Jesús Orozco Castellanos

El resultado electoral del pasado cinco de junio puede cambiar radicalmente el escenario de la elección presidencial del 2018. El PAN se posiciona como una importante fuerza política en el país. Supongamos una elección polarizada entre Margarita Zavala (MZ) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Si, como suele ocurrir, los gobernadores inducen el voto en favor del candidato que les conviene, MZ podría contar con los siete estados recientemente ganados, con las dos entidades de Baja California, muy probablemente con la zona metropolitana de Guadalajara que está en manos de Enrique Alfaro y el Movimiento Ciudadano, también con altas posibilidades en Nuevo León, con Guanajuato y Querétaro que actualmente gobierna el PAN. Estamos hablando de 13 estados de la República. A esto se agrega que el PAN ganó en algunas de las principales ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo y Reynosa. En Ciudad Juárez ganó un candidato independiente. Falta ver qué pasa el próximo año en el estado de México donde habrá elección para gobernador: el PAN y el PRD ya anunciaron que podrían ir en alianza. AMLO tendría fuerza en la zona metropolitana del Valle de México y su propio arrastre como candidato que ha recorrido el país en varias ocasiones. El PRI podría contar con Sonora, Sinaloa, Nayarit, parte de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Campeche, San Luis Potosí (a medias) y Tlaxcala. Creo que no le alcanza. En todo caso dependería del tipo de candidato que postule; con uno débil no gana. Y quizá lo más importante del resultado electoral es que AMLO ya no tiene el monopolio de la crítica a la corrupción. El voto en contra de esa lacra lo capitalizó el PAN en las pasadas elecciones. O sea que quienes daban por hecho que AMLO iría en caballo de hacienda rumbo a la elección del 2018, tendrán que repensarlo. Por ahora, el PAN tiene tres cartas fuertes: Ricardo Anaya, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla.

Ahora bien, hablar de que los tres grandes partidos tienen el control territorial de determinadas zonas del país es relativo. En una elección presidencial, los que se enfrentan son candidatos, no necesariamente partidos. Por ejemplo, las cifras de MORENA como partido (entre ocho y diez puntos) no le alcanzarían a AMLO para ganar en el 2018. Se dice que su sola figura le aportaría un 10% adicional. Esto es lo que lo haría realmente competitivo. Otros aspirantes, como los del PAN, tendrían que apostar básicamente al voto de su partido, lo mismo que el PRI. Las alianzas podrían ser determinantes.

Si como todo parece indicar, el resultado en favor del PAN obedece a un voto de castigo en contra del PRI ante la cauda de corrupción imperante, va a ser muy importante que los candidatos ganadores del pasado cinco de junio cumplan con sus promesas de campaña. Miguel Ángel Yunes en Veracruz y Javier Corral en Chihuahua prometieron que van a meter a la cárcel a los gobernadores salientes. Lo han reiterado después de su triunfo. Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, cometió la estupidez de decir que a él no le preocupan las amenazas de un candidato (se refirió a M.A. Yunes sin mencionarlo) sobre el que pesan denuncias de desvío de recursos y pederastia. A Yunes lo han acusado de acumular recursos económicos de manera ilícita pero nunca de pederastia. El hecho de que en alguna ocasión haya mantenido una conversación con alguien acusado de pederastia, no lo convierte automáticamente en cómplice. Y así quiere Javier Duarte que lo trate bien a la salida. A él lo acusan de desvío de recursos por más de dos mil millones de pesos. Se dice que hay suficientes pruebas. También lo acusan de haber ordenado la muerte de varias personas, sobre todo periodistas. Por si fuera poco, se afirma también que con frecuencia se presenta en estado de ebriedad en eventos públicos. O sea que de plano es impresentable. Varios periodistas dicen que es el peor gobernador del país, por donde se le vea.

En el caso de Aguascalientes, tras el recuento final de los votos, la ventaja en favor del candidato panista Martín Orozco Sandoval se amplió a más de 13,500 votos (alrededor de un 3% de la votación total). Tanto la candidata del PRI Lorena Martínez, como la presidenta estatal de este partido, Norma Esparza, declararon que van a impugnar los resultados. Sin embargo, si la ley no ha cambiado, ya no habría tiempo. Recientemente comentamos en este espacio cuál es el procedimiento en tiempo y forma. De hecho, a Orozco Sandoval ya le fue entregada su constancia de mayoría, lo que hace suponer que, si hubo recursos de impugnación, ya fueron desahogados. Los argumentos del PRI, de acuerdo con lo que ha trascendido a la opinión pública, tienen que ver con una declaración que hizo el obispo don José María de la Torre Martín acerca de la iniciativa presidencial de los matrimonio igualitarios y con la participación de funcionarios municipales del PAN como funcionarios de casilla. En el primer caso, el titular del Instituto Estatal Electoral (IEE) Fernando Landeros Ortiz declaró que si se comprueba que el obispo cometió un delito electoral, se le tendrá que aplicar una sanción pero eso no implica anular la elección. Con respecto a los funcionarios de casilla, si fueron designados por el IEE, deben cumplir con esa encomienda. El riesgo de parcialidad es prácticamente inexistente porque en las casillas hay representantes de todos los partidos políticos acreditados, además de observadores electorales. O sea que hay muy pocos elementos para impugnar.

El tema de la iniciativa presidencial sobre los matrimonios igualitarios se presta a especulación. El ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, que algo sabe de los procesos electorales, señaló que en sociedades muy conservadoras como la de Aguascalientes, el tema pudo haber influido en el resultado. En todo caso, dijo, el presidente Peña Nieto debió haber enviado la iniciativa después de la elección del cinco de junio, no antes.

El hecho es que el candidato Martín Orozco ya recibió su constancia de mayoría y entiendo que el gobernador Carlos Lozano ya le llamó para felicitarlo y para agendar una próxima reunión a fin de programar el proceso de entrega-recepción que suele ser muy detallado: una por una todas las dependencias deben informar puntualmente en materia de recursos humanos, financieros y materiales. Además, el primer interesado en dar la vuelta a la página de las elecciones es el presidente Peña Nieto porque en septiembre de este año se tiene que aprobar la propuesta de presupuesto de egresos del gobierno federal. Todos los estados de la República deben presentar su propio proyecto. En el último año de cada administración local, se acostumbra que la propuesta presupuestal sea enviada de común acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante. En este escenario, a más tardar a finales de junio el presidente Peña tendría que estar recibiendo a los gobernadores electos para darles a conocer cuál es la disponibilidad de recursos que, como sabemos, es más bien escasa. Por otra parte, a los gobernadores electos les conviene entrevistarse con todos los titulares de las dependencias federales, con quienes habrán de tratar en el futuro. Por cierto, ellos formarán parte de los gobernadores que habrán de convertirse en actores en la elección presidencial.