Jesús Orozco Castellanos

Mientras no exista el estado de derecho en México, la gente seguirá haciéndose justicia por propia mano. En el mejor de los casos, cuando hay agravios reales, los afectados deciden resolver las cosas a su modo. Pero hay ocasiones en que las ofensas ni siquiera existen. Es lo que acaba de ocurrir hace unos días en el municipio de Ajalpan, Puebla. Dos jóvenes encuestadores originarios del estado de México estaban haciendo su trabajo y empezó a correr la voz de que eran secuestradores. Varios pobladores los detuvieron, les propinaron una tremenda golpiza y finalmente los quemaron vivos, frente a los policías municipales que no movieron un dedo para rescatarlos. Después, los vándalos saquearon las oficinas municipales. Al momento de escribir estas líneas, se informó que ya hay 12 detenidos. Algo es algo.

En el año de 1968 hubo un famoso caso de linchamiento en el pueblo de San Miguel Canoa, también en Puebla. Cinco jóvenes que pretendían escalar una montaña, decidieron quedarse en el pueblo por el mal tiempo. Los habitantes, azuzados por el párroco del lugar, creyeron que eran comunistas y los lincharon para al final quemarlos vivos. Los hechos dieron lugar a una película, muy exitosa, por cierto, realizada por el director Felipe Cazals en 1975. Posteriormente, en noviembre del 2004, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, un grupo de vecinos de Tláhuac (Distrito Federal) atacó salvajemente a tres agentes de la Policía Federal Preventiva que realizaban trabajos de investigación sobre narcomenudeo y que tomaban fotografías a las afueras de una escuela. La población creyó que eran secuestradores, los golpearon sin piedad y los quemaron vivos. Uno de ellos logró sobrevivir. Entonces el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del D.F. era Marcelo Ebrard. El hecho le significó un ascenso: fue nombrado secretario de Gobierno del D.F.

Igual ocurre cuando soldados o marinos disparan contra población civil, sin órdenes de aprehensión, bajo el argumento de que se trata de narcotraficantes que cometen delitos en flagrancia. De hecho, tanto el Ejército como la Marina se han cansado de pedir al Congreso que se apruebe el marco legal para definir con precisión el papel de las fuerzas armadas. Hoy en día realizan funciones hasta de agentes de tránsito, cuando en realidad les corresponde la defensa de la soberanía nacional y la seguridad interior del país. Tradicionalmente han realizado también actividades en materia de protección civil y lo han hecho bastante bien, lo que les ha merecido un amplio reconocimiento nacional e internacional, como ocurrió en Estados Unidos tras el huracán Katrina.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, se ha insistido en que mientras no haya cuerpos policiales bien capacitados y con estímulos de buenos sueldos y prestaciones en los estados y municipios, tendrán que seguir realizando la tarea los soldados y marinos. También se requiere para esto una legislación precisa. Los casos de Tlatlaya (Edomex), Apatzingán (Mich.), Calera (Zac.) y Tanhuato (Mich.) hacen más o menos evidente que los militares tienen órdenes de tirar a matar, en lugar de aprehender a los delincuentes para que sean sometidos a proceso judicial. Obviamente esto les acarrea un grave problema de violación de los derechos humanos. La organización Human RightsWatch acaba de publicar un documento en el que condena los abusos de las fuerzas armadas mexicanas. Fueron entrevistados tres de los detenidos por la balacera de Tanhuato y relataron con lujo de detalles que se produjeron al menos cinco ejecuciones extrajudiciales. Algunos articulistas mexicanos señalaron que el documento carece de suficientes argumentos probatorios. No hay que darle tantas vueltas al asunto cuando el resultado fue tan desigual: 42 delincuentes muertos frente a sólo un policía. Y como dice el escritor Jorge Castañeda, nos han hecho creer que los narcos están altamente entrenados y que disponen de mejores armas que el Ejército y la Marina. En el caso de Tanhuato, todo hace suponer que se trató de una venganza porque unas semanas antes había sido derribado en Jalisco un helicóptero con militares a bordo. Murieron varios. En las que andamos: el Ejército haciéndose justicia por propia mano.

En todo caso, habría que poner sobre la mesa de la discusión el hecho de que, aparentemente, los militares han recibido órdenes de abrir fuego a discreción, sin preocuparse por las órdenes de aprehensión y los derechos humanos. Habrá quienes estén a favor de eso y habrá quienes esténen contra. Y ya que estamos en esto, también hay que someter a discusión la presencia de agencias norteamericanas como la DEA en territorio mexicano.Se informó que están participando en las labores de búsqueda del “Chapo” Guzmán en Sinaloa. Es de suponerse que están armados, toda vez que, según se dice, la escolta personal de este capo está compuesta por 30 elementos, algunos de ellos ex militares mexicanos y otros sonex ”marines” norteamericanos. Están armados hasta los dientes con misiles lanza-granadas RPG, metralletas “cuerno de chivo” y pistolas calibre nueve milímetros. Cargan con todo, de manera que los soldados y marinos no los van a enfrentar con resorteras.

Por cierto, desde que se fugó Guzmán Loera de la prisión de “máxima seguridad” del Altiplano, tuve la impresión de que se había escondido en las montañas del llamado “Triángulo dorado” (la confluencia de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango) y no, como señalaban algunas autoridades, en poblaciones de los estados de Querétaro y Chiapas. Finalmente se informó de manera oficial que tras la fuga se trasladó por tierra a San Juan del Río, Querétaro, y de allí se fue en una avioneta a Badiraguato, Sinaloa, de donde es originario y que está dentro del “Triángulo dorado”.

En resumen, la gente se está haciendo justicia por propia mano en todos lados, así se trate de ciudadanos de a pie o de autodefensas en Michoacán. A esto se agrega la falta de control sobre las fuerzas armadas. Lo más grave de todo es que los ciudadanos enardecidos no entienden de razones, de tribunales o de leyes. Reaccionan a la primera y responden con lo primero que encuentran: escopetas, fusiles o cuchillos. Y como decíamos, los muertos no siempre son el resultado de un agravio personal o colectivo. También hay agravios imaginarios, como ocurrió por desgracia en Puebla.

Una parte esencial del estado de derecho es nuestro sistema de justicia penal. Afortunadamente, en junio del próximo año entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal que será acusatorio y adversarial, es decir, con jueces, testigos, fiscales y abogados defensores. Será algo similar al sistema de justicia penal norteamericano. En algunos estados de México ya se aplica.

Quizá uno de los factores que harán lenta la puesta en marcha de este sistema es la falta de capacitación de los abogados. Conozco a varios que no saben hablar. Me resulta difícil imaginarlos ante un jurado. Seguramente de manera gradual se irán superando esos obstáculos. Sólo esperamos que no se vaya a posponer el nuevo sistema, como ha ocurrido con el apagón analógico.