sale sobrando alegar que Escárcega Álvarez podría beneficiar al priismo en los asuntos que sean de su competencia. Como se mencionó en otra colaboración, el fiscal electoral local no tiene la última palabra, sino que sus veredictos o sentencias se pueden combatir en los tribunales federales e incluso en la Suprema Corte de Justicia, de manera que adelantar vísperas podría tener como único fin ensuciar desde ahora la elección de 2016.

En Acción Nacional saben que el nombramiento debió haberlo hecho en el Congreso, pero al no lograr el consenso mayoritario dejaron que lo hiciera el fiscal general del estado, Óscar González Mendívil, quien en apego a la ley eligió al licenciado Escárcega, uno de los tres finalistas que tuvieron los diputados. La legislación no señala que deba ponerse a consideración de los políticos quién debe ocupar ese cargo, sino que se hace de manera directa y tomando en cuenta la hoja curricular de cada uno de los aspirantes.

Se observa en la denuncia de Paulo Martínez el propósito de desviar la atención, ya que mientras los priistas están enfocados en analizar y discutir la legalidad de esa medida, ellos trabajan en la organización de la elección del Distrito 01, convocando a los comités de los 10 municipios para que reúnan a sus militantes y estén preparados para la campaña que consideran será antes de que termine este mes o a principios de septiembre.

Por su parte, en el Comité Estatal del PRI siguen esperando que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque el fallo de la Sala Monterrey y ratifique el triunfo de su candidato, Gregorio Zamarripa Delgado; sin embargo, la esperanza los sorprenderá al alba, cuando a estas alturas ya deberían estar ocupados ante la posibilidad de que tenga lugar la nueva elección. Salvo algunos tiros de salva que disparó al día siguiente de conocida la noticia, el CDE se mantiene a la expectativa y ahí siguen también los sectores popular, campesino y obrero, cuyos líderes no han abierto la boca para apoyar a su partido y menos lo hacen las demás agrupaciones.

Hay enfoques distintos de mirar a la distancia; mientras que los panistas hacen conjeturas, acusan y al mismo tiempo ponen en marcha la maquinaria electoral, en la sede de la López Mateos y Cosío únicamente rezongan por el dictamen en su contra, cuando a estas alturas tendrían que estar preparados para lo que venga.

ELOGIAN A HIDALGO EDDY

Seguramente que Usted, amable lector o lectora, tiene presente el trabajo que desempeñó el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy como secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Recibió el nombramiento del entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat el 6 de octubre de 2008 y ratificado el uno de diciembre de 2010 por el nuevo titular del Poder Ejecutivo, José Carlos Lozano de la Torre, puesto al que renunció el 9 de diciembre de 2014. A su favor está haber restituido la tranquilidad en la entidad luego que hasta su llegada, en 2008, ocurrieron una serie de hechos violentos y crímenes de policías, además creó el Mando Único, que se mantiene firme y logró que Aguascalientes fuera estado piloto en Plataforma México.

A los ocho meses de su retiro no se había sabido de él y es ahora en que los servicios informativos de Reforma publicaron el miércoles pasado, que el gobierno de Estados Unidos comunicó a una corte federal tener un testimonio de que el Cártel de Sinaloa buscó sobornar infructuosamente a un general mexicano en Sinaloa por tres millones de dólares al mes, pero finalmente se canceló la propuesta porque ya recibía sobornos un mando militar superior de más alto rango.

En el proceso criminal que se le sigue en una corte federal del Distrito de Columbia a Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, se menciona que trató de corromper a quien por segunda ocasión era comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, ofreciéndose por medio de un (hoy) testigo cooperador en el juicio la cantidad de tres millones de dólares al mes, “pero el general rechazó el soborno y amenazó con arrestar a la siguiente persona que le ofreciera el soborno”, desistiendo cuando supieron que Arturo, hermano de Alfredo Beltrán Leyva, “ya estaba sobornando a un individuo con un rango más alto dentro del Ejército que el general”, al que por cierto se le atribuye que gracias a los trabajos de inteligencia que encabezó, se logró la captura de “El Mochomo”.

En la búsqueda de amedrentar a Hidalgo Eddy, Reforma publicó el 11 de septiembre de 2007, que miembros del crimen organizado depositaron un perro destazado junto a la barda perimetral de la Novena Zona Militar, con amenazas directas al comandante, quien sabía que se la tenían sentenciada por lo que solicitó y obtuvo la jubilación en el Ejército, incorporándose a los pocos meses como responsable de seguridad en Aguascalientes.

La historia se escribe de fragmentos y en este caso no fue Hidalgo Eddy ni alguno de sus allegados quienes dieron a conocer los pormenores de lo ocurrido con los principales capos de entonces, como fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán -al que estuvo a punto de capturar-, Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva, sino un testigo protegido, quien declaró en la corte de Columbia lo que obra en autos y que realza el mérito del exjefe policiaco.