Jesús Orozco Castellanos

El martes 31 de mayo sucedió un hecho de salvajismo incalificable en Comitán, Chiapas. Cuatro maestros y dos maestras, todos de la tercera edad, fueron detenidos por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el pretexto de que habían decidido dar clase a sus alumnos, en lugar de sumarse a un paro de labores promovido por esa organización sindical. Fueron rapados y obligados a caminar descalzos por un camino pedregoso de dos kilómetros y medio, portando un cartel que decía: “soy traidor a la patria”. Los de la CNTE se deslindaron de los hechos y los atribuyeron a una agrupación de campesinos. Suelen hacer eso con frecuencia cuando la presión nacional e internacional alcanza niveles de escándalo. Pero por todos es sabido que los líderes de la CNTE han recurrido a ese tipo de prácticas en el pasado, en los estados en los que mantienen presencia: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De hecho, un día después de la agresión a los maestros, quemaron oficinas y estuvieron a punto de prender fuego a varias personas en Chiapas. Por fortuna no pasó a mayores.

Todos los comentaristas nacionales condenaron los hechos. Señalan que esas prácticas recuerdan el maltrato del que eran víctimas los judíos durante la Alemania nazi; o lo que hacían los partisanos franceses a quienes consideraban colaboracionistas del régimen de Hitler; o la barbarie del régimen del Khmer Rouge en Camboya que eliminó a un tercio de los habitantes del país, no sin antes torturarlos y raparlos; o el trato que recibían los enemigos de la Revolución Cultural de Mao en la China Popular de los años 60 del siglo pasado: también eran rapados. Tal vez en algunos casos la comparación resulte algo desproporcionada. Sin embargo, en esencia se trata de una gravísima violación a los derechos humanos de los agredidos.

Al parecer sólo hay un detenido. Y no faltará un juez a modo que lo ponga en libertad porque “no se cumplió con el debido proceso”. Eso es lo que más llama la atención: la impunidad, como en tantos otros casos. ¿Qué tendrá que pasar para que algún día esos delincuentes reciban el castigo que merecen? Por eso se atreven a tantos excesos, porque no hay nadie que les ponga la mano encima. Además, se sienten protegidos por Andrés Manuel López Obrador, que ha sido omiso en condenar esos abusos. Por el contrario, gustosamente ha recibido el apoyo político que le ha ofrecido la CNTE. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se pronunció en contra de esos excesos, sin mucha convicción, por cierto. Quizá fue por el hecho de que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pertenece al impresentable Partido Verde, uno de los aliados incondicionales del PRI. Los policías estatales de Chiapas se mantuvieron impávidos frente al martirio que sufrieron los maestros, incluyendo el recorrido por las calles de Comitán, que debió durar varias horas. No movieron un dedo para impedir la agresión.

Volvemos a lo mismo de siempre: vivimos bajo un manto de impunidad. A principios de los años 70 del pasado siglo trabajaba yo en un centro de documentación en la Ciudad de México. Allí conocí a un joven investigador norteamericano cuyo nombre no recuerdo. Entre más avanzaba en su investigación, utilizaba una frase que repetía con frecuencia: “México vive bajo un cielo de corrupción e impunidad”. Estamos hablando de hace más de 45 años y las cosas, al parecer, siguen igual. En aquel entonces algunos jóvenes creyeron que era necesario transformar radicalmente al país y la única vía para lograrlo era la lucha armada. Así nació la Liga Comunista 23 de Septiembre que ordenó el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. El ex presidente Luis Echeverría tuvo la osadía de presentarse al funeral. El empresario Ricardo Margáin Zozaya se armó de valor y le dijo a la cara: “No es usted bienvenido, señor Presidente”. En esos tiempos, enfrentarse al Presidente de la República era casi un acto de suicidio.

Las guerrillas rurales y urbanas proliferaron. El Ejército emprendió una guerra sucia para acabar con ellas. Aún así, el presidente Echeverría encontró la forma de contar con el apoyo de algunos intelectuales como Carlos Fuentes, a quien nombró embajador de México en Francia. Antes, Octavio Paz había renunciado a la embajada en la India, en protesta por la matanza de Tlatelolco, ordenada por el presidente Díaz Ordaz. Fuentes pronunció la famosa frase: “Es Echeverría o el fascismo”. La verdad es que no había fascismo a la vista, por lo menos en México. Fascismo del tipo chileno o argentino de la época.

Tuvo que llegar don Jesús Reyes Heroles a la Secretaría de Gobernación, bajo el gobierno de José López Portillo, para iniciar el proceso de reforma política que abrió espacios a los grupos radicales para incorporarlos a la lucha político-electoral en el marco de las instituciones de la República. Lo comentamos recientemente en este espacio. Don Jesús renunció al cargo por el tema de la visita del Papa Juan Pablo II a México y por la presencia de Margarita López Portillo, hermana del Presidente, como funcionaria dentro de la Secretaría de Gobernación. En el primer caso, don Jesús decía que los católicos estaban en todo su derecho de recibir al Papa pero que, en el marco de la legislación vigente, las transmisiones de las misas por televisión no estaban permitidas. El Presidente respondió, muy a su estilo, que si eso ameritaba alguna multa, él estaba dispuesto a pagarla. Lo de Margarita resultaba por demás obvio: era prácticamente imposible darle órdenes a la hermana del Presidente de la República. Además era una hermana muy incómoda y problemática.

Don Jesús Reyes Heroles renunció a la Secretaría de Gobernación pero la reforma política siguió adelante. El ex presidente Ernesto Zedillo (uno de los pocos a los que no se vincula con actos de corrupción) promovió la reforma política de 1986, que en su momento se consideró como “definitiva”. El núcleo de esa reforma fue la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que hizo posible la celebración de elecciones confiables. José Woldenberg, el primer presidente del IFE, llegó a decir que el fraude electoral en México era “técnicamente imposible”. Eso, en lo esencial, me parece que sigue siendo cierto. Comprar el voto es muy complicado. En todo caso, lo que sí es posible es retener las credenciales, a cambio de dinero, para que la gente no salga a votar en las secciones electorales que históricamente están muy cargadas en favor de un determinado partido político. Debería prohibirse.

Sin duda hemos tenido avances en el país. En lo que parece que seguimos atorados es en lo del “cielo de corrupción e impunidad”. Y de nada sirve considerar que se trata de un problema generalizado en América Latina. Es como tratar de aplicar el refrán aquél de “mal de muchos, consuelo de tontos”. La agresión a los maestros de Chiapas no sólo es indignante. Es incluso repugnante, si se me permite el término. El tipejo que aparece en el video con las tijeras en la mano, trasquilando a una pobre maestra indefensa, se ve con cara de satisfacción. Por eso me pregunto: ¿no hay autoridad, estatal o federal, que se atreva a castigar con todo el peso de la ley a esos malandrines? Se dice que el gobierno estaba esperando que pasaran las elecciones. Ya pasaron…