Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 16-Sep .- El Gobernador de Chihuahua, César Duarte, se presentó ante la Procuraduría General de la República en la investigación que se le sigue por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La averiguación previa la instruye la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF), que está a cargo de Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, y fue iniciada hace dos años tras una denuncia de Javier Corral, hoy Gobernador electo de Chihuahua.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, Duarte llegó el pasado lunes, alrededor de las 11:00 horas, a las oficinas de la UEAF, en la sede principal de la PGR, en Paseo de la Reforma 211.
El Gobernador acudió en forma voluntaria para aportar datos con los que pretende aclarar su situación patrimonial, en especial sus bienes inmuebles y financieros, que son objeto de la indagatoria.
Datos recabados señalan que uno de los abogados que Duarte tiene registrado en la indagatoria es Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien defendió al General de División Tomás Ángeles Dauahare en el proceso por delincuencia organizada.
En noviembre de 2014, el entonces Senador Javier Corral y otros legisladores del PRD y PT acusaron a Duarte de adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua.
La institución financiera fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en marzo de 2014 y se había constituido con la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio.
Los senadores hicieron suya una denuncia que presentó el 23 de septiembre de ese año el activista Jaime García Chávez, quien además acusó al Gobernador de haber realizado una transacción de 65 millones de pesos para tener su participación en el banco.
En la querella se señaló al Mandatario de usar el erario en beneficio propio y de su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
Poco después, Corral precisó que Duarte había depositado 834 millones de pesos de las arcas gubernamentales al Banco Progreso Chihuahua, a cambio de rendimientos del 3.95 por ciento, en contraste con el 6.7 por ciento que ofrecía en su publicidad.
El principal cuestionamiento de los denunciantes es que, en apariencia, Duarte no debería tener un patrimonio millonario cuando sus ingresos como Gobernador ascienden a 120 mil 245 pesos mensuales.