Una de las más nobles tareas que hay en el planeta Tierra es la de enseñar, guiar, asesorar, darle las herramientas fundamentales al discípulo para que sea un hombre o una mujer que le permita valerse en la vida, labor que en el caso de los profesores se asimila en las escuelas normales y de las que egresan con la ilusión de poner en práctica todo aquello que aprendieron.

Con el diploma en mano, que los acredita como maestros en educación, van a la búsqueda de una oportunidad de trabajo y se encuentran con la terrible realidad de que hay una pírrica oferta y que lo poco que está sobre la mesa se somete a una competición, con lo que sólo unos cuantos pueden acceder y eso a unas horas-clase, un interinato o una suplencia, que en ningún caso les garantiza que cumplido el período vuelvan a ser contratados.

Para el próximo ciclo escolar, que se inicia en agosto, presentarán examen 2,150 docentes para educación básica y únicamente habrá 46 plazas – 34 para educación preescolar y 12 de primaria -, lo que demuestra que existe una desconexión con la realidad, al mantenerse la matrícula inicial en las normales a pesar de que se sabe que como profesionistas predomina un campo de trabajo muy reducido.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) subraye la importancia de que los interesados presenten la prueba para ser considerados como solicitantes a ocupar un lugar, ya que de la calificación que obtengan se hace una lista para que en orden de prelación puedan obtener una vacante, de cualquier manera no llega ni al 25% de la demanda.

Tan solo el año pasado hubo alrededor de 500 puestos disponibles por jubilación, fallecimiento o renuncia, cifra que podría ser similar esta vez, por lo que si se tiene en cuenta que son 2,150 los postulantes se tendrá que 1,500 quedarían fuera, a los que se agregan quienes egresan el mes próximo de las normales públicas y particulares.

Algo tienen que hacer las autoridades del ramo, principalmente informarles a los que aspiran o estudian esa carrera sobre el futuro laboral que les espera. Aunque no es una medida eficaz, porque quien quiere ser profesor no le importará las vicisitudes que enfrente, podría eliminarse o reducirse por un tiempo la inscripción inicial, evitándose así tener un ejército de desempleados y lo que es peor, que ante la falta de trabajo se dediquen a una labor distinta, con la consecuente pérdida de talentos y de recursos económicos que se destinaron para su formación.

Aunque sea un tema muy comentado vuelve a ser actualidad la tan jalonada reforma educativa, ya que ninguno de los que dan clases tiene seguro el trabajo – cualquiera que sea su tiempo de servicio o que oficialmente tenga una plaza que presuntamente les da solidez al lugar que ocupa -, porque periódicamente debe presentarse a una evaluación, que determinará si es apto para estar ante grupo; que en caso de tener calificación de “insuficiente” recibirá dos oportunidades más y si continúan con la misma valorización se les dará de baja.

Es el único sector profesional del país que está sometido a este tipo de prueba para conservar su puesto, lo que en términos vehemente es discriminatorio, pero se mantiene gracias al apoyo del Congreso de la Unión y de los congresos locales – que aprobaron las reformas constitucionales – y del SNTE, que desde la aprehensión de su ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales arrió banderas.

Son cuestiones que deben tener presente los alumnos de normales y quienes deseen estudiar esta carrera, con lo que se evitarán una desilusión cuando deban enfrentarse a las circunstancias laborales que están muy lejos de ser las bonancibles que en teoría debería de ser.

IMPUESTO DISFRAZADO

En uno de sus tantos artículos del desaparecido periodista, escritor y diplomático Marco A. Almazán (1922-1991), destacaba con cierto humor que el gobierno tenía una oficina destinada exclusivamente para crear impuestos, pero su virtud no era tanto eso sino acompañarlos de una campaña que fuera capaz de hacerle sentir a los contribuyentes la satisfacción de cooperar con la autoridad.

Algo puede haber de verdad porque ahora está de moda que los gobiernos estatales y municipales busquen la manera de captar más recursos, ya que de las arcas federales habrá cada vez menos apoyo, por lo que alguien descubrió que podría implantarse uno para el medio ambiente, también conocido como “impuesto verde”.

Lo anterior supliría la desaparecida tenencia vehicular, que tanto presumieron la mayoría de los mandatarios al asegurar que su cancelación fue una promesa cumplida de campaña, sin embargo tal parece que poco tiempo les duró el gusto a los propietarios de vehículos motorizados, porque ya se encaminan los pasos hacia el nuevo gravamen.

Desde hace tiempo se ha señalado que la contaminación reduce años de vida e incluso puede provocar afectaciones cardiacas que lleven a una muerte fulminante, por lo que es necesario aplicar medidas que reduzcan los niveles de ozono y la única manera de hacerlo es invertir los recursos que sean necesarios, los que la administración pública no tiene, por lo que si los habitantes quieren tener una mejor calidad de vida deben cooperar para los programas de combate a ese problema.

De cara a esa operación, Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), calificó como “desafortunado” que llegara a fijarse esa gabela, “ya que este tipo de impuestos finalmente no vienen cumpliendo aquello para lo que fueron creados”.

Tomó como referencia el hecho que la tenencia vehicular se creó en 1968 para sufragar los gastos de los Juegos Olímpicos de México, impuesto que se mantuvo por más de 40 años con lo que se afectó a toda una generación, ya que del propósito original nadie se acordó al pasar a ser uno más de los ingresos a las arcas públicas.

En el caso de los transportistas de carga y vehículos de pasajeros estuvieron exentos de ese pago, pero hace 20 años que se lo aplicaron sin que hubiera una explicación lógica, por lo que no se duda que el “impuesto verde” sea para todos, aunque a la hora de utilizarlo no sea precisamente para mejorar el medio ambiente.

Se ha mencionado que su pago lo harían sólo los poseedores de unidades vehiculares, con la explicación que son los principales agentes contaminantes, olvidándose que hay fábricas de todo tipo, talleres mecánicos, ladrilleras y otros negocios que también intoxican el hábitat, por lo que esta lucha debe ser global y en lugar de impuestos obligar a cada quien que aplique las medidas adecuadas que evite la polución.

 

¿SÓLO LOS MOTOCICLISTAS?

 

A pesar de que fue un fracaso en la zona metropolitana de Guadalajara la campaña en contra de los motociclistas, a quien se imputaba que varios de ellos utilizaban las unidades para cometer asaltos, en Aguascalientes se puso en marcha algo similar luego de los robos que han sufrido cuentahabientes y negocios. La orden de los jefes policíacos es detener la marcha de todos los tripulantes para que comprueben la propiedad del vehículo, porten la placa y presenten la licencia y tarjeta de circulación, entre otros requisitos. En caso de haber alguna anomalía les será incautada y podrán recuperarla hasta que cumplan con todas las exigencias. Suponen que con ello disminuirán el número de asaltos, por lo que bien harían con informarse en Jalisco cuál fue el resultado y que no fue otro que siguieron – y siguen – los hurtos. Si se considera que los motociclistas son responsables de lo que sucede, entonces no tardan en disponer algo parecido con los más de 400 mil medios de transporte que hay en la entidad, toda vez que sea en automóviles y camionetas huyen los ladrones. Más bien esto “huele” a una campaña recaudatoria y no a la búsqueda de reducir el índice delictivo.