Con bombo y platillos, el Instituto de Educación de Aguascalientes anunció que están sujetos a investigación dos directores de escuelas por su presunta participación en el cobro de cuotas de inscripción, mismo destino que enfrentarán los docentes que tengan una actitud similar.
Para llevar al banquillo de los acusados, el IEA se basó en lo que establece el Artículo 3º constitucional, que prevé que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita” y que esta vez se fortalece con lo que dio a conocer el gobernador José Carlos Lozano de la Torre, quien dispuso la entrega de 30 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de todas las escuelas públicas de educación básica, en beneficio de 286 mil alumnos.
En principio, los diputados locales autorizaron 10 millones de pesos para ese fin y que el mandatario estatal ordenó agregar otros 20 millones, con lo que se podrá atender las necesidades que tenga cada plantel. Afirmó que al ser gratuita la educación, el mantenimiento de los planteles no debe ser tomado como un pretexto para el cobro de las cuotas “voluntarias” que cada año genera un problema económico a los padres de familia.
Por lo informado se espera que durante el periodo de vacaciones se haga el mejoramiento de instalaciones hidráulicas y eléctricas y el repintado de cada lugar, para que al regreso a clases los alumnos encuentren los planteles en buenas condiciones.
Hasta ahí todo es color de rosa, que será algo así como llegar a la escuela soñada, lo que obligaría a un reconocimiento a las autoridades por el interés que han puesto para que la población escolar goce de estas delicias y sobre todo, que los padres de familia dejen de pagar la cuota “voluntaria”, la que por cierto, pagaron casi en su totalidad para que sus hijos no tuvieran problemas en el curso del año lectivo, contribución que fue entre 500 y 900 pesos, según fuera jardín de niños, primaria o secundaria.
Frente a ese propósito, de acabar con las citadas cooperaciones, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada mediante decreto por la Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2014 y publicada por el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de diciembre, establece que los tres niveles de gobierno deben garantizar los derechos de los menores, entre ellos que “tengan acceso al agua potable para su consumo e higiene” (Artículo 116, inciso XXV).
Va a ser necesario que se le dé seguimiento puntual al punto anterior, porque es común que en las escuelas de la periferia de los centros urbanos y en la zona rural, no haya sanitarios sino letrinas, y el agua para “el consumo e higiene” de los alumnos no se conoce; asimismo, hay salones con vidrios rotos y la famosa conectividad para Internet es sólo un deseo.
Hablar de 30 millones de pesos es decir una buena cantidad, pero es difícil que alcance para cubrir todas las exigencias de los planteles públicos, ya que es un problema con varios años de rezago, aunque también podría esperarse que con lo que recaudaron las agrupaciones de padres de familia se alcance para ese fin.
Lo que es una realidad es que las citadas cuotas van a seguir, porque se necesitan para sufragar gastos que el gobierno no va a hacer, como son los enseres que se requieren para las clases y para los festejos por el Día de la Madre, del Padre, del Niño, del Maestro, etc., aportaciones que tienen que cumplirse por consenso y nunca obligatorias, que además sean determinadas una vez que se inicien las clases para que estén desvinculadas de la inscripción y sin la intervención del profesorado. Con ello se evitará los malentendidos que la más de las veces son rumores que luego se toman como verdades absolutas.

PROPICIAN EL ENCONO

Los partidos políticos no tienen que buscarle mucho para encontrar el porqué la sociedad los tiene en tan mal concepto, al ser ellos mismos los que favorecen la animadversión. Sus actitudes contradictorias generan que cada vez se crea menos en lo que hacen y que luego se refleje en las urnas.
Lo ocurrido el 7 de junio pasado entre panistas y priistas, al enfrentarse “distinguidos” militantes por nimiedades, dieron la nota en aras de ocultar la bajísima participación social, lo que a final de cuentas no consiguieron, pero dejaron una estela de delitos que deberían de castigarse para que no quede como una anécdota más de las que se vive en cada proceso.
En conferencia de prensa que tuvo lugar el 14 de julio pasado, el presidente estatal del PRI, Francisco Guel Saldívar, dio a conocer que presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del dirigente municipal capitalino del PAN, Rodolfo Téllez, por presumibles acciones de choque y agresión “para inhibir el voto mediante la violencia” y la cual, dijo, “se encuentra comprobada y documentada”, por lo que exigió que se investigue a fondo.
Guel Saldívar aseveró que la denuncia la sustentó en la información comprendida en un teléfono celular perteneciente a un miembro del PAN “que se hizo llegar al PRI” y el cual se encuentra ya en poder de la PGR para su análisis correspondiente. Lo que se encontró en el móvil fueron “todas las cochinadas, las tropelías que Acción Nacional hizo el día de la elección” y que según el líder tricolor involucran a Téllez, a un funcionario del ayuntamiento de Aguascalientes y a un diputado local, lo que derivó en la agresión “al priista Tagosam Salazar Imamura, persecución de votantes y órdenes de ponchar llantas de vehículos pertenecientes a ciudadanos que no les son afines, entre otras”.
La respuesta de Téllez no se hizo esperar y al día siguiente señaló que el aparato le fue arrebatado a su propietario, Salvador González Hernández, a base de golpes, por lo que hizo responsable de lo ocurrido a la directiva del PRI, mostrando fotografías de los golpes que sufrió la “víctima”. Por su parte, González afirmó ante los reporteros que “los hechos ocurrieron a las 10:30 horas (del 7 de junio), cuando advertí la presencia de acarreo de personas en un taxi; al percatarse de que los había fotografiado, varias personas de tipo cholo se fueron contra mí”.
Lo anterior se dio a conocer cinco semanas después para mostrar su postura ante la imputación de Guel y se aprovechó para exhibir pruebas de lo “verdaderamente ocurrido”, presentando una copia de la denuncia que hicieron en esa fecha en la Procuraduría General de Justicia.
En este ping-pong de acusaciones y defensas, Francisco Guel Saldívar dijo que Rodolfo Téllez “ha terminado por enredarse en sus mentiras” y reconoce “la abierta intromisión del municipio capital en la jornada electoral”, a partir de que no desmintió el contenido del citado teléfono, sino que se dedicara “a inventar agresiones y robos para no entrar al fondo del asunto”; no obstante, apuntó, queda de manifiesto que Alberto Aguilera Esparza es coordinador de delegaciones urbanas y rurales, y Salvador González Hernández trabaja para la Secretaría de Administración, ambos en el gobierno municipal.
De ser cierto lo que cada quien plantea, se establecen varios delitos, unos de índole federal y otros estatal, por lo que si en verdad quieren una “nueva política”, debería llevarse el asunto hasta los tribunales, de otra manera quedará como una más de las vaciladas que se viven en cada elección, en donde se acusan de todo a sabiendas de que no habrá castigo, que queda en simples baladronadas y que es justamente lo que recriminan los ciudadanos.