Jesús Orozco Castellanos

Estamos a menos de un mes de que se realicen las elecciones para diputados federales. En varios estados también habrán de elegirse diputados locales y/o presidentes municipales. En nueve entidades federativas habrá elecciones para gobernador. De acuerdo con la mayoría de las encuestas, el PRI encabeza las intenciones de voto para las diputaciones federales, con cifras que oscilan entre el 30 y el 32% de la votación total. Le sigue de lejos el PAN con un 22%. MORENA tendría alrededor de 8 puntos, más que suficientes para mantener su registro y servir de plataforma partidaria a López Obrador en su campaña por la Presidencia de la República en el 2018. El Partido Verde Ecologista de México obtendría un 7%.

Algunos analistas como Jorge Castañeda se preguntan cómo es que el PRI podría mantener esa ventaja, a pesar de los escándalos de las casas y de los dislates del Presidente Peña Nieto. Se refería al más reciente cuando el Presidente pronunció un discurso con motivo de la ampliación de una carretera. Dijo: “Sin duda esta obra habrá de beneficiar al estado de Lagos de Moreno y, de igual manera, al estado del estado de León… donde se ubica León”. Olvidó de momento la existencia de los estados de Jalisco y Guanajuato. Tuvo el buen humor de reírse de sí mismo al decir: “Ya me hice bolas con el trabalenguas que yo mismo comencé”.

Me parece que la respuesta a la pregunta de Castañeda es más o menos simple: el PRI cuenta con una enorme estructura territorial en todo el país. Ningún otro partido la tiene. Esto le permite al priísmo disponer de un colchón muy considerable de lo que se conoce como “voto duro”, el de los militantes que son fieles a su partido, sean quienes sean los candidatos. En los años recientes, ese margen está en la franja del 30% de la votación total, salvo en las elecciones presidenciales que suele ser mayor.

Desde luego que el PRI, en alianza con el Partido Verde, aspira a contar con la mayoría en la Cámara de Diputados para implementar las reformas estructurales en los próximos tres años. Se ve difícil que con un 38 ó 39% de la votación total entre ambos partidos se pueda conformar una mayoría, a menos que ese porcentaje sea suficiente para obtener los diputados plurinominales necesarios que permitan tener la mitad más uno de los diputados. Nuestra legislación está hecha para que los grandes partidos se repartan a discreción los diputados de representación proporcional. Por lo demás, el actual gobierno ha dado muestras de tener una gran capacidad de negociación, como quedó plenamente demostrado con los acuerdos del Pacto por México. Con la fuerza de la primera minoría se puede negociar.

Hay quienes dicen que el resultado de la elección del próximo mes de junio podría prefigurar el escenario de los comicios de la elección presidencial del 2018. Me parece muy difícil que así sea. La contienda del 2015 es básicamente entre partidos. Si alguien me pregunta los nombres de los candidatos de los grandes partidos, no sabría contestarle. En cambio, la elección presidencial se da entre candidatos. Tendríamos en el tablero cuatro o cinco grandes figuras. No sería extraño que MORENA, con un ocho o nueve por ciento en la elección de 2015, se alzara con el triunfo en la elección presidencial del 2018 si su candidato, como es lo más probable, fuera Andrés Manuel López Obrador, que podría llegar a tener una votación superior al 30% del total. Así es la dinámica, de acuerdo con el tipo de elección. Lo que también es probable es que, como en casi todas las elecciones intermedias, el abstencionismo sea un factor considerable, precisamente porque se trata de una contienda entre partidos, más que entre candidatos.

Por lo que respecta a las gubernaturas, podrían presentarse sorpresas. Es el caso de Nuevo León, por ejemplo. Hasta hace unos días, Ivonne Álvarez, la candidata del PRI, parecía ir “en caballo de hacienda”, con más de diez puntos de ventaja sobre un desdibujado candidato del PAN. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta reciente del diario “Reforma”, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias “El bronco”, encabeza las intenciones de voto con un 29% del total; le sigue Ivonne Álvarez con el 27.5% y en tercer lugar se encuentra el aspirante panista Felipe de Jesús Cantú con el 21.6%. “El bronco” vino de atrás para adelante y el refrán dice que “caballo que alcanza gana”. Es un hombre dicharachero, de trato fácil aunque de escasas luces. Es buen jinete. Fue presidente municipal de García, Nuevo León y ha sufrido dos intentos de asesinato por parte del crimen organizado. Cualquiera pensaría que no tiene el perfil necesario para gobernar uno de los estados más importantes de la República pero así es la democracia: gana el que consigue más votos, independientemente del perfil.

Los nueve estados en los que habrá elecciones para gobernador son: Colima, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur. Al parecer, en Colima y Campeche no tendría problemas para ganar el PRI. En Querétaro la contienda se cerró entre los candidatos del PRI y del PAN. San Luis Potosí tendría también una elección cerrada entre el PRI y el PAN. En Nuevo León lo que ya comentamos. En Guerrero se le podrían abrir las puertas al PRI tras el retiro del aspirante perredista Armando Ríos Píter, alias “El jaguar”, luego de los escándalos de Iguala. Joaquín López-Dóriga se pregunta porqué el presidente Peña Nieto se empeña en ganar las elecciones en un estado ingobernable como Guerrero. Es una buena pregunta. En Michoacán la intención de voto está dividida a tercios entre los aspirantes del PRI (“Chon” Orihuela), del PAN (María Luisa “Cocoa” Calderón) y del PRD (Silvano Aureoles). Me parece extraño que nadie haya mencionado que en el año de 1985 el diario Excélsior publicó un amplio reportaje, a plana entera, sobre la participación de José Ascensión Orihuela en una red de narcotráfico en su natal Zitácuaro. En Sonora el gobernador panista Guillermo Padrés se metió en problemas con la construcción de una presa, con cargo al erario, destinada a regar los ranchos de su propiedad. En Baja California Sur, estado que gobierna el PAN, el favorito es el candidato panista Carlos Mendoza Davis, hijo del ex gobernador Ángel César Mendoza Arámburu (fue el primer gobernador de la entidad). El priísta Ricardo Barroso Agramont, dos veces candidato a gobernador y de amplia trayectoria en el servicio público, tuvo un grave desliz al decir a un grupo de periodistas: “No tendrán duda de que mi campaña será financiada por el crimen organizado”. Lo más probable es que quiso decir lo contrario. En este espacio hemos comentado que no se dispone de información específica, en materia de intención de voto, sobre el estado de Aguascalientes, pero dada la fuerza tradicional del panismo en la entidad, no la tendría muy fácil el PRI. En todo caso, este partido estaría sujeto a la dinámica del escenario nacional. Ahora sí que la moneda está en el aire. O como decían los comentaristas deportivos: no hay nada para nadie. Hagan sus apuestas.