Jesús Orozco Castellanos

Nuevamente aparece el caso de Iguala, por así llamarlo. Hagamos algo de memoria. La noche del 26 de septiembre del año pasado, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, secuestró varios camiones con el aparente fin de utilizarlos para trasladarse a la Ciudad de México, donde se llevaría a cabo un evento conmemorativo del dos de octubre de 1968, fecha en que fueron asesinados varios jóvenes estudiantes. Primero se dijo que eran cuatro vehículos, después que cinco. Los estudiantes de Ayotzinapa pertenecían a un grupo denominado “Los guerreros unidos”. Los integrantes de otro grupo, llamado “Los rojos”, secuestraron a los 43 estudiantes y los entregaron a policías municipales de Iguala y a una partida de sicarios al servicio del crimen organizado. Los policías y los sicarios recibieron instrucciones de asesinar e incinerar a los 43 estudiantes. Cumplieron la orden y los incineraron en un basurero de Cocula, Guerrero. Todo eso ocurrió entre la noche del 26 de septiembre y la mañana y tarde del 27. Digamos que ésta es la versión oficial. Meses después de lo ocurrido, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Káram, manifestó que ésa era la “verdad histórica”. Por lo tanto, se trataba de un caso cerrado.

Sin embargo, los familiares de las víctimas (con la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”) exigieron una investigación más a fondo. El gobierno mexicano envió unas muestras de huesos a un laboratorio forense de la Universidad de Insbruck, en Austria, para determinar si el ADN correspondía al de alguno o algunos de los estudiantes de Ayotzinapa. Se supone que ese laboratorio es el mejor del mundo en materia forense. Los austriacos señalaron que por lo menos en un caso sí hay coincidencia. Pero eso no contuvo la indignación y de nueva cuenta el gobierno de México ordenó otro peritaje, encargado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); ésta decidió la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que básicamente se dedicó al análisis detallado del expediente que la PGR armó sobre el caso, un documento de más de 500 páginas. El GIEI acaba de hacer públicos los resultados de su investigación y hay por lo menos dos hechos que echan por tierra la “verdad histórica” de Murillo Káram, que acaba de salir del gabinete del presidente Peña Nieto y se rumoraba que sería nombrado embajador de México en Portugal.Incluso se decía que ya tenía las maletas hechas.

Los expertos del GIEI señalan que resulta científicamente imposible que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Se hubiera requerido el triple de leña y llantas (se había dicho que con eso formaron la pira criminal) y el triple de tiempo. En segundo lugar, no fueron cuatro camiones los que secuestraron los estudiantes. Hubo un quinto vehículo y éste transportaba droga oculta, hecho que los estudiantes aparentemente ignoraban. El periodista Salvador García Soto, de “El Universal”, había señalado, semanas después del asesinato, que en uno de los camiones había un cargamento de 35 kilos de goma de opio, base para la elaboración de la heroína. Se estima que un gramo de heroína tiene un valor de 620 dólares en las calles de Chicago y Nueva York. De un gramo salen varias dosis. En días pasados, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, acaba de informar que cada semana llegan a Chicago 26 kilos de heroína, procedente de Iguala. En Guerrero se produce el 98% de la goma de opio del país. En Iguala se procesa. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Se ha dicho que el cargamento de Iguala tenía un valor de diez millones de dólares. El periodista García Soto volvió a tocar el tema sólo marginalmente en días pasados.

De manera que el móvil originalmente manifestado, es decir, un pleito entre dos bandas delincuenciales de Guerrero, resulta absolutamente inverosímil. El principal problema, me parece, es que se trata de un caso más que se acumula en la cuenta negativa del gobierno federal. A esto se agrega el tratamiento periodístico que se le ha venido dando al tema. Se magnifican los hechos y se confinan en los espacios de la nota roja. Da la impresión de que se está generando un clima de indignación frente a la impunidad y de incertidumbre ante el futuro del país, de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

Hay cerca de 100 detenidos por el caso de Iguala. Son personajes menores. Los verdaderos cabecillas siguen en la calle. Además, si los estudiantes no fueron incinerados, ¿dónde están los cadáveres si es que efectivamente los mataron? ¿Los arrojaron a una de las muchas fosas clandestinas que hay a las afueras de Iguala? ¿Todo fue obra del ex alcalde de Iguala y su esposa, como se dijo en un principio? ¿El ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre no estaba enterado del enorme trasiego de heroína que tenía lugar en Iguala, casi frente a sus narices? ¿Por qué tendría que mentir la DEA al decir que cada semana llegan a Chicago 26 kilos de heroína, procedente de Iguala? Los principales interesados en conocer la verdad son los norteamericanos. En Estados Unidos está el eslabón final de la cadena. Allí es donde se consume la droga que envenena a miles de jóvenes, muchos de los cuales terminan perdiendo la vida. Estamos hablando de jóvenes de clase media y alta que tienen la posibilidad de comprar una droga cara. La mariguana y la cocaína son más baratas. La primera se utiliza incluso con fines medicinales y ya está legalizada en varios estados de la Unión Americana.

El articulista Ricardo Alemán, de “El Universal”, afirma que los expertos del GIEI son en realidad un grupo de irresponsables, incluso delincuentes que abusan de la buena fe y del dinero del gobierno de México. ¡Vaya exageración! Probablemente quiere quedar bien con las autoridades mexicanas, como ya lo ha hecho en otras ocasiones (¿a cambio de qué?, se preguntaría uno). Pero ahora se le pasó la mano, sobre todo tomando en cuenta la mesura y la racionalidad con las que tomó el asunto el presidente Peña Nieto, quien ordenó la elaboración de un nuevo peritaje a cargo de expertos mexicanos del más alto nivel y que tuvo expresiones positivas sobre el trabajo de los investigadores del GIEI. Es como para recordarle al señor Alemán el viejo dicho mexicano de “no me ayudes compadre”. Viene al caso.

Los señores del GIEI han hecho su trabajo pero en México nos estamos dedicando a “engordar el caldo”. Todo parece indicar que se busca generar un ambiente propicio para que el partido en el gobierno y su posible candidato presidencial en el 2018 transiten por un camino empedrado de problemas. Los hechos pueden tener su propia dinámica, si bien son aprovechados por quienes andan a la caza de banderas políticas. Ejemplos sobran: las casas de la primera dama y del secretario de Hacienda, los muertos de Tlatlaya y de Tanhuato, el caso de los 43 normalistas, la salida de Carmen Aristegui de su programa radiofónico, la fuga del “Chapo” Guzmán, etc. A todo esto se agrega la mala situación económica. El país crece a un ritmo muy lento, bajan los precios del petróleo y, por si fuera poco, se devalúa el peso. No todo es mala suerte. Habría que ver quiénes en el gobierno están incumpliendo su tarea. En fin…