Jesús Orozco Castellanos

Ante la crisis por la que está pasando el país, hasta el momento desconozco si algún aspirante a la candidatura presidencial ha señalado que nos encontramos ante una disyuntiva histórica: seguimos en la barbarie o damos los primeros pasos para convertirnos en un país de leyes. Tratemos de poner esto en contexto. (Qué pasaría si una turba enardecida pretendiera saquear los 11 pisos de la tienda Macy´s de Nueva York? Seguramente las autoridades tratarían de impedirlo por medio de la policía local; si ésta resultara insuficiente, sin la menor duda se recurriría a la Guardia Nacional, que es una especie de policía militar en Estados Unidos. Muy difícilmente se pensaría en utilizar al Ejército o la Marina, aunque se haría de ser necesario. Pongamos el ejemplo de España. En el supuesto caso de que un grupo violento de manifestantes se propusiera entrar a saquear en los almacenes exclusivos de El Corte Inglés de Madrid, la autoridad actuaría con todo rigor mediante el uso de los cuerpos policiacos. Igual sucedería en París si una partida de ladrones quisiera robar en las Galerías Lafayette Haussmann. En esos países es impensable que ocurran esas cosas. Sin embargo, en México sí es posible.

Hemos visto cómo en algunas ciudades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hay grupos de supuestos maestros que asaltan los centros comerciales impunemente, se roban la gasolina hasta vaciar los depósitos, dejan sin productos a los camiones repartidores de refrescos y cervezas. Y todo esto ocurre ante la mirada impasible de los policías que se dedican a contemplar el vandalismo como si fuera un espectáculo digno de ser visto. La empresa FEMSA, responsable de la distribución de Coca-Cola, ha manifestado su decisión de retirarse de algunas ciudades de esos estados por las condiciones de inseguridad. Afirman los directivos que no lo hacen por dinero, que es lo que les sobra (no lo dicen pero es del dominio público), sino para garantizar la integridad física de sus repartidores. A esos extremos se está llegando. Y todo esto sin considerar otros factores lamentables. Hay choferes de tráileres y camiones que se tardan hasta cinco días en llegar de México a Oaxaca. Ya no digamos a Tuxtla Gutiérrez o la frontera con Guatemala. Seguramente duermen a bordo, si es que pueden dormir. O imaginemos también los tiempos perdidos de miles de personas en la Ciudad de México cuando hay 60 cortes a la circulación en los cuatro puntos cardinales. Habrá quienes lleguen tarde a su trabajo y les descuentan el día (si bien les va) y, en el peor de los casos, estarán los que no alcancen a llegar a su boda o al parto de su esposa.

Hay escenas patéticas. Un grupo de no más de 12 personas se dio el lujo de bloquear la Calzada de Tlalpan, una de las más importantes arterias de circulación continua de la Ciudad de México. El periodista Joaquín López-Dóriga comentó sin más: El que quiso bloquear, bloqueó. ¿Y las autoridades? Tienen dos prioridades: organizar mesas de trabajo y hacer declaraciones. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital del país, dijo que la Ciudad de México no puede ser secuestrada. Pero el hecho es que lo está. Por eso tiene sentido la pregunta inicial: seguimos en la barbarie o nos atrevemos a convertirnos en un país de leyes. Por lo pronto no se ve claro.

El miércoles pasado se anunció que la PGR atrajo el caso de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Pasaron 17 días. Al presidente Peña Nieto le preguntaron cuál es el límite en la situación que está viviendo el sureste mexicano. Contestó que el diálogo. Pero mientras el gobierno federal dialoga con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las carreteras siguen bloqueadas y la situación se vuelve intolerable para cientos de miles de personas, si no es que millones.

Muchos comentaristas se preguntan qué es lo que hay detrás de las movilizaciones de la CNTE. Federico Reyes Heroles apunta una respuesta: es el narcotráfico porque le resulta más fácil hacer su trabajo en un clima de inestabilidad. Otros advierten que todo eso se inscribe en una estrategia político-electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En efecto, él es de los que piensan que el fin justifica los medios. Si la violencia en el sureste mexicano contribuye a su propósito de alcanzar la Presidencia de la República en el 2018, bienvenida sea. Al llegar al poder, cree que las cosas se resuelven con relativa facilidad. Y, desde su perspectiva, tal vez tenga razón. A él no le preocuparía dejar sin efecto la reforma educativa en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. O en el país entero. El actual gobierno ha decidido no dar un paso atrás en esa materia. AMLO piensa distinto. La educación no es lo suyo. Si él se tardó 14 años en terminar una carrera fácil y la pasó de panzazo, cualquiera puede hacerlo. Le interesa el poder, nada más. Este segundo escenario parece más creíble aunque tampoco podría descartarse la combinación de ambos: narcotráfico y agenda política.  Sería el colmo de la perversión pero puede ocurrir sin que fuera la primera vez. Cuando se aprobó la reforma energética, lo que implicó transformaciones profundas en PEMEX, algunos de los colaboradores cercanos de AMLO le comentaron que de no aprobarse la reforma se corría el riesgo de que se hundiera PEMEX. Su respuesta fue: Que se hunda. Cuando lleguemos al poder rescatamos la empresa. Por lo tanto, la reforma educativa le permite dormir de corrido.

Sin duda que la descomposición del escenario nacional apunta a la posibilidad del triunfo de AMLO en la sucesión presidencial del 2018. Desconozco si el gobierno federal comparte esta reflexión. Hay la idea de que la violencia genera más violencia y por lo tanto se le puede apostar al paso del tiempo y a la fragilidad de la memoria colectiva. Ojalá así fuera. Estamos hablando de que hay grupos perfectamente organizados con propósitos bien definidos. Me parece que la exhibición masiva de fuerza podría ser determinante. Las fuerzas armadas cuentan con cerca de 300 mil elementos. Desplegar el 10% en la zona de conflicto sería factible (creo) y tal vez suficiente como forma de disuasión. No hace falta matar gente. Ya ocurrió y no se tiene la certeza de quiénes ordenaron los asesinatos. Eso lo tendrá que señalar la investigación de la PGR. Tal vez la sola presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal sea suficiente para que la gente abandone los bloqueos y se regrese a su casa. Seguramente el gobierno lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. En lo que todos coincidimos, a golpes de sentido común, es en que la autoridad, tanto la federal como la de la Ciudad de México, no puede permanecer cruzada de brazos. No es casual que los niveles de aprobación, tanto del Presidente de la República como del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentren en los niveles más bajos desde que se inició el levantamiento de sondeos. Tal vez al presidente Peña Nieto no le preocupe demasiado porque va de salida. No es el caso del doctor Mancera que ha declarado su intención de participar como candidato en la elección presidencial del 2018. Es parte interesada.

En resumen, nada justifica la barbarie, ni los cálculos electorales ni los temores de la autoridad. El Estado es el único que tiene el monopolio de la violencia legítima (Weber). Dura lex, sed lex (la ley es dura pero es la ley).