Jesús Orozco Castellanos

Lejos estamos de tener un comportamiento profesional en materia política. La dirigencia del PRI en Aguascalientes anunció que impugnará los resultados de los dos distritos en los que ganó el PAN. A su vez, el PAN impugnará el distrito en el que ganó el PRI. Si lo hacen para salvar cara ante sus electores, se podría entender porque no creo que el PRI se tome muy en serio la impugnación en el III distrito local que perdió por una diferencia de más de 8 mil votos. Tampoco creo que en el PAN se piense que se podrá revertir el resultado en el distrito I, que perdió por menos de 500 votos.

Tengo algo de experiencia en el tema de las impugnaciones. En el año 2003 mi amigo Oscar González fue contendiente a una diputación federal por uno de los distritos urbanos de Aguascalientes. Perdió por algo más de 2,000 votos. Decidió impugnar el resultado y me invitó a colaborar en ese proceso. Para esto, el magistrado presidente de la Sala Regional del IFE (ahora INE), con sede en Monterrey (a la que pertenecía Aguascalientes), era José de Jesús Orozco Henríquez, quien había sido director general de los Talleres Gráficos de la Nación un tiempo después de que yo lo fui. Le pregunté si tenía sentido la impugnación y me respondió que no y que sólo perderíamos el tiempo. Me explicó con detalle los criterios de los funcionarios de los tribunales. Por ejemplo: cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es superior al total de votos impugnados, la reclamación se descarta “ipso facto”. Supongamos que la diferencia fuera de 200 votos y los reclamados como nulos fueran 120; de cualquier forma habría una diferencia de 80 votos y eso no alteraría el resultado final de la votación en la casilla. O bien que en una boleta el cruce con el crayón rebasara ligeramente el recuadro. Se da por buena. Los magistrados procuran respetar en lo esencial la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, por encima de deficiencias que no alteran el resultado final. En todo caso, se anulan casillas enteras cuando hay errores graves, como la instalación en un domicilio muy diferente al señalado previamente en los encartes periodísticos que se publican un día antes de la jornada electoral. En caso de que el domicilio real de la casilla esté a una o dos puertas del señalado, no se anula. Debe ser una distancia considerable.

Le comenté a Oscar mi conversación con el magistrado de Monterrey. De todas formas decidió impugnar porque, me dijo, algunos expertos le habían aconsejado que lo hiciera. Nos dimos a la tarea de revisar acta por acta y separamos las que tuvieran algún tipo de error. Buscamos con lupa durante tres días (casi sin dormir) y al final sólo encontramos poco más de 100 votos con alguna deficiencia. Como dije, la diferencia fue de poco más de 2,000 votos. Estuvimos lejísimos de cualquier posible anulación. La legislación exigía (creo que todavía) anular por lo menos el 20% de las casillas. También consideramos la llamada “causal abstracta”, que consiste en la intervención ilegal de las autoridades a favor o en contra de algún candidato. Es casi imposible probar eso. Se requieren testimonios de un buen número de testigos, fotografías, grabaciones, videos. Y deben ser ciudadanos sin filiación partidista. Como dije, es casi imposible.

Dicho lo anterior, me atrevo a conjeturar que los resultados en Aguascalientes se van a mantener como están: los dos distritos urbanos para el PAN y el distrito rural para el PRI. Entiendo que en el mes de agosto se tendrán que haber agotado todos los recursos de impugnación porque la Cámara de Diputados se instala el próximo mes de septiembre. Ya veremos.

Hay otros casos dignos de mención, como el de Cuernavaca, donde Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía por una diferencia de cuatro mil votos, compitiendo como candidato del Partido Socialdemócrata de Morelos. La dirigencia estatal del PRI anunció que impugnará el resultado. Me parece que difícilmente habrá de prosperar la reclamación. Creo que el único caso en el que podrían variar los resultados es el de Colima. Una diferencia estatal de menos de 500 votos es muy escasa. Además, en ese estado gobierna el PRI, de manera que se podría pensar que el piso no estuvo parejo. Ya en otra ocasión se impugnó la elección en Colima y fue anulada. Se repitió el proceso y volvió a ganar el candidato del PRI, Gustavo Vázquez Montes que tomó posesión del cargo en el 2004 y un año después murió en un accidente de aviación. El PAN ya anunció que impugnará la elección en Colima. En San Luis Potosí ganó el PRI con el 2% de ventaja. Sin embargo, se especula que la candidata panista Sonia Mendoza se habrá de incorporar al Comité Ejecutivo Nacional de su partido como secretaria general, de tal manera que se estaría descartando la impugnación. Una diferencia de 2% en un estado como SLP es muy amplia.

Algo que también llamó la atención en la elección del siete de junio fue el terrible fracaso de las empresas encuestadoras. Ricardo de la Peña, uno de los principales encuestadores del país, ofreció una disculpa porque su empresa colocaba al candidato ganador en Nuevo León, “el bronco”, en tercer lugar, por debajo de la candidata del PRI y del candidato del PAN. ¡Vaya papelón! Bien dijo el periodista Ciro Gómez Leyva: “no hemos sabido medir a los electores en México”. Recordó el fracaso en la elección del 2012, cuando Milenio Televisión le daba al candidato del PRI una ventaja de más de 20 puntos sobre su más cercano competidor. Lo que ocurrió fue que los directivos de ese grupo editorial inflaron las encuestas bajo el supuesto de que los electores darían por ganada la elección por parte del PRI, no saldrían a votar y el abstencionismo favorecería a ese partido. Ninguno de esos supuestos tenía sustento en la realidad. Los electores acudieron a votar como nunca (63% del padrón) y la abstención no favoreció al PRI. Hasta el propio candidato Peña Nieto se dijo sorprendido al ver que su ventaja fue de sólo seis puntos.

Todo lo anterior nos muestra que, efectivamente, nos falta profesionalismo en el comportamiento político. El principio fundamental de la democracia es la incertidumbre. Nadie sabe de antemano quién será el ganador en una contienda electoral. En una democracia madura, existe otro principio básico: el perdedor debe reconocer su derrota y aceptar el triunfo del adversario. Si sólo aceptamos los resultados cuando nos favorecen, podemos ser cualquier cosa menos demócratas. Además, los procesos electorales en México son muy avanzados. Las mesas directivas de las casillas están integradas por ciudadanos libres, sin compromisos con los partidos políticos. El voto es secreto y nadie sabe por quién votamos. Me parece que hay sólo dos escenarios de posible fraude: que alguien tome una fotografía de la boleta ya cruzada, con un teléfono celular. Se han denunciado casos de dirigentes partidistas en el D.F. que ofrecieron 500 pesos a cambio de ver la fotografía. Es carísimo. Pagar un millón de votos costaría 500 millones de pesos. Otra posibilidad es que se ofrezca dinero (también 500 pesos) a cambio de retener la credencial de elector, en el caso de secciones electorales en las que hay un patrón histórico muy definido en favor de un determinado partido. La credencial se devuelve al día siguiente de la jornada electoral. El INE tendrá que diseñar mecanismos para evitar en todo lo posible este tipo de conductas.