Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Cada quien en su oficio es rey. Dicho popular.

La emboscada (aunque sin bosque), de que fue objeto hace unas semanas llegando a Culiacán, una patrulla militar que transportaba en calidad de detenido a un sujeto que resultó lesionado en un enfrentamiento contra un grupo, pandilla o célula de delincuentes, que se suscitó en un lugar cercano al sitio de origen y de fuerte influencia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha dado como consecuencia inmediata algunas acciones que merecen ser objeto de atención ya que se destacan, aún dentro del marco de un país lastimado por enfrentamientos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento interno, asesinatos a mansalva, fosas clandestinas, impunidad y corrupción galopantes.

En el homenaje que se rindió a los cinco soldados fallecidos en el enfrentamiento, el general Secretario de la Defensa Nacional, hizo patente la indignación de las fuerzas armadas, el dolor por la pérdida tanto de los familiares como de los propios mandos castrenses, y anunció la, digamos, contestación del Ejército a la provocación de los delincuentes. “Vamos con todo…” y no podría ser de otra manera. La incomodidad de las fuerzas armadas ha sido objeto de comentarios por columnistas de diarios nacionales “generalmente bien informados”. En este mismo espacio se ha señalado también el enojo por el manejo tan descuidado del traslado del reo herido, que propició ser objeto de la “emboscada”. Llamó la atención la discreta postura de las autoridades civiles, no obstante que, evidentemente estamos ante la presencia de la comisión de delitos del fuero federal que ameritan la reacción inmediata de la Procuraduría General de la República, antes que la de las fuerzas armadas. Al menos así habría de ser en tanto no nos constituyamos, y espero que no llegue a ocurrir, en un estado de excepción.

El Presidente Enrique Peña Nieto se manifestó solidario con los familiares de los soldados muertos y solidario con las fuerzas armadas. Anunció una indemnización importante en diversas prestaciones, incluso efectivo, para los ofendidos (deudos) y condenó las acciones de los delincuentes. La posición del Presidente es congruente con su investidura como jefe máximo de las fuerzas armadas, pero incongruente como presidente de una república, en la que los familiares de decenas de miles de desaparecidos, la mayoría seguramente muertos, esperan alguna información, algún atisbo de justicia, y ni esperanzas de pensar en una ayuda económica o prestacional. No se piense en los integrantes de grupos delincuenciales sino en las víctimas de los llamados daños colaterales, de los desplazados, de los que han sufrido las consecuencias de enfrentamientos “sin tenerla ni deberla”. Para ellos la justicia no alcanza.

Como secuela de la emboscada. Un grupo de militares (entiendo que en la jerga castrense tiene una denominación específica), ocupó las instalaciones de la policía de Culiacán y procedió a la revisión de las armas de la corporación en particular calibres y, seguramente, rayado. Esto que en otras circunstancias podría tomarse como una acción de revista normal, en el contexto de Sinaloa no puede menos que verse como la sospecha de que policías pudieran haber participado en el ataque a las fuerzas armadas, mas allá incluso de un “soplo” o aviso de la ruta del convoy militar. Es sabido que el crimen ha infiltrado en todos los niveles a los cuerpos tanto policíacos como militares. Los procesos judiciales suscitados a lo largo de esta larga “guerra”, dan cuenta de que no hay área que pueda estar a salvo de la corrupción. La fórmula se dice, es sencilla: “plata o plomo” y los héroes a estas alturas están escasos. Se comprende.

Hace menos de una semana otro anuncio del General Secretario de la Defensa Nacional volvió a centrar la atención en el desempeño del Ejército como fuerza policíaca. Aseveró que en adelante la Policía Militar se haría cargo del combate a la delincuencia fortaleciendo los cuerpos que de esta función tiene la Defensa. Sorprende porque dentro de los ordenamientos que tiene la función castrense la Policía Militar tiene una función específica hacía el interior: es órgano disciplinario, de orden y buen comportamiento del personal. Aseguran que la disciplina no se relaje. Se encargan de hacer cumplir arrestos, detenciones y en general las medidas correctivas impuestas por la superioridad que requieran la intervención de un grupo con esa función específica, pero no se desprende de sus lineamientos legales que pudiesen intervenir en acciones de particulares, que no tienen que ver con la disciplina militar, sino con comportamientos ilícitos sujetos al reproche del estado a través de los órganos fiscales y jurisdiccionales. Una medida de esta naturaleza, tendría que ser, en mi concepto avalada por la autoridad civil, mediante las modificaciones pertinentes, en su caso, a la legislación militar expedida por el Congreso de la Unión.

Hace tres o cuatro días Renato Sales Heredia titular de la Comisión Nacional de Seguridad propuso y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública integró una comisión que analizará si es viable crear un órgano que defienda los derechos de los policías, retomando la propuesta de la organización civil Alto al Secuestro de la Sra. Isabel Miranda de Wallace acerca de que debe crearse un ombudsman que garantice el respeto a los derechos humanos de militares, marinos y agentes. La ignorancia de la Sra. Miranda es explicable, la del Sr. Sales totalmente injustificable. Toda persona, sea cuico o ladrón, Comisionado de Seguridad Pública o Banquero es titular de derechos humanos, sólo que en cuanto a autoridad, no puede ser sujeto de ellos. En otras palabras, si el policía se extralimita con el ciudadano responderá por la violación de los D.H. del ciudadano, si el ciudadano se extralimita con el policía responderá por las faltas o delitos que haya cometido en agravio del policía. Afortunadamente la cordura imperó en los mandos del ejército, fuerza aérea y marina, y la iniciativa no prosperará.

En este apresurado recuento de hechos permea indudablemente la necesidad de acotar de manera legal las funciones policíacas del Ejército. Su trabajo fuera de los cuarteles y más allá de su diseño original ha producido desgaste y malestar. Al parecer no se le ha permitido actuar a fondo y los resultados de su incursión en tareas policíacas no han sido los que se esperaban cuando la declaración de guerra del presidente Felipe Calderón. Será necesario replantear el “combate” a las adicciones, desde el punto de partida de que se trata de un problema de salud pública antes de un problema de seguridad nacional. El enfoque sería distinto y seguramente los resultados también. Una última ocurrencia: Durante todo un año en una edad clave para la definición de una actitud ante la vida, los jóvenes mexicanos están a disposición del Ejército para el Servicio Militar Nacional. De esos jóvenes han salido los narcos, los sicarios, los secuestradores, los pederastas, y también desde luego los buenos y patriotas mexicanos. Pero queda el gusanillo de que se hubiera podido hacer mucho más de lo que se ha hecho con esa juventud.

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