Jesús Orozco Castellanos

 

Hace unos días se incrementó el precio del transporte público en Aguascalientes. Para los camiones urbanos, la tarifa pasó de seis pesos a siete pesos con 50 centavos. Tal vez si consideramos la inflación acumulada en los últimos seis años, el aumento estaría en el rango de la lógica aritmética. Pero para las personas de escasos recursos se trata de un desembolso muy considerable. Pensemos en alguien que vive en el oriente de la ciudad y que trabaja en la Nissan. Tiene que tomar dos camiones, de manera que son 15 pesos de ida y otro tanto de vuelta. Son casi 200 pesos por semana y 800 al mes. Habría que ver qué porcentaje de los ingresos mensuales representa para esa persona, lo más probable es que se trate de algo muy importante.

Independientemente del factor económico, la promesa de los socios de ATUSA de mejorar el servicio a cambio del incremento de la tarifa, es algo que difícilmente se va a cumplir. De hecho amenazaron al gobierno con dejar de cumplir con el enorme catálogo de promesas a las que se habrían obligado para mejorar el servicio, porque no les autorizaron los nueve pesos con 50 centavos que habían pedido como tarifa, esa tonada la hemos escuchado durante décadas. El único gobernador que ha realizado un cambio de fondo en el servicio fue el Ing. Miguel Ángel Barberena. Logró la unidad de todos los transportistas y la ampliación y redefinición de las rutas. En los años 60, las rutas tradicionales eran la de los azules (Madero), los rojos (Apostolado), los Verdes (Petróleos) y los amarillos (Circunvalación). Después vinieron los “brujos” de Jesús María. El servicio de las cuatro primeras no rebasaba el primer anillo de Circunvalación. Con el Ing. Barberena se fundó ATUSA y el servicio se extendió a toda la ciudad. Hoy en día rebasa incluso el tercer anillo de circunvalación. Sin embargo, el incremento en la cantidad no se tradujo en una mejoría de la calidad. El servicio es malo: no se respetan los horarios, hay sobrecupo en las unidades, al final de la jornada corren a muy altas velocidades, el trato a los pasajeros, con excepciones, deja mucho qué desear.

El problema de fondo sigue siendo que los choferes, para ganar un poco más, trabajan doble turno. El gobierno dice que los choferes ganan 279 pesos diarios y que cuentan con aguinaldo y vacaciones. Estamos hablando de unos ocho mil pesos mensuales. Me parece muy poco: cuatro mil pesos por turno. Ciertamente descansan al término de cada trayecto pero finalmente es un exceso inadmisible en la carga de trabajo. El servicio se inicia a las seis de la mañana y termina a las diez de la noche, tienen que hacer la entrega y estarán llegando a su casa después de las once de la noche. No tienen tiempo de convivir con su familia. Si tienen hijos, seguramente ya estarán dormidos cuando los señores lleguen a su casa. Y seguirán en la cama si tienen que abandonar el hogar a las cinco y media de la mañana. En esas condiciones, a nadie le debería extrañar que los choferes estén de mal humor y que traten al pasaje sin la menor cortesía, aunque hay casos verdaderamente excepcionales.

En la ciudad de León (Guanajuato) hay un servicio de autobuses de primera clase sobre la avenida López Mateos. Le llaman Optibús y tomaron el modelo de la ciudad de Curitiba en Brasil. Se trata de dos unidades pegadas en forma de “gusano”. Las paradas tienen estaciones como del Metro y existen conexiones transversales que se pueden recorrer con el mismo boleto. Cuando trabajé en el gobierno del estado propuse que se llevara a cabo un programa piloto tomando como ejemplo el caso de León. La idea era que se ofreciera un servicio de alta calidad: autobuses limpios, un turno de ocho horas para cada chofer, atención esmerada. Se pretendía que el programa inicial fuera asumido por el gobierno del estado y que los socios de ATUSA, en la medida en que vieran las bondades del modelo, lo fueran adoptando. La propuesta no fructificó, había (y hay) demasiados intereses en juego. Posteriormente, el gobernador Luis Armando Reynoso realizó un nuevo intento por modernizar el servicio. De hecho fue a Chicago para ver con detalle el funcionamiento del servicio en esa ciudad. El intento fracasó, lo único que se logró fue la compra de algunos camiones nuevos a los que se llamó “Transcálidos”.

Además de los autobuses, también se incrementó la tarifa de los taxis. Debo confesar que hace como tres meses le comenté a una persona cercana al gobernador electo Martín Orozco que me parecía que debía quedar resuelto el tema de las tarifas antes de la llegada del nuevo gobierno. Pero creo que se les pasó la mano a las autoridades que ahora tomaron la decisión. No sólo eso, todos los urbanistas profesionales ven el transporte público como parte de un sistema integral de planificación urbana, en el que las tarifas son sólo uno de los componentes. Es indispensable, por ejemplo, el diseño y operación de rutas transversales. En Aguascalientes sólo unas cuantas cumplen con ese objetivo. En el oriente de la ciudad, hay franjas enormes entre el tercero y el segundo anillo y no hay forma de conectarse por medio de un autobús. En todo caso se tienen que hacer recorridos muy largos, todo eso implica tiempo y dinero. Es justamente lo que no ven las autoridades. Hay que reconocer que el problema se presenta en todo el país, no sólo en Aguascalientes. Más aún, ocurre en todo el subcontinente latinoamericano. En Panamá, por ejemplo, los camiones tienen un colorido impresionante pero son igualmente incómodos e ineficientes. Quizá sólo en ciudades como la mencionada Curitiba se ha procedido con una cierta planeación. En Brasil hay avances urbanísticos notables, como es el caso de la redensificación urbana. En nuestro país, tal vez sólo la Ciudad de México, es compacta por el muy elevado costo del suelo. De hecho la avenida Masaryk es la tercera más cara de América Latina.

En Aguascalientes, por el contrario, las zonas baldías constituyen un verdadero problema. Hay enormes lotes baldíos casi en el centro, como el que está entre el Primer Anillo y la avenida Salvador Quezada Limón. Es un problema de control por parte de la autoridad. Los fraccionadores se van alejando cada vez más del perímetro urbano para conseguir lotes a más bajo precio. Ellos están en su negocio pero no toman en cuenta que la autoridad (sobre todo la municipal) está obligada a proveer de servicios a los nuevos desarrollos: agua potable, drenaje, alumbrado público, parques y jardines, recolección de desechos sólidos urbanos, etc. Al estado le corresponde el transporte público, la ciudad crece y los servicios se encarecen.

Hacia el año de 2012, en la franja oriente de Aguascalientes vivía casi el 60% de la población de la ciudad y ¿sabe usted cuántas escuelas secundarias había? Dos. Esto provoca un enorme cuello de botella de tipo social. Las empresas requieren personal cada vez más capacitado, en los anuncios de empleo se ve con toda claridad: “se solicitan empleados con la secundaria completa”. En algunos casos ya se pide hasta la preparatoria. Las autoridades pueden presumir que Aguascalientes es un estado con pleno empleo. Lo que no nos dicen es que los trabajadores tienen salarios bajos y esto no favorece el desarrollo de una sociedad de clase media. Supuestamente ya estamos en ese umbral pero muy apenas y se podría perder si la población tiene que pagar tarifas altas por un mal servicio de transporte público urbano.