Salvador Rodríguez López

Los programas preventivos y de vigilancia que por ley obliga a las corporaciones policíacas se han ampliado en los centros urbanos y rurales y las carreteras, caminos alimentadores y brechas, derivando en el prendimiento de cuanto mortal se encuentran en el recorrido para someterlo a un interrogatorio y a una revisión a su persona, de sus pertenencias y si viaja en vehículo se indaga qué lleva en él, si tiene los documentos en regla, de dónde viene y hacia dónde va, etc.
Son escenas que parecen sacadas de una película de guerra, en donde todos los viandantes son sospechosos hasta que demuestren lo contrario, lo que para algunos son necesarias a raíz de los sucesos que han tenido lugar últimamente al sur del estado –entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, Jalisco -, no obstante son contrarias al derecho que tienen los habitantes de circular por cualquier parte del país sin necesidad de salvoconducto, anuencia o certificado de buena conducta.
Para las autoridades les resulta más fácil detener a cualquier persona y con un poco de suerte encontrar alguna anomalía, a investigar y en su caso aprehender a los delincuentes, por lo que vía terrestre y aérea se ha incrementado el control de los ciudadanos en las últimas semanas.
A la par que se vive esta situación hay declaraciones, paneles, simposios y todo aquello que sirva para exigir respeto a los derechos humanos, palabras y propuestas que por lo general sirven para ocho cosas, porque en los hechos quienes no se ciñen a ellos tienen una coartada a la mano, como ocurre ahora, que saben de las molestias que causan y están concientes que hay una transgresión a la ley, sin embargo aducen que las tácticas son indispensable para “blindar” al estado.
En aras de darle mayor fuerza a su actitud enumeran los beneficios que tiene la sociedad, al detectar en los operativos a tal o cual maleante o alguna cantidad de droga, un vehículo irregular y otras anomalías, pero sin mencionar que a pesar de sus “buenas intenciones” se quebranta la norma constitucional, que mientras no sea modificada y hecha a la medida de sus intereses tiene que ser respetada.
Algo similar ocurre en la ciudad de Aguascalientes con los policías municipales y estatales, que periódicamente presentan el “parte” a la sociedad, en que incluyen a los que pusieron a disposición del juez calificador o del agente del ministerio público, que si después quedan libres por falta de pruebas ese ya no es su problema, para ellos lo importante es el número de capturas que es la única forma de demostrar eficiencia.
Si durante el día les parece raro que vayan dos o más personas en un automóvil o camioneta, por la noche es motivo de detención, pretextando que consideraron sospechosa su actitud o que al ver la patrulla hubo nerviosismo, como si fueran psicólogos o trajeran rayos infrarrojos. Las órdenes superiores es similar a la que se emitía en la Revolución: “dispara y después viriguas”, así que detienen para investigar y no al contrario.
La inseguridad no se combate con retenes ni con arrestos ilegales sino con programas que permitan ir un paso adelante a la perturbación social, principalmente el uso de organismos de inteligencia y de tecnología de punta. Lo que se hace hoy son prácticas que fueron comunes hace 50 años o más, pero que no caben en la era cibernética.
Es el juego del gato y el ratón, dado que pueden “sellar” todas las entradas a la ciudad o al estado para que evitar el “efecto cucaracha”, pero los grupos delincuenciales que se disputan el corredor Lagos-Encarnación tienen más de diez años operando, como lo reconocieron las autoridades de Jalisco, de manera que actualmente no vienen huyendo sino que tienen bastante tiempo de estar aquí y el mejor ejemplo son las ejecuciones que periódicamente se registran, sólo que al ser uno o dos los fallecidos y haber un lapso de tres o cuatro semanas entre un hecho y otro, es menos notorio que las recurrentes balaceras y muertos en tierras jaliscienses.

VÍA CORTA

Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aplazó este año el inicio de la construcción del tramo ferroviario que unirá directamente las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes, debido al recorte que se aplicó en el gasto federal, el titular de la propia dependencia Gerardo Ruiz Esparza, no se hace a la idea, al comentar que se busca la participación privada para llevarla a cabo.
“Estamos tratando de encontrar Asociaciones Públicas Privadas (APP) para sacar adelante proyectos, por ejemplo, tenemos el acortamiento ferroviario entre Aguascalientes y Guadalajara que es una vía de ferrocarril importantísima para exportaciones, o el libramiento de Celaya, o el túnel de Manzanillo en el que a pesar de que no habrá recurso financiero presupuestal como pensábamos que lo habría”, afirmó el pasado 18 de febrero.
El año pasado se habló que el sector privado podría participar con 590 millones de pesos en el arranque de la obra, y la Federación lo haría en el curso de 2016 a 2019, con una inversión global de 12 mil 154 millones de pesos, para la creación de la vía férrea entre Encarnación de Díaz y la localidad de San José del Castillo y Guadalajara, uniendo esta última localidad con Aguascalientes, que significa un trayecto de 190 kilómetros. De esta forma se reducirá la distancia entre los puertos de Manzanillo y Altamira uniendo el Pacífico con el Golfo de México. El propósito de la SCT es que ante las nuevas circunstancias los particulares participen con una mayor inversión, por lo que hará el replanteamiento.
Por otra parte, a raíz del recorte preventivo al Presupuesto Federal 2016 por 132 mil 300 millones de pesos, Ruiz Esparza dijo en la reunión que sostuvo con diputados federales en la ciudad de México, que esto impacta en la construcción de al menos 20 carreteras y al despido de mil 400 funcionarios y trabajadores, algunos son de honorarios o plazas que no están ocupadas y otros son empleados “con los que tendremos que hablar para que puedan tener una salida lo más decorosa posible y tendremos que tomar estas determinaciones en los próximos días”.

ATROPELLO OFICIAL

La cancelación de concesiones de taxis por el presunto delito que cometió el chofer es un abuso de poder, a partir que el concesionario no fue el que incurrió en la falta, por lo que sólo cabe que se castigue al infractor. Concretar la amenaza que hicieron las autoridades, es llevar a los extremos el castigo y que se aplique a quien no se le da el derecho de presentar argumentos a su favor. Por alguna razón, los funcionarios que han tenido a su cargo el transporte público sienten una inclinación enfermiza en contra de los taxistas, a quienes tienen bajo un marcaje permanente y lo cual imitan los agentes de tránsito. En esta ocasión la dependencia señaló que se inició el procedimiento de cancelación de dos títulos de concesión, cuyos operadores estuvieron involucrados en los últimos días en un crimen y en el traslado de droga. Aunque se compruebe la participación directa de los choferes, los dueños de las unidades no estaban en ellas, por lo que no puede responsabilizarse de un hecho al que son ajenos. Hasta ahora no ha habido una sola concesión inhabilitada de urbaneros o de combi que estuvieron implicados en un ilícito, ni siquiera una amenaza, lo que demuestra la parcialidad en la actitud oficial.