De manera reiterada algunos diputados de oposición han manifestado su desacuerdo con que se mantenga en secreto el manejo financiero del propio Congreso del Estado, lo que no obsta para que sea uno de los órganos que más transparencia exige a los demás.

Juzgar a terceras personas es una de las principales actividades de los legisladores, al suponer que esto les da un nivel superior, pero mientras no clarifiquen en qué gastan el dinero que reciben para su manejo interno carecen de moral para ser censores.

Del Congreso salen los dardos hacia los otros poderes (Ejecutivo y Judicial) y en contra de los presidentes municipales, funcionarios de organismos públicos descentralizados e incluso de agrupaciones civiles y servicios, como el transporte urbano, taxis y “combis”. Desde su punto de vista en todas partes hay situaciones negativas que sólo diputados y diputadas pueden resolver o dictar lo que tiene que hacerse y en caso de no cumplirlo recibirán una reprimenda a través de los órganos masivos de comunicación.

De los Tres Poderes del Estado es el único que no rinde cuentas a nadie, ya que los otros dos deben hacerlo ante el propio Legislativo, que se maneja con plena libertad para decidir su estructura y con ausencia de una fiscalización externa, lo que le permite reservar informes que para los otros son obligatorios.

De la fracción del Partido Acción Nacional varios de sus integrantes han señalado las anomalías que existen, que no pasa de ser un desahogo o que en ocasiones son producto que no les cumplieron una petición, por lo que al igual que los otros grupos parlamentarios, en materia de claridad nadan “de a muertito”, a sabiendas que no hay ley que les obligue a ser nítidos en sus actos.

Los diputados prometieron al comienzo de esta Legislatura que iban a ser un ejemplo a seguir, principalmente en el manejo de los recursos a su disposición, que harían una transformación para transparentar los presupuestos y lo único que hicieron fue imitar a las anteriores al comprar automóviles para cada uno, que recibieron a precio de agencia y a pagar con descuentos de su dieta (salario).

También se comprometieron que serían firmes defensores de los derechos de los trabajadores, pero fue una promesa que no incluyó a los que están a su servicio en el Congreso, a quienes les aplicaron nuevas medidas que impiden mejorar su ingreso para que a la hora del retiro puedan elevar su pensión, que es la más baja del sector burocrático ya que sólo reciben el 60% de su último salario base, por lo que hay quienes no rebasan los tres mil pesos mensuales.

Contrario a lo anterior ya se preparan para embolsarse una compensación por conclusión de encomienda, que será el 14 de noviembre, ya que después de tres años deben tener un premio por el esfuerzo que realizaron, de lo cual se desconoce el monto a repartir.

Antes de irse podrían lavarse la cara con presentar y aprobar una iniciativa de reforma al régimen interno del Congreso, para que en lo sucesivo las legislaturas abran sus libros contables y el pueblo conozca en qué gastan cada peso que reciben de los impuestos que pagan todos los aguascalentenses.

POR LO MÁS DELGADO

Que lo haga una empresa particular es porque no le queda otra opción, pero que el Ayuntamiento de Aguascalientes anuncie otro recorte de personal es ir a los extremos ya que los trabajadores son los menos culpables de los supuestos problemas económicos que resiente la autoridad.

Al echarlos a la calle se agudiza la situación de un número elevado de jefes de familia, ya que bajo el criterio que está bajo contrato no tienen derecho ni a que les den las gracias, por lo que a partir del viernes próximo pasan a las filas del desempleo.

Desde un principio esta administración se ha significado por ser proclive a “limpiar” la nómina, misma que en los tres años no ha decrecido puesto que pasadas las semanas de los despidos se le da entrada a otros que con o sin conocimientos para ocupar los lugares tienen a su favor la filiación política, que es una especie de abre puertas.

El presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo declaró el pasado 20 de junio que “no se va a trastocar los servicios públicos, ni la seguridad pública, sería recorte de personal, tenemos que hacer ajustes en algunas áreas en donde veamos que hay tres, cuatro, cinco personas. Veremos primero con los secretarios, cuáles son realmente las áreas que tenemos que adelgazar la nómina, y las que tenemos que recortar. Trataremos de no afectar ningún programa, pero en caso de que así sea, tenemos que hacer los ajustes correspondientes”.

Al igual que ha ocurrido en cada reducción, no se toca a los funcionarios – jefes de departamento hacia arriba -, ya que a juicio del alcalde es personal eficiente, por lo que tampoco ha sufrido una disminución de sus percepciones, inclusive consideró que la presidenta municipal electa podrá definir su continuidad o suplirlos, ya que son de confianza, aunque deslizó que “en caso de que no se ajuste con los recortes (de personal), entonces una segunda medida por supuesto es bajar sueldo desde el presidente municipal, secretario, directores, jefes de departamento, eso sería en un segundo tiempo”, algo que hasta la fecha no ha ocurrido.

De las dependencias en donde podría haber “demasiados” empleados y que son candidatos a quedar fuera, no se sabe si son sindicalizados, aunque en este caso la organización gremial ha sido omisa en la defensa de sus representados, por lo que no tienen otra salida que aceptar el finiquito o recurrir a los tribunales, porque si esperan que el SUTEMA les ayude se van a cansar de buscar al secretario general.

Es un escenario que empuja a la reflexión, en virtud que el sector privado acorta la plantilla sólo cuando descienden las ventas y lo hace después de haber esperado un tiempo para que mejoren, en cambio el gobierno municipal lo ha hecho sin mayor dilación y más ahora con los recortes que impone la Secretaría de Hacienda, aunque en lugar de eliminar nombres podría hacerlo con programas no prioritarios o un reajuste a los ingresos de los funcionarios.

La fórmula que utiliza es la más sencilla y que por obvias razones no genera ningún impacto político, por lo que puede deshacerse de cientos de empleados, que a estas alturas deben vivir días estresantes.

RIGIDEZ ANUNCIADA

Primero la disminución de los ingresos petroleros y ahora el famoso Brexit, pero la cuestión es que siguen los recortes presupuestales que indiscutiblemente afectará a todo el país, lo que obliga a la Secretaría de Hacienda a buscar hasta por debajo de las piedras a los contribuyentes para arrancarles algo de dinero.

El presidente del Colegio de Contadores, Antonio Rodríguez Silva, se adelantó a los hechos, al anunciar el 12 de junio que las autoridades hacendarias se preparaban para aumentar la recaudación con base en un mayor número de revisiones a los contribuyentes.

A partir del mes de julio, dijo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se propone incrementar las auditorías a las empresas para de esta manera recabar la mayor cantidad de impuestos posible, y con estos recursos hacer frente al gasto programado del gobierno federal, lo que exige que los contribuyentes estén al día con sus declaraciones y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, lo que les evitará pagar multas por alguna omisión en la contabilidad.