A partir de este martes se tienen diez días para conocer el mensaje que emita Donald Trump durante la ceremonia en la que rinda juramento como presidente de Estados Unidos, del cual se desprenderán las acciones que involucren a México, y que podrían afectar política, social y comercialmente.

El ajuste del reloj diplomático México-Estados Unidos ha creado una gran expectación en distintos sectores de ambos países, ya que las medidas que adopte serían igual de nocivas para los dos lados, principalmente en materia de inversión y empleo.

El 20 de enero es la fecha prevista para que se convierta en mandatario de los estadounidenses, lo que en otros términos no debería ser motivo de atención especial de los demás países, ya que es una situación interna, sin embargo la retórica trumpiana de campaña y después de las elecciones ha sido agresiva en contra de las minorías, de los intereses de México, de China y de los musulmanes y de todas aquellas naciones o grupos de extranjeros que desde su punto de vista son “enemigos” de su patria.

Aunque Aguascalientes figura en el noveno lugar del mapa de los indocumentados, debería de ser tema de preocupación que en el corto o mediano plazo se les expulse, ya que cualquier número que sea exigirá darles atención inmediata, lo mismo que a su familia.

Hasta ahora no existe una partida especial para ese fin en el presupuesto del gobierno del estado ni de los municipios, cuando a estas alturas ya tendría que haber algunas tareas en marcha para asegurarles la reinserción a la vida de la entidad y bajo condiciones que atenúen el impacto emocional.

La voz de alerta la lanzó Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al señalar en su visita a Aguascalientes, que “ni el país ni el estado están preparados para recibir a los connacionales”, declaración que hizo desde el 18 de noviembre, por lo que la pasada administración pudo haber iniciado un programa y que lo continuara la actual.

En la búsqueda de mitigar los efectos que puede haber, el dirigente consideró difícil que Trump cumpla sus amenazas, porque tendría que contar con un número muy elevado de policías para localizar y aprehender a los migrantes sin documentos y las suficientes cárceles o centros de detención. Sostuvo que “el reto es de allá para acá, nosotros como país no estamos preparados para recibir a tres millones de personas, pero tampoco ellos (para rechazarlos)”.

Consideró incluso que “no hay que temer ante las palabras de Donald Trump (…), no es nada más de decir ya no los quiero, llévenselos; hay mucho camino por recorrer”, ya que de hacerlo podría recurrirse a las leyes de EU y a las cortes interamericana e internacionales, además de que hay lugares en Estados Unidos que se oponen a que se lleve a cabo ese plan, debido a que tendrían problemas de mano de obra y comercio.

En el caso local es importante fijar las acciones que se lleven a cabo, que podría no ser necesario si nada cambia, pero es preferible estar preparados a que de última hora se trate de hacer todo sobre la marcha, quitándole recursos a unos programas para dar respuesta a lo inmediato.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un número aproximado de 150 mil aguascalentenses que radican o están en tránsito en Estados Unidos, pero difícilmente puede ubicar cuántos cruzaron la frontera sin documentos, aunque en base a información cruzada con el INEGI registra que Calvillo es el municipio con mayor número y le siguen El Llano, Asientos, Tepezalá y San José de Gracia; los demás también tienen ciudadanos que trabajan en diversos estados del vecino país, principalmente en California, Texas, Illinois, Colorado y Oklahoma.

A PASAR POR EL ARO

Cada quien tiene una fórmula para eliminar el “gasolinazo”, algunas pueden ser aplicables y otras son simplemente ocurrencias o con ánimos de figurar mediante ofensas a las autoridades, pero hasta la fecha no hay quien exprese argumentos sólidos, que tenga bases técnicas, que le permitan al ciudadano sopesar lo que vive y de qué manera se puede salir adelante.

La solución que más se escucha proviene de diputados federales y senadores de distintos partidos, quienes proponen reducir al 50% el impuesto que recaba el gobierno por la venta de los carburantes, lo que de concretarse significaría que dejaría de obtener más de 150 mil millones de pesos.

También plantean que en la misma proporción se rebajen los ingresos que obtienen todos los funcionarios del gobierno federal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Instituto Nacional Electoral y en general, de todo el aparato público, incluyendo el despido de miles de burócratas.

No obstante, los mismos legisladores se han cuidado de mencionar su propia condición, al tener salarios y canonjías muy altos, como los sobresueldos y bonos que significan cientos de millones de pesos, o del turismo parlamentario internacional.

Si hay que exigir que el Presidente de la República y todos los que dependen del aparato federal ganen menos, lo justo es que la cuchilla sea pareja, que llegue al Congreso de la Unión, con reformas a las leyes correspondientes para que el “sacrificio” lo vivamos todos.

Un artículo que publicó Forbes México llevó un encabezado bastante revelador: “Diputados mexicanos: con los sueldos más indignantes en países del OCDE”. Cita que laboran 700 horas en los 195 días que componen su jornada anual ordinaria y son los menos productivos de los 34 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras que los ciudadanos en general han mejorado su productividad, su ingreso es el más bajo entre todos estos países, con un promedio familiar de 12 mil 850 dólares, en cambio el de cada diputado es de 213 mil 600 dólares, que significa 12.55 veces mayores al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los mexicanos y 124 veces superior al salario mínimo, aunque otras fuentes lo cifran en 74 veces el salario mínimo.

La disparidad de lo que recibe un trabajador y un diputado está en que éste último se aprueba a sí mismo su ingreso, mientras que el obrero debe esperar a lo que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que lleva a que más del 50% de la población mexicana registre distintos niveles de pobreza, porque el ingreso ya no le alcanza para lo más elemental.

La expresión española “pasar por el aro” se utiliza cuando una persona se ve obligada a realizar actos en los que no está de acuerdo, pero debe hacerlo por exigencia de otra persona para obtener un determinado fin, lo que bien puede aplicarse con la reducción del 50% a los ingresos y gastos en el Congreso de la Unión. Para exigir hay que poner el ejemplo y los diputados y senadores están en esa condición.

TACHA ELECTORAL

El final del año electoral 2015-2016 estuvo lejos de ser lo “imparcial y limpio” que asegura el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, porque aun cuando no hubo castigo alguno para los que escamotearon más de dos mil votos a la coalición de cuatro partidos, de cualquier manera la mancha ahí queda. Por consiguiente, con el consabido “borrón y cuenta nueva” el organismo se prepara para los comicios de diputados locales que habrá el año próximo, en que ojalá para entonces ya tengan la capacitación necesaria y no salgan con que fue un errorcillo sin consecuencias.