Dieciocho años después la historia se repite, al disputarse las cúpulas el control del Partido Revolucionario Institucional, que es lo único que queda a la vista luego de que volvió a perder la gubernatura, la mayoría de los municipios y que pasó a ser una fuerza inferior en el Congreso del Estado.

Si la cuestión fuera la reorganización del instituto político tendría el apoyo de la mayoría de los militantes, pero la disputa gira en torno a cuál grupo se apropia del comité estatal y cuál sería su conducta en el mando, en función de lo que vendrá dentro de año y medio.

La renovación del CDE es un hecho, sólo falta saber quién sucede a Norma Esparza Herrera en la presidencia. Por una parte está José Carlos Lozano Rivera Río, hijo del gobernador José Carlos Lozano de la Torre y, por otra, se perfilan la actual diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez y Roberto Padilla Márquez, ex presidente del propio comité estatal, y ambos cercanos a la ex candidata a la gubernatura Lorena Martínez Rodríguez, más los que se agreguen.

Hay quienes consideran que la influencia del mandatario se debilitó, una vez que los tribunales ratificaron el triunfo de su sucesor Martín Orozco, sin embargo, las cinco semanas que faltan para que desocupe palacio mayor pueden ser determinantes en que su descendiente se quede en el máximo cargo partidista; para ello tendría que acelerar la publicación de la convocatoria de elección y que antes de concluir noviembre se lleve a cabo.

En la acera de enfrente está Lorena Martínez que, acostumbrada a hablar sin dobleces, declaró el jueves pasado que trabajará por la reestructuración del partido, lo que para muchos de sus seguidores es una actitud valiente, ya que lejos de refugiarse en el sentimiento de la derrota levanta la bandera partidista y se pone al frente de una lucha que será sumamente difícil, por lo que tiene que dar ejemplo de estar convencida de que sólo la unión en torno a las razones y principios que sustenta el PRI, es lo que permitirá volver a tener al tricolor en el primer plano.

Aun cuando dijo que no está segura de buscar un cargo de elección popular, la ex candidata seguirá en esa ruta y, tan es así, que continuará con la Fundación “Mamá Cuca” y la Fundación “Vive Feliz”, que desde hace varios años tiene en operación, y con las que apoya a familias en vulnerabilidad y personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y embarazo.

Aunque no pretende regresar al liderazgo, su influencia puede ser decisiva a la hora del registro de aspirantes al CDE, en el que por razones de estatutos, debe haber un hombre y una mujer en los máximos cargos, de manera que la diputada Aguilera Ramírez estaría encaminada a la presidencia o la secretaría general.

Hasta ahora la atención de todos los que se mueven en el medio político se enfoca a las diputaciones federales y senadurías que estarán en juego durante 2018, pero en el mismo año habrá elecciones locales para diputados locales, en virtud de que los legisladores electos en junio pasado durarán en el encargo sólo dos años. La reforma al artículo tercero transitorio del Artículo 24 de la Constitución Política Local, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de julio de 2014, establece que “los diputados que resulten elegidos en la elección constitucional del año 2016, iniciarán sus funciones el 15 de septiembre del mismo año, y concluirán su periodo constitucional el 14 de septiembre del año 2018, los cuales tendrán derecho a la reelección consecutiva por un periodo más. La Legislatura electa en el año 2018 iniciará sus funciones el 15 de septiembre del mismo año”.

En estas condiciones, el abanico del año 18 será más amplio ya que no sólo estarán las legislaciones federales sino también las locales, por lo que -desde ahora- demasiados miran al Comité Estatal como un paso obligado para llegar a una de las cámaras, situación que seguramente hará que la disputa sea mayor, y es aquí en donde debe actuar la prudencia en todos para evitar que el pastel se convierta en migajas.

URGE REFORMA PENAL

Por la premura para sacar adelante la nueva ley penal, o por descuido, los legisladores no tomaron en cuenta la flexibilidad que hoy se tiene para que los delincuentes del fuero común puedan obtener su libertad con sólo restituir lo robado o que paguen los daños ocasionados, siempre que no haya habido violencia.

La idea de avalar lo anterior fue para terminar con el hacinamiento en las cárceles, lo que en principio fue aceptado por los ciudadanos, ya que se considera que no hay razón para tener en prisión a ese tipo de individuos que le cuestan mucho al erario.

El problema gravita en que se permite a dichas personas que dejen la prisión con mayor facilidad, al ser más que suficiente que reparen el daño, lo que se vuelve un círculo vicioso, ya que salen para volver a delinquir, situación confusa para los mismos policías, que más se tardan en aprehenderlos que verlos en la calle.

Lo que se pide es que en la legislación se incluya un castigo severo para los reincidentes, porque muchos de los que son detenidos son menores de edad que en la cárcel reciben mayores conocimientos para quebrantar la ley y la forma de burlar a las autoridades.

A largo plazo es un costo muy alto el que pagará la sociedad, ya que los niños o jóvenes que están en ese camino pasarán luego a otro nivel delincuencial, con todo lo que esto representa. Saben que mientras no utilicen la violencia pueden solicitar su libertad con subsanar el daño, pero luego no se conformarán con pequeños botines sino que irán por algo mayor que los convertirá en verdaderos criminales.

Lo que proponen analistas es que además de una pena superior se les someta a terapia y sean obligados al trabajo social, colocándoles sistemas de monitoreo electrónico a los reincidentes, con lo que estarán siempre vigilados y que, de alguna manera, se convierta en una medida disuasiva.

En Aguascalientes hay quienes tienen un largo historial y sin visos de que cambien, lo que ahora se hace más difícil de lograr, a partir de que tienen facilidades para quedar libres, cuando lo que espera la sociedad es que se le proteja, y la única vía para hacerlo es evitar que ese tipo de personas deambulen a la caza de transeúntes o de casas y negocios, que en los últimos meses han sido muy perjudicados.

Es importante recordar que el 51% de los aguascalentenses señalaron en septiembre pasado que perciben mayor inseguridad, principalmente en la calle, en parques recreativos, mercados, transporte público, bancos, cajeros automáticos y carreteras, a lo que cabría agregar las viviendas, casas comerciales y empresas.

Este tipo de delincuencia, más conocida como del “fuero común”, resulta una carga social al ser la que se roba la batería del vehículo, los tanques de gas, las bicicletas o motocicletas, que se lleva los automóviles para desmantelarlos, y que por las reformas a la ley penal puede obtener su libertad con pagar el daño causado.

EL ESCOGIDO

Como parte del rito que tiene lugar, previo a la elección del rector, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se barajan varios nombres, luego los que se inscribieron hacen campaña y finalmente se invita a la comunidad académica y estudiantil a que vote, sin embargo, quien obtiene el primer lugar no significa que ya es el ganador, porque la última palabra la tiene la junta de gobierno. Ya lo dijo el primer rector Humberto Martínez de León: el próximo deberá salir del equipo de trabajo del actual titular Mario Andrade Cervantes, al considerar que es la persona más preparada para sucederlo. “Un colaborador de primera línea del rector es el que ha estado en todas las reuniones de los consejos universitarios, en las reuniones donde se maneja el plan de desarrollo de la Universidad, esto es cosa esencial, por lo que el próximo rector tiene que salir de ahí”, declaró el 2 de febrero del presente año. Adivina, adivinador, quién cubre ese perfil.