Jesús Orozco Castellanos

El domingo cinco de junio hubo elecciones para gobernador y otros cargos de elección popular en doce entidades federativas, incluyendo Aguascalientes. Al día siguiente, a eso de las ocho de la mañana, se cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el 99% de las casillas computadas. Se instalaron en el estado 1,500 casillas, de manera que faltarían 15 por contabilizar. El resultado final favoreció a Martín Orozco Sandoval, candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), con una ventaja de 2.2%, algo así como 9,000 votos. Este partido ganó los municipios de Calvillo, Aguascalientes y Jesús María. En la capital del estado, Tere Jiménez, la candidata panista, le ganó al candidato del PRI, el doctor José de Jesús Ríos Alba, por una diferencia de diez puntos porcentuales. El PAN ganó 11 diputaciones de mayoría relativa en el Congreso del Estado, contra siete del PRI. Habrá que esperar la distribución de las diputaciones de representación proporcional (plurinominales) para conocer la conformación definitiva del Congreso local. En sentido estricto, se trató de un triunfo rotundo del PAN.

Sobre el proceso electoral se pueden hacer varios comentarios. En primer lugar, las encuestas son cada vez menos confiables. El mismo día de la elección, una encuesta de salida de un diario de circulación nacional le daba una ventaja de cuatro puntos a la candidata del PRI, Lorena Martínez. Tal vez la excepción fue el promedio de las encuestas que le comentó el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, al periodista Raymundo Riva Palacio el miércoles anterior a la elección. Le dijo Beltrones que, en el caso de Aguascalientes, él tenía registrada una diferencia de dos puntos a favor del candidato Martín Orozco Sandoval del PAN. De hecho así ocurrió. Sin embargo, todavía el lunes a las 7 y 20 de la mañana, Beltrones le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva que el PRI había ganado en Aguascalientes. Quizá se trataba de un buen deseo porque Beltrones había declarado anteriormente que él esperaba ganar nueve de las 12 gubernaturas en juego. Lo que realmente sucedió fue que el PAN se llevó 7 y el PRI 5.

Pienso que de alguna manera se produjo un voto de castigo en contra del PRI por la serie de escándalos que han venido ocurriendo y que son del dominio público. En este sentido, Aguascalientes no tendría por qué ser la excepción. En todo caso, sería un castigo relativamente menor porque aquí se registró una diferencia muy cerrada. En los otros seis estados que ganó el PAN, las diferencias fueron más o menos amplias, incluso de dos dígitos, como fue el caso de Tamaulipas, donde se esperaba una contienda muy apretada.

Otro hecho que también me llamó la atención es que hemos aprendido muy poco del pasado. Al cierre de las casillas, todos los candidatos se proclaman ganadores. Son incapaces de esperar los resultados del PREP, que por lo general de las 11 de la noche en adelante, el mismo día de la elección, ya marcan tendencias muy claras. Confían los candidatos en el viejo refrán de que “al que madruga Dios lo ayuda”. En el caso de los resultados electorales no ocurre así. El candidato del PRI al gobierno de Veracruz se sentía completamente seguro de haber ganado la elección y ya hacía declaraciones como si fuera gobernador. Tal vez fue empujado a ello porque el actual gobernador Javier Duarte debe estar muy preocupado. El mandato en Veracruz es de dos años para empatarlo con la elección presidencial del 2018. El candidato ganador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró que dos años son más que suficientes para meter a la cárcel a Javier Duarte.

Ahora bien, en el caso de Aguascalientes, el candidato ganador Martín Orozco Sandoval se ha comportado con mesura, desde mi punto de vista. Lo entrevistó el periodista Ciro Gómez Leyva y le preguntó que si habría gente en la cárcel. Le respondió que lo importante es ver hacia el futuro, que hay algunos aciertos por parte del actual gobierno y que él se propone mejorar algunos otros aspectos porque a la gente de Aguascalientes lo que realmente le importa es su bienestar. Creo que tiene razón.

Un amigo me preguntaba que si es posible impugnar la elección. Por supuesto que sí. La ley así lo prevé. Sin embargo, le comentaba yo a mi amigo que las impugnaciones son extremadamente complejas y difíciles. Al momento de escribir estas líneas desconozco si el equipo de campaña de la candidata Lorena Martínez tiene el propósito de impugnar. Conozco más o menos bien este proceso porque en el año 2002 mi amigo Óscar González, que compitió por una diputación federal, perdió por una diferencia de 2,200 votos. Decidió impugnar. Un (casi) homónimo mío, el doctor en derecho José de Jesús Orozco Henríquez, que había sido uno de mis sucesores en la dirección general de los Talleres Gráficos de la Nación, era el magistrado presidente de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la cual pertenece Aguascalientes.Me había comentado que no tenía caso impugnar porque era un procedimiento muy complejo y al final se obtenía muy poco. No obstante, mi amigo Óscar decidió que se iría por la impugnación. Estuvimos trabajando día y noche durante tres días y finalmente logramos revertir unos 200 votos. La diferencia en favor de Martín Orozco es de 9,000 votos. Y como decía, el proceso es muy difícil. Veamos.

Al día siguiente de la elección hay que presentar lo que se conoce como el informe previo. Es básicamente un listado de las casillas que se van a impugnar. Dos días después se presenta el informe justificado que muestra las razones por las que se impugna cada una de las casillas. El criterio de los magistrados es muy simple: si el total de los votos impugnados no altera el resultado final de la votación en una determinada casilla, se da por buena el acta correspondiente. Otro caso posible: si hay una diferencia mínima en el domicilio de la casilla, se da por buena el acta. Por ejemplo, si en lugar de Av. Madero No. 328 (domicilio publicado en los listados de las casillas que aparecen en los periódicos locales del día de la elección), el domicilio real es Av. Madero No. 330, se mantiene la validez del acta porque el elector llega y ve físicamente a los ciudadanos formados. No tiene problema para emitir su voto. Cuando se presentan este tipo de circunstancias mínimas, los magistrados suelen avalar las actas porque  el criterio básico que ellos mantienen es respetar la voluntad de los electores. Y para anular un proceso electoral completo, se requiere demostrar irregularidades en al menos un 20% de las casillas. En Aguascalientes se instalaron 1,500 casillas, de manera que habría que comprobar hechos irregulares en al menos 300 casillas, lo que resulta virtualmente imposible en una elección sin incidentes mayores. También se puede aplicar la llamada causal abstracta, que consiste en probar la intervención indebida de los poderes públicos en favor de un determinado partido. En Aguascalientes esta causal no aplica en favor del PRI porque el gobierno en funciones proviene de este partido político.

En conclusión, me parece que nos conviene a todos mirar al futuro porque hay muchas tareas pendientes en la construcción de un Aguascalientes mejor.