Por décadas Estados Unidos promovió la imagen negativa de los países comunistas, al catalogarlos como lo más abominable de la democracia y daba como ejemplo Cuba, que había sido atraída a la órbita de la ya desaparecida URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), de la cual, entre otras cosas se mencionaba que los ciudadanos tenían que demostrar cómo se habían hecho de algún bien extra en virtud que no concordaba con su ingreso, para ello el gobierno utilizaba como vigilantes a los propios vecinos encargados de denunciar al que dejaba de estar en la igualdad que exigía el régimen.

En contraparte, los defensores de la administración cubana defendían la forma de gobernar de Fidel Castro y daban como ejemplo que los sistemas de educación, salud y deportes eran un ejemplo internacional, lo que se podía comprobar con los éxitos alcanzados en cada una de estas ramas.

Se puede cuestionar al autor de este espacio a qué vienen estos comentarios y la respuesta es muy sencilla, a la actitud que ha adoptado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de investigar a los contribuyentes cuando sus gastos superan sus ingresos declarados.

Las facultades que le otorgó el Congreso de la Unión le permiten al SAT indagar la vida privada de cualquier persona residente en el país, trátese de mexicanos o extranjeros, bajo la presunción que si gasta más de lo que gana es porque tiene relación con la delincuencia, que es un “lavador” interno de dinero, un prestanombre e incluso alguien que recibe recursos de otro país para “blanquearlo” y en último de los casos que trabaja en la informalidad.

El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), José Antonio Guerra Caparrós, destacó que la indagatoria se puede llevar a cabo a través del análisis de las cuentas bancarias de los contribuyentes, de los créditos contraídos en tiendas departamentales y otros “cruces” de información, lo que permite determinar lo que se conoce como “discrepancia fiscal”.

La razón jurídica para actuar de esa forma se encuentra en el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que pone en la mira de la autoridad fiscal a cualquier contribuyente fiscal, “sin que signifique violaciones a los derechos de los causantes”, aclaró Guerra Caparrós el pasado 22 de febrero.

La “discrepancia fiscal” se reforzó en la actual administración federal a partir del uno de enero de 2014, que cabe reiterar, con el permiso de los diputados federales que son los encargados de introducir cualquier cambio a la ley y que tan bien sabe aprovechar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el SAT, al examinar con lupa las cuentas bancarias, inversiones, créditos en tiendas departamentales y cualquier otro mecanismo financiero en el que el ciudadano maneje fondos.

A lo anterior podría deberse la actitud insistente que sea mayor el uso de plásticos (tarjetas bancarias) y cheques para el pago de cualquier movimiento económico o tipo de compra, llegándose a proponer que hasta en el pago de los alimentos en la tienda de la esquina se aplique esta norma, lo que no ha prosperado por las dificultades que significaría para los tenderos y amas de casa pero la posibilidad está latente, luego del éxito que ha tenido la entrega del salario a los obreros a través del cajero automático, con lo que empresas .y trabajadores están bajo el escrutinio de la SHCP que en cualquier momento puede cotejar ingresos y egresos de ambas partes y luego determinar si coincide con su forma de vida.

Para no dejar lugar a dudas, el representante de la Prodecon explicó que la autoridad fiscal no juzga la capacidad de adeudo del contribuyente, sino que cuestiona cómo le hace para pagar. Sería el caso de alguien que gana 20 mil pesos mensuales y obtiene un crédito por 2 millones de pesos, entonces investiga sobre los pagos que realiza y de ser mayores a lo que cobra determina que existe “discrepancia fiscal”.

De llegar a comprobar que el causante gasta más de lo que gana se aplica automáticamente el crédito fiscal con el monto que la autoridad estime que ha evadido, lo que puede ser combatido en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, contando con 30 días para presentarlo y tratar de revertir el crédito fiscal.

Aunque la figura de la auditoría fiscal fue creada para el combate a la informalidad, las facultades del SAT pueden ir tan lejos como lo considere necesario, como en los movimientos bancarios sin sustento fiscal y una vez localizada la persona o empresa que está en esa condición será dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de forma automática.

Ciertamente, en tiempos de la Guerra Fría se decía que era una práctica común vigilar a los ciudadanos que habitaban en los países que estaban bajo la férula de la “cortina de hierro”, lo que hoy se replantea en México bajo hechuras legales, con lo que dígase lo que se quiera, pero nadie puede escapa al sistema óptico creado para uso exclusivo de la autoridad hacendaria.

EXIGEN FRENAR A CAASA

Ante la insistencia de CAASA de recurrir a la suspensión del servicio de agua potable a los hogares que tienen adeudos, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado le exigió al gobierno municipal de Aguascalientes que inicie el proceso de revocación de la concesión y aplique medidas disciplinarias en la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CAPAMA), por el incumplimiento de vigilar e inspeccionar lo que hace la compañía privada.

El diputado presidente de la citada Comisión, Jesús Rangel de Lira, señala en los oficios que dirige al Presidente Municipal, que es necesaria su inmediata intervención y ordene a CAASA que prohíba “las ilegales prácticas de suspensión de prestación del servicio de agua potable” a los hogares, que según la concesionaria han dejado de pagar por tres o más meses el servicio, lo que, indica el legislador, vulnera “lo estipulado por el artículo 104 de la Ley de Aguas del Estado de Aguascalientes, además de estar violentando lo ordenado por el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, dentro de los autos del juicio de amparo 1825/2015-I, en el cual, le fue negada la suspensión definitiva del acto reclamado”.

Asimismo, se utiliza los servicios de despachos de abogados para aterrorizar a los usuarios y urgirlos a que paguen el adeudo, sea en su totalidad o en parcialidades, lo que ha surtido efecto en varios de ellos, como lo hace constar en fotocopias que anexó en la carpeta que entregó en palacio municipal y en las cuales se amenaza que si en un plazo de tres días hábiles no se presenta en las oficinas de los litigantes, “interpretaremos como una renuencia a negociar por lo que procederemos con la reducción del servicio con las consabidas consecuencias de ello”.

La interrupción del servicio que hace la firma francomexicana quebranta lo ordenado por el magistrado, por lo que Rangel de Lira pretende que se revoque el título de concesión, que entre paréntesis no es algo tan simple, toda vez que el título de concesión fija que si el Municipio da por terminado el permiso tendrá que pagar una indemnización y lo que en otras ocasiones ha mencionado CAASA, las inversiones que ha hecho a lo largo de 21 años, monto que podría superar los 900 millones de pesos.

Lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es obligar a la empresa a ceñirse al mandato del Juez de Distrito y apremiar a CAPAMA para que cumpla con su responsabilidad de ser vigilante permanente de CAASA, porque cancelar la concesión significaría un boquete millonario que no podría soportar la administración municipal y menos este año en que se tiene una reducción drástica de recursos federales.