La orden que dio el director de tránsito municipal de Aguascalientes para multar al conductor de un vehículo motorizado, cuyos acompañantes consuman bebidas embriagantes o vayan en estado de ebriedad, no sólo va en contra de la campaña del “conductor designado” sino que viola el Artículo 16 Constitucional.

Fue sorprendente escuchar al funcionario en una entrevista radiofónica, al anunciar que se aplicará una sanción superior a los 700 pesos al automovilista, que aún cuando esté sobrio, traslade a quienes estén bebiendo líquidos espiritosos o viajen en estado etílico.

Lo anterior contradice las campañas gubernamentales, del sector privado y de agrupaciones sociales, que desde finales del siglo pasado se han llevado a cabo no sólo en México sino en casi todo el mundo, para que quien beba no conduzca y si bebe que viaje con un guiador que esté abstemio.

Recientemente, durante el carnaval 2016 en Yucatán, la policía federal llevó a cabo un operativo para concientizar y comprometer a los conductores que se trasladaban a las instalaciones a no ingerir bebidas alcohólicas, y en caso de hacerlo designar a uno de los acompañantes como el conductor designado, colocando una pulsera al escogido con la leyenda “conductor designado” y de común acuerdo con las empresas cerveceras, a los portadores de dicha pulsera no se les vendía bebidas con alcohol. Como resultado de este programa se colocaron  450 pulseras y lograron reducir el número de accidentes.

En Aguascalientes también se realizan modelos similares, incluso con la invitación a los tomadores para que utilicen el taxi para su regreso al hogar, pero que con las instrucciones del titular de tránsito municipal hasta los taxistas podrían verse perjudicados por llevar a borrachitos en su vehículo.

Se desconoce cuál es el sustento legal para imponer ese tipo de sanciones, pero cualquiera que sea es nugatoria frente a la Carta Magna, que en su Artículo 16 establece: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” y en este caso el vehículo es parte de las posesiones de un ciudadano, por lo que se podrá actuar únicamente “en los casos de flagrante delito” o mediante una orden de cateo “que sólo la autoridad judicial podrá expedir”.

Lo anterior ha quedado demostrado en varias ocasiones en esta ciudad, cuando alguien se ha visto involucrado en un accidente y se encierra en su vehículo, por lo que no queda otra opción que trasladarlo con grúa para ponerlo a disposición de la autoridad competente, que deberá tramitar la orden de cateo y de esa manera proceder a su aprehensión.

Como se ha comentado Con Usted, resulta contradictorio que se promueva la Feria Nacional de San Marcos como la “feria de ferias”, en la que está permitido deambular con la bebida en plena vía pública y tan es así que hay una campaña para cambiar el vaso de vidrio por uno de plástico, ante la presunción que pueda ser utilizado como arma para agredir, lo que es una constancia plena de que ahí no se va a beber agua de limón ni de jamaica.

Está claro que en restaurantes y centros de baile su mayor ingreso proviene de la venta de bebidas embriagantes, por consiguiente es una invitación tácita a los asistentes a la Feria para que las adquieran, pero una vez que termina la parranda se topan con el alcoholímetro que lógicamente evidencia que tiene un mayor grado de embriaguez que el permitido, por el que se le detiene y debe pagar miles de pesos para recobrar su libertad, además de la grúa y la pensión municipal.

Pero si elige retornar a casa con un conductor designado o en taxi, los que van al frente del volante se exponen a ser multados por llevar como pasajeros a quienes están ebrios o siguen la fiesta dentro del vehículo.

El titular de tránsito podrá recurrir a cualquier argumento para justificar la multa, pero ninguno será válido, a menos que con esa actitud puritana promueva que se modifique la Constitución para que en las ferias populares del país se imponga la “ley seca”.

TEMERARIA DENUNCIA

Ante la urgencia de ser el primero, un diputado federal de Aguascalientes acusó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de ser el probable responsable de la filtración de la lista nominal de electores a la “nube” de internet de Amazon, pero dos días después Movimiento Ciudadano (MC) aceptó que dicha lista era del MC y en su defensa argumentó que fue “hackeada”.

La imputación la hizo sin mayores elementos que una simple suposición, aprovechando el momento político y bajo el principio que de versión propalada algo queda.

Hasta el momento de su declaración, el legislador tenía la confianza que sería provechoso para su partido que los verdes resultaran responsables de ese problema, ya que esto les daría armas para atacar, sin embargo el martes pasado se divulgó que el Movimiento Ciudadano estaba inmiscuido, en función que cada copia del listado tiene un candado, por lo que se puede detectar quien pudo haberla filtrado.

Todo apuntaba a que fuera así, como lo documenta Reforma, tras de que el pasado 19 de febrero este partido fue multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con 76 millones de pesos por la fuga de datos del padrón que le entregaron en 47 discos en 2013, sanción que fue impugnada por MC ante el Tribunal Electoral, que aún no ha dictaminado.

El viernes de la semana pasada el INE informó de una nueva filtración del listado electoral con más de 80 millones de registros, que contenía los datos de los electores, sin foto, al corte de febrero de 2015

Por su parte, E l Universal dio a conocer en su edición del 28 de abril, que Movimiento Ciudadano reconoció que puso a disposición de terceros la lista nominal, lo que prohíbe la ley, por lo que se puede hacer acreedor a una sanción. El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, estuvo en el INE para explicar que entregó a Amazon Web Services, que se dedica al resguardo, protección y administración de datos, una de las copias del padrón, asegurando que no vendió los datos, sino que la base de esta empresa fue “hackeada”, razón por lo que presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) contra quien resulte responsable.

Ojalá que con la misma facilidad con que acusó al PVEM, el diputado federal  reconozca que hubo precipitación en la delación y haga pública una disculpa, que el fuero no sea motivo para lanzar inmundicia y quedarse tan campante. Hay que predicar con el ejemplo, porque corrupción no es sólo apropiarse de recursos del erario, sino hacer gala de maldad verbal.

APEGO A LOS ESTUDIOS

Por décadas se han analizado toda clase de extremos que permitan conocer qué es lo que arraiga a los jóvenes a los estudios y cuáles motivos tienen para abandonarlos. La cuestión económica prevalece sobre las demás en una y otra causa, sin embargo la inquietud es mayor cuando se verifica el elevado número que no termina el bachillerato o una licenciatura. Seguramente que sin proponérselo, el Gobierno de la República ha dado un paso de gran importancia con la incorporación de la totalidad de estudiantes de nivel medio y superior de escuelas públicas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convirtiéndose en una razón de peso para que sigan adelante y así mantener la atención de la salud, que es un factor determinante en la economía de las familias cuando se debe acudir al médico o la atención especializada, inscripción que por cierto es ampliamente publicitada por la institución.