Jesús Orozco Castellanos

Un grupo de organizaciones y personalidades de la sociedad civil presentó una iniciativa que ha sido conocida como la Tres de Tres. Se trata de que los servidores públicos hagan públicas sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés. Esto es en el marco de la iniciativa de Ley Nacional Anticorrupción que ha sido enviada al Senado de la República. Pero resulta que está atorada y la razón es algo que pertenece al mundo de Kafka. Varios senadores se niegan a suscribirla… ¡porque tienen dos o más familias! Al cruzar la declaración patrimonial con la fiscal, la esposa se daría cuenta de los bienes que están a nombre de la o las concubinas que tienen algunos senadores. En el fondo, pienso yo, lo que temen es que se sepa la cantidad de riqueza que han acumulado a lo largo de los años en los distintos puestos que han desempeñado. Imagínese usted, si como se dice, Miguel Ángel Yunes Linares tiene propiedades por 400 millones de dólares, no hay forma de poder explicarlo tomando solamente en cuenta los emolumentos que ha recibido como servidor público. Los empresarios mexicanos, en su inmensa mayoría, han trabajado durante toda su vida y muy difícilmente habrán podido reunir fortunas del 10% de esa cantidad, es decir, de 40 millones de dólares. Estamos hablando de unos 600 millones de pesos, suma por demás considerable.

Igual ocurre con los Murat de Oaxaca, con los Padrés de Sonora o los Medina de Nuevo León. Estamos hablando de familias de distintos partidos políticos. Tampoco se escapa el PRD: Marcelo Ebrard no se atreve a poner un pie en México. Se le acusa de un desvío de miles de millones de pesos en la construcción de la línea 12 del Metro, que además resultó defectuosa y la reparación costó otro tanto de lo que se gastó en construirla. Vaya, ni López Obrador está al margen de esto. La información sobre los segundos pisos en el Periférico de la Ciudad de México fue clasificada para impedir que sea conocida. Tendrán que pasar varias décadas para que se pueda difundir. Y vaya usted a saber la información que está contenida en los famosos “Papeles de Panamá”. Por lo pronto, a Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los constructores de obra pública preferidos de la actual administración federal, se le encontró una “pequeña cuenta” de “100 millones de dólares” en bancos de Panamá y Holanda. Tiene varias cuentas adicionales. Es dinero en efectivo. Ciertamente no es un delito acumular riqueza, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes. Lo que llama la atención es que alguien pueda tener cuentas en efectivo por esas cantidades. Los grandes empresarios como Carlos Slim (Grupo CARSO que incluye TELMEX) o Germán Larrea (Grupo Minera México), según han comentado distintos especialistas en temas económicos, tienen grandes fortunas en acciones o en propiedades, pero difícilmente disponen de cantidades millonarias en efectivo y en dólares.

Ahora bien, hasta el cansancio hemos comentado que en México la investigación sobre fortunas ilícitas generalmente se archiva porque hay un manto generalizado de impunidad. Tenemos una “justicia de compadres”, afirma el articulista Ciro Gómez Leyva. Peor aún, en muchos casos se aplica todo el peso de la ley…pero a los pobres. Acaba de ocurrir un caso verdaderamente lamentable que clama al cielo. Un muchacho con discapacidad hurtó dos manzanas y un refresco, todo con valor de 21 pesos, en una tienda Soriana. Fue llevado a la bodega de la tienda y allí lo golpearon para que hiciera una declaración en el sentido de que se trataba de un robo agravado. Fue puesto a disposición de las autoridades y pasó 24 días en la cárcel. Gracias a la presión social obtuvo su libertad. Los ejecutivos de Soriana intentaron justificarse diciendo que la discapacidad no era visible. Con o sin discapacidad, se trató de una falta menor que sólo ameritaba alguna multa. Ya se han presentado varios casos del mismo tipo en Soriana. Por eso la pregunta: ¿En México sólo se aplica la ley en contra de los pobres?

Pareciera que los altos funcionarios difícilmente se enteran de casos como el que comentamos en el párrafo anterior. Al menos el titular de la PROFECO debería estar enterado para intentar alguna solución permanente que ponga fin a los abusos. La indignación social se nutre de los pequeños casos de la vida cotidiana que suelen afectar a los más desvalidos. El Presidente Peña Nieto habla de un ambiente en el que prevalece un “mal humor social”. Lo atribuye él a lo que se publica en algunas columnas periodísticas que él recoge “por aquí o por allá”. La verdad es que ese mal humor social proviene de la realidad, de lo que sucede en la vida cotidiana. Los medios periodísticos sólo reflejan esa indignación. ¿Qué tendrían que hacer para inventarla? Los  articulistas hacen su trabajo. Están en lo suyo. Me parece absurdo culparlos.

El malestar se produce también por la incompetencia de los gobiernos de todos los niveles para resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía. En el caso del gobierno federal, ese malestar se ve reflejado en las encuestas de investigación que realizan periódicamente algunas empresas. Recientemente el diario “Reforma” publicó un sondeo que muestra un acelerado descenso de la aprobación al gobierno del Presidente Peña Nieto. En sólo tres meses la aprobación bajó del 37% al 30%, una de las cifras más bajas de los últimos años. Lo que más preocupa a la gente es el tema de la inseguridad y la mala situación económica, algo que es innegable.

A principios de este año se llevó a cabo una investigación para saber cuáles empresas encuestadoras habían tenido el mayor número de aciertos durante los procesos electorales de los últimos diez años. Las mejores fueron el grupo “Reforma” y la empresa de Ana Cristina Covarrubias. Hará unos 18 años conocí a los responsables de los sondeos de “Reforma”. Eran Rafael Giménez y Alejandro Moreno. Giménez ya no está pero Alejandro Moreno sigue siendo el responsable. Por ésta y otras razones sigo pensando que “Reforma” se mantiene en la primera línea en el ámbito de las encuestas. Por cierto y hasta donde yo sé, “Reforma” no ha publicado alguna encuesta sobre las elecciones en Aguascalientes.  Sobre otras entidades sí ha publicado. Habrá que estar atentos. El miércoles primero de junio se vence el plazo para cualquier tipo de actividad electoral, incluyendo la difusión de encuestas.

Los señores senadores están obligados a presentar sus declaraciones. Si no están dispuestos a hacerlo, que se dediquen a otra cosa, como lo han señalado varios comentaristas de la prensa nacional. La iniciativa ciudadana de la Tres de Tres había sido vista como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, un pequeño paso si se quiere, pero al fin algo concreto, más allá de los discursos y declaraciones de los políticos que quieren cambiar la situación del país a base de palabras. Esto nunca ha sucedido ni es posible que ocurra algún día. La realidad es terca y sólo se modifica con hechos. Que los servidores públicos se vean sometidos al oprobio público es una pesadilla que no están dispuestos a soñar, sobre todo si tienen hijos que cursan la educación básica. Los compañeros de colegio suelen ser terriblemente crueles. Imaginemos que a un niño le digan en el salón de clase: “ya supimos que tu papá es un ladrón, vergüenza debiera darte”. Nada peor que pasar por eso.