El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido corrosivo con la Sala Administrativa Electoral (SAE) de Aguascalientes, al obligarla a que dicte nuevas sentencias en esa materia, situación que no tuviera mayor relevancia ya que lo hace en respuesta a las demandas que presentan partidos, candidatos y ciudadanos, sólo que antes debería reconvenir a la Cámara de Senadores por su inacción para crear el Tribunal Electoral, el cual debió estar en funciones desde principios de año.

Por extraño que parezca, los partidos políticos guardan silencio ante esa omisión, lo que en otras circunstancias habría provocado protestas airadas y demandas, actitud que podría deberse a que calcularon muy bien que sin ese órgano tendrían un margen mayor para presentar querellas de todo tipo y hacerse pasar por víctimas.

Es importante tener presente que la citada Sala Administrativa fue creada para conocer de diversos asuntos que tienen que ver de los juicios en contra de las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de los Organismos Descentralizados y otras personas, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a particulares.

También de los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o Municipales y de sus organismos autónomos fiscales; de los juicios en contra de las resoluciones favorables a un particular, cuando las autoridades estatales y municipales promuevan un juicio para que sean anuladas, y de los juicios promovidos en contra del procedimiento administrativo de ejecución.

Ante la desaparición hace varios años del Tribunal Local Electoral (TLE), la SAE se hizo cargo de los asuntos electorales, misión que debió terminar con la reposición del citado Tribunal, en estricto apego a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El artículo 108 de la misma ordena que la Cámara de Senadores emita, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública para la elección de los magistrados que deberán ser de tres a cinco, lo que al no hacerlo la Sala Administrativa continúa llevando los casos electorales.

En ninguna parte de la LGIPE establece que un órgano local supla al Tribunal, por lo que el TEPJF se aprovecha de su condición superior para llamar la atención, pero sin subsanar primero lo que es un error de origen, por lo que sus baterías debería enfocarlas hacia el Senado, que simplemente ignora la ley, además hacerlo con el Instituto Nacional Electoral (INE), que tampoco ha hecho mayor cosa para que se solucione este problema.

Ahora bien, el hecho de que los partidos, candidatos y particulares recurran los fallos de la SAE es un procedimiento que se hace, con o sin razón, ya que en ocasiones es por tácticas políticas que tienen otros fines, principalmente aparecer como perjudicado de un acto que no tiene reversa, pero se utilizan acciones mediáticas para que otros carguen la culpa.

La judicialización de las elecciones, como se conoce cuando los perdedores desconocen el resultado, está cada más presente, por lo que aunque estuviera vigente el mencionado Tribunal habría sido el mismo procedimiento, y con la exigencia de que interviniera el máximo órgano del país, sólo que a veces se pierde la dimensión y se cree que por el simple hecho de que sea una Sala estatal carece de capacidad resolutiva, cuando en comparación con los asuntos que ha llevado son pocos los reclamados, pero por unos cuantos se pretende minimizar su labor.

OFERTAS DE TEMPORADA

Es común que se creen órganos “autónomos” para todo, inclusive algunos que reciben el calificativo de “conveniente” (Capama, por ejemplo, que debe vigilar y en su caso sancionar lo que hace la concesionaria de aguas), lo cual supone una vigilancia puntual sobre lo que llevan a cabo los Poderes del Estado y las autoridades de los tres niveles.

Entre toda esa maraña de guardianes falta uno: el que se encargue de tener al día las promesas de campaña de los candidatos a un cargo de elección popular y darle seguimiento a lo largo de su encomienda, una especie de observatorio ciudadano, que podrá informar a la sociedad cuál es el nivel de cumplimiento y una vez que concluya la gestión hacer público lo que hizo o dejó de hacer, recibiendo la calificación que merezca.

Desde que María Canica andaba en “la bola” escuchaban toda clase de ofrecimientos de quienes aspiraban a un puesto de elección, pero pasaba el tiempo y poco –muy poco– era lo que se hacía realidad, debido a dos factores fundamentales, el primero, que los electores pronto olvidan las promesas y a eso se ciñen los candidatos, ya que saben que no hay un registro de los compromisos y cuando alguien los menciona se hacen los desentendidos o niegan haberlo dicho.

El segundo elemento radica en que los políticos son muy hábiles para enredar las objeciones de quienes les exigen respuestas, por lo que al final del día el que queda mal es quien  tiene la razón, pero que sólo cuenta con la seguridad de que lo escuchó o lo leyó y como no tiene pruebas tangibles no tiene otra salida que refunfuñar su coraje.

Lo contrario sucedería con una estructura social encargada de registrar las propuestas, que como se estila ahora, sea de acceso libre para que los habitantes estén al día de lo que hace la autoridad que eligió y, llegado el caso, la lleve al banquillo para que responda el porqué no hay firmeza en sus actos.

Puede haber razones de peso para eludirlos, como sería la caída abrupta de la economía o un gasto imprevisto, que en todo caso tiene que existir una respuesta a las exigencias colectivas y no tratar de que el tiempo sepulte los acuerdos que se adoptaron en campaña.

Todo mundo se emociona cuando el candidato o la candidata se compromete a llevar a cabo una obra o un servicio que por años ha estado esperado, lo que deriva en que vote a su favor, pero ya en ejercicio no se habla de ello o comienza a aplazarse la realización y con el tiempo el ciudadano pierde toda esperanza.

Como corolario a lo descrito basta recordar lo vivido en un acto que tuvo lugar en el municipio de El Llano: uno de los asistentes le preguntó al diputado que para cuándo se llevaría cabo la perforación del pozo que les prometió tres años atrás, durante su campaña, a lo que le respondió que debido a la veda no era posible hacerlo y sin más, le dijo: “Pues pudo haber venido a decirlo y no andarse escondiendo cuando íbamos a Aguascalientes a buscarlo”. Una manera sencilla, pero enérgica, de reclamar la inoperancia de su representante popular, frente a una de las tantas obligaciones que asumen los aspirantes, sólo que muy pocos vecinos tienen los arrestos para recriminar.

 

TAREA TITÁNICA

Cada año, con motivo del Quincenario de la Asunción, surgen los comentarios del porqué no se dignifica el tianguis temporal de la Plaza de Armas, que choca con el mejoramiento del centro histórico y es además un auténtico polvorín por el uso de tanques de gas que se utilizan para el procesamiento de las fritangas. Por recomendación de alguien muy poderoso hace varios años se canceló la venta que se hacía a un lado del Teatro Morelos y que básicamente consistía en frutas, dulces y diversos productos, y sólo unos cuantos ofrecían elotes y comida, para en su lugar crear lo que hoy es un mercado, en el que son tantos los puesteros que dificulta el tránsito peatonal, muy lejos de lo que debe ser el espejo de la ciudad.