Jesús Orozco Castellanos

En días pasados se produjo en el sur de la Ciudad de México uno más de los incontables actos de impunidad que ocurren a diario. El conductor de un vehículo marca Ferrari se detuvo en la Calzada de Tlalpan, donde se encuentra la zona de hospitales de alta especialidad. De pronto, de uno de los automóviles de escolta que acompañaban al Ferrari salió un sujeto que sin más trámite abrió la puerta delantera izquierda de una camioneta que estaba a un lado, sacó a golpes al conductor, le robó todos sus documentos y 4,500 pesos en efectivo. Este ladrón respondía al nombre de Sergio González Ibarra. El agredido tuvo que ser hospitalizado. Los golpes le ocasionaron varias lesiones, incluyendo una fractura de columna vertebral. El señor que fue golpeado prestaba servicio para la empresa Úber. El dueño del Ferrari se llama Alberto Sentíes Palacio y reside en Cuernavaca. Hay en su contra varias denuncias por diversos delitos. Pues resulta que González Ibarra fue encontrado muerto el pasado viernes en un hotel de paso en Atizapán, estado de México. Al parecer fue víctima de un infarto. Era una persona relativamente joven de unos treinta y tantos años de edad. Ciertamente ha habido casos de infartos entre gente joven. Sin embargo, en sentido estricto no se podría descartar que alguien haya ordenado su muerte. Los influyentes gozan de total impunidad.

Al ser entrevistado sobre el caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, dijo que ya existe la norma para actuar en contra del personal de las escoltas (los guaruras, pues) cuando hay abusos y que en unos dos meses se comenzará a proceder. Francamente no sabíamos que se requiere una norma para actuar en los casos en que se cometen delitos en flagrancia. Tampoco sabíamos que hay que esperar dos meses. ¿O será que el apellido Sentíes es más importante que la norma, como lo sugieren algunos comentaristas? ¿O se trata del conflicto que hay con la empresa Úber? Aparentemente en la capital del país esta empresa no tuvo problemas con los taxistas oficiales para prestar sus servicios. En Guadalajara el conflicto ha llegado a los golpes. Úber es una empresa que da servicio de transporte privado en vehículos de buena calidad, con choferes capacitados y adecuadamente vestidos, que utilizan el mecanismo de GPS para orientarse, que cobran por medio de tarjetas de crédito y dan recibos oficiales con valor fiscal. Los taxistas tradicionales, en lugar de esmerarse por brindar un servicio similar, han utilizado la confrontación en algunas ciudades. En Aguascalientes al parecer no hay problema. Yo le pregunté a un taxista sobre este asunto y me dijo que no les preocupa porque se trata de dos nichos de mercado diferentes. Aquí, a la mayoría de la gente le gusta pagar en efectivo, según me comentó. Sin embargo, el miércoles pasado se registró una manifestación de taxistas oficiales en contra del servicio de Úber en Aguascalientes. En todo caso se requiere mayor definición. ¿O será que están fijando posición en todo el país?

Además, y esto se ha comentado poco, puede haber un problema de seguridad en el servicio de Úber. Las tarjetas de crédito tienen registrado el nombre del usuario. Para la facturación se requiere una razón social con domicilio fiscal. Y el tema de los secuestros y los robos está a la orden del día. Especialmente en las grandes ciudades, proporcionar esos datos constituye un riesgo potencial. Incluso Aguascalientes podría estar en este escenario. Ahora bien, no podemos pasar por alto que en los conflictos con la empresa Úber y asumiendo que el señor González Ibarra haya sido asesinado, hasta el momento no se había presentado un caso de violencia mortal.

Por otra parte, no olvidemos que el doctor Mancera aspira a ser candidato presidencial en el 2018 y por lo visto está cuidando todos los ángulos, o eso es lo que pretende. Canceló el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, que era por demás interesante, porque los vecinos se opusieron. La rueda de la fortuna de 70 metros de altura que se pensaba instalar a la entrada del Bosque de Chapultepec, estará, según parece, a un lado del Auditorio Nacional y eso está por verse, porque también hay oposición. Veamos otro caso. Un sujeto que golpeó salvajemente a otro a la salida de un bar en la colonia Roma y que es hijo de alguien que era funcionario público del gobierno de la Ciudad de México, está prófugo. Y finalmente, el golpeador que estaba al servicio del dueño del Ferrari, como dijimos, fue encontrado sin vida. Esto último, no obstante, no podría formar parte de los cálculos del doctor Mancera. Rebasa todo límite. Pudo haber sido aprehendido casi de inmediato, después de la agresión que cometió. Algo pasó y se dio a la fuga. Si hubo negligencia en este caso, las consecuencias para el doctor Mancera podrían ser muy graves. ¿El poder económico del señor Sentíes estará por encima de toda autoridad?

El problema de la impunidad es muy serio. El pasado 29 de febrero lincharon a una persona en el municipio de Chapulco, estado de Puebla. Creyeron que era un secuestrador. Recordemos que a finales del año pasado, en el municipio de Ajalpan lincharon a dos personas que levantaban encuestas porque pensaron que eran secuestradores. Entrevistaron a una señora de Chapulco y dijo, palabras más o menos: como no hacen caso de nuestras denuncias, nos vemos obligados a hacernos justicia por propia mano. El presidente municipal declaró que si no fuera por la circunstancia de que él es autoridad, haría lo mismo que los pobladores porque no hay justicia. A este paso vamos a terminar regidos por la Ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente.

Decía el general Óscar Naranjo, quien fuera director de la policía nacional de Colombia, que en América Latina vivimos en la cultura de la ilegalidad. Y de la impunidad, agregaría yo. Él ponía el ejemplo de una persona que decide vender alimentos en la vía pública. En primer lugar se apropia de la banqueta, que es un espacio público. Enseguida se roba la electricidad al conectarse a la red por medio de un “diablito”. También abre un boquete en la calle para surtirse de agua potable sin pagarla. No cuenta con el permiso de la autoridad sanitaria para preparar alimentos y venderlos al público. Tampoco paga impuestos. Es la informalidad pura. Ningún comerciante establecido que paga impuestos y cuenta con las autorizaciones necesarias puede competir con los informales. En ocasiones el pleito con los informales puede terminar en tragedia. En la Ciudad de México, a las afueras del Hospital General hay una buena cantidad de comercios informales instalados en las banquetas. Hubo un caso que la prensa nacional resaltó. A un señor le pusieron un puesto de tacos a la entrada de su casa. Le impedían la entrada a su domicilio. Se produjo una terrible discusión que estuvo a punto de resolverse a balazos. El invasor, que estaba armado, afirmaba que le había sido asignado ese lugar por uno de los líderes del ambulantaje. Finalmente la policía intervino y se resolvió.

Hace unos años me ocurrió un incidente parecido en Aguascalientes. Salí de mi casa para ir al trabajo. Un automóvil estaba estacionado frente a la cochera y me impedía la salida. Llamé a la policía para que lo removieran con la grúa. Como se tardaban y yo tenía prisa, entre dos personas logramos mover unos metros el coche invasor. Como siempre ocurre, llegó el dueño enfurecido. Cuando vi que esto era ya cosa de todos los días, tuve que cambiar de casa.