Jesús Orozco Castellanos

Desde 1997, hace ya 18 años, ningún partido político ha contado con mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el Senado, elegido en 1994, el PRI tenía mayoría. A partir del año 2000, los partidos políticos en el poder han carecido de mayoría en ambas cámaras. Esto ha dado como resultado la formación de alianzas, “de iure” o “de facto”, para sacar adelante los proyectos legislativos, especialmente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Aparentemente esta práctica parecería normal porque ocurre en varios países del mundo. Pero en México la situación es más compleja: se ha dado el caso de partidos que se venden al mejor postor. El ejemplo más emblemático es el del Partido Verde Ecologista de México, que ha llegado al extremo de violar la ley de manera flagrante, permanente y deliberada porque le resulta más rentable pagar las multas que sujetarse al imperio de la ley. Con los recursos que recibe como prerrogativas por parte del Estado, puede darse el lujo de cubrir las sanciones que se le aplican y quedarse con un remanente que puede utilizar a discreción en viajes de placer o cualquier otra cosa que se les ocurra a sus dirigentes. Lo importante es mantener el registro para seguir conservando los privilegios de que gozan. Más aún, con el 7% que obtuvo el Verde en las pasadas elecciones, le alcanza para convertirse en el aliado que requiere el PRI en la formación de una mayoría en la Cámara de Diputados. Puede “vender caro su amor”, como dice la canción. Es el mundo ideal.

El Partido Verde fue fundado por Jorge González Torres, un tamaulipeco aparentemente interesado en la ecología. Se casó con una hija del doctor Emilio Martínez Manatou, que fue integrante del gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, gobernador de Tamaulipas y aspirante a la candidatura presidencial. Don Jorge dejó el partido en manos de su hijo Jorge Emilio y éste lo ha manejado literalmente como negocio personal que le permite pagar sus francachelas. Hace algunos años organizó una fiesta en un departamento de su propiedad en Cancún. Fueron contratadas varias modelos para amenizar el convivio y una de ellas, de origen eslavo, se arrojó desde el piso 19. Por supuesto que murió al instante. Tres testigos dieron fe de lo anterior. Jorge Emilio declaró que el departamento no es de su propiedad, que no asistió a la fiesta y que la muerte de la modelo fue un suicidio. Dos versiones encontradas.

El escándalo más reciente del Partido Verde fue la transmisión de propaganda política en plena veda electoral el pasado siete de junio. De hecho hubo difusión del Partido Verde el mismo día de la elección. En esta ocasión recurrió el Verde a los servicios del director técnico de la selección nacional de futbol, el famoso “piojo” Miguel Herrera. Al “piojo” se le olvidó que en su contrato con la Federación Mexicana de Futbol se estipula de manera explícita que tiene prohibido hablar de temas políticos o religiosos. Él mismo reconoció que cometió un error aunque afirma, contra lo que piensa la inmensa mayoría de la opinión pública, que no recibió dinero por hacer esa publicidad. Nadie le creyó porque hasta la corbata que se puso el día de la elección era verde.

Debido a todas esas irregularidades, se reunieron varios miles de firmas de personas que le solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro al Partido Verde. Lo que ignoran es que la tibieza del INE no da para tanto. Dicen los del INE que los únicos facultados para cancelar el registro de los partidos políticos son los ciudadanos en las urnas. Eso es parcialmente cierto y ya ocurrió con el Partido del Trabajo. No obstante, las autoridades electorales tienen funciones específicas en el control de las actividades partidistas, particularmente en el tema de la propaganda electoral.

Más allá de estos temas específicos, la ausencia de mayorías en las cámaras es algo que tarde o temprano tiene que resolverse. Hay quienes proponen la segunda vuelta electoral como solución. En varios países se aplica esta fórmula. El partido ganador en la segunda vuelta tiene automáticamente la mitad más uno en los congresos o parlamentos. En México se oponen a esta medida el PRI y MORENA. Calculan que en la segunda vuelta se unirían todos los partidos en su contra. Es posible que pudiera ocurrir.

Se han presentado ya propuestas para superar este problema. Hace algunos años el entonces senador y ahora diputado federal Manlio Fabio Beltrones formuló una propuesta para la creación de un régimen semiparlamentario en México. Esto implicaría la existencia de un jefe de Estado (el Presidente de la República) y un jefe de gabinete (el secretario de Gobernación). Este último sería nombrado a propuesta de los partidos políticos y tendría como una de sus principales funciones el nombramiento de los titulares del gabinete legal y ampliado. Cuando era gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto tenía una propuesta diferente: reducir el porcentaje para la formación de la mayoría en las cámaras, de 42% del total de la votación que actualmente se exige, a 35%. Ninguna de las dos prosperó. Peña Nieto ganó la elección presidencial con el 38% de la votación total y tuvo que recurrir al Partido Verde y al Partido Nueva Alianza para alcanzar la mayoría en las cámaras.

Si en la agenda y en el interés de los partidos no está la transformación del régimen de gobierno, como lo evidencia el Pacto por México que no contiene cambios políticos de fondo, ¿cómo se puede plantear y resolver el problema? Quizá la única salida sea una solución “de facto”, es decir, la formación de un gabinete plural, por parte del próximo Presidente de la República. Vicente Fox lo intentó pero mantuvo el presidencialismo vertical y el proyecto no prosperó. Además, esa pluralidad no implicaba alianzas con los partidos. Se buscaba, supuestamente, escoger a los mejores cuadros. Felipe Calderón y el actual Presidente optaron por rodearse de personas cercanas a ellos (amigos o paisanos). Eso garantiza lealtad y disciplina pero no necesariamente eficacia.

Las ventajas de un gabinete plural sustentado en alianzas con los partidos son evidentes. Los grandes proyectos serían aprobados casi en automático después de la negociación del gobierno con los partidos. Hagamos un ejercicio hipotético suponiendo que el PRI encabezara el gobierno: al PAN se le otorgan dos secretarías, al Verde una y al PRD otra. Muy probablemente MORENA no entraría en el arreglo. Las dependencias tienen muchísimos cargos importantes a repartir. Quedarían fuera de la negociación las áreas estratégicas de seguridad y gobierno. Integrados en el gabinete, los partidos tendrían que entrar forzosamente en un marco de negociación. De lo contrario, perderían prebendas muy jugosas. Se podrían aprobar y llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Actualmente, a la hora de aprobar el presupuesto, los diputados sólo piensan en lo que les pidieron sus electores (escuelas, clínicas, espacios deportivos, viviendas, etc.). Esto es importante. Sin embargo, el país necesita mucho más. Hacen falta supercarreteras, aeropuertos, trenes de alta velocidad, puertos, desarrollos turísticos, etc. Esto implica una enorme derrama económica y la consecuente creación de muchísimos empleos. Eso es pensar en grande y vaya que hace falta.