La entrada en vigor del delito de amenazas y cobranza extrajudicial ilegal el pasado 23 de junio ha colocado en la mira de la autoridad a los despachos que han hecho costumbre la práctica de conductas ilegales en todo el país para la recuperación de créditos, advirtió el presidente del Poder Judicial, Juan Manuel Ponce Sánchez.

El tipo, sin embargo, está contemplado exclusivamente en el Código Penal Federal, por lo que, si bien sus alcances son para toda la República Mexicana, aplica sólo cuando se trata de actos de leyes federales, fundamentalmente vinculados con el Código de Comercio, explicó.

Esto es el cobro de pagarés, créditos y tarjetas bancarias y de almacenes, hipotecas, deudas entre empresas, de un negocio contra un particular, es decir, todo lo que se refiere a actos de comercio.

En ese sentido, el magistrado Ponce Sánchez señaló la pertinencia de que los legisladores locales dieron seguimiento a lo que a nivel federal ya existe, para analizar si hay beneficio o no de que Aguascalientes tenga una figura similar.

Y es que es un clamor generalizado entre la sociedad frenar el acoso de despachos que recurren a llamadas amenazantes e incluso a la usurpación de funciones de actuarios, uso de sellos falsos y a la violencia como vía de recuperación de deudas.

Se llega al extremo incluso de que los particulares consideran que están siendo extorsionados para obligarlos a cubrir un pago pendiente del que, por supuesto son responsables, pero no sujetos a una presión extrajudicial y engañosa en su contra.

Ese es el esquema ilegal que el legislador federal quiso regular con la reforma hecha al Código Penal Federal, el cual sanciona ahora con 1 a 4 años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Contempla además que, si hay uso de documentos o sellos falsos, la pena económica aumentará un 50%, en tanto que si incurre en usurpación de funciones o de profesión, aumentará el castigo con base en el Código Penal Federal.