El INE determinó que no hubo rebase de tope de gastos de campaña del gobernador electo Martín Orozco Sandoval, al desechar las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión de Fiscalización, cuyo argumento es utilizado en el recurso de nulidad de la elección ante los tribunales electorales.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronunció en el mismo sentido con el voto de la mayoría de sus integrantes al desestimar la queja interpuesta por el PRI, por la entrega de despensas por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, pinta de bardas con publicidad gubernamental a favor del otrora candidato, así como la grabación de un spot en las instalaciones del C5 del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Las pruebas aportadas por el promovente fueron desechadas, en virtud que no resultan concluyentes para la comprobación del supuesto rebase con un gasto de 19.8 millones de pesos, respecto al tope fijado en 16.3 millones de pesos, además de advertirse que el peritaje presentado por el corredor público Alfredo Trujillo Betanzos, presentó diversas inconsistencias.

Se descalificó su injerencia y se solicitó al Partido Revolucionario Institucional que informe el gasto destinado a los honorarios del perito que efectuó el procedimiento, y notificó a la Secretaría de Economía para que evalúe si extralimitó sus funciones legales.

En la querella por la presunta aportación de recursos públicos a favor del ex candidato panista, se indicó que la distribución de despensas por parte del Gobierno Municipal de Aguascalientes forma parte de un programa permanente con reglas de operación establecidas, del que no se demostró vinculación para beneficio del demandado.

Tampoco se encontró que el Gobierno del Estado de Guanajuato realizara aportaciones para la realización del spot, o se utilizarán recursos del Ayuntamiento capitalino para la pinta de propaganda del candidato panista.

En el marco de la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el proyecto de resolución respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, en los que tampoco se encontraron faltas graves que implicaran el rebase de tope de gastos de campaña.