Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 24-Nov.- Cualquier país que se diga democrático, no puede asignar a los militares la tarea de seguridad, afirmó el representante de la Oficina de la ONU contra la Drogas y el Delito en México, Antonio Mazzitelli.
El diplomático expresó sus dudas sobre la pertinencia de un marco jurídico que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, como lo demandan el Presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de la Marina y Defensa Nacional.
“La postura de Naciones Unidas es que en todos los Estados democráticos, todas las tareas de seguridad deberían ser llevadas a cabo por fuerzas de policía y no por fuerzas militares.
“Entendemos que (en México) haya situación de emergencia, pero hay que cuidar que la emergencia no se vuelva una rutina”, apuntó.
En referencia a los problemas de seguridad que se registran el país, confió en que los gobiernos federal y estatales encuentren una respuesta a la crisis en esta materia.
“La situación de la violencia en el País en los últimos 12 meses ha ido empeorando. Ojalá que encuentren la respuesta. Ojalá que el Congreso pueda legislar con respecto al tema del mando único”, planteó.
Mazzitelli expuso que cualquier iniciativa que dote a las Fuerzas Armadas del marco e instrumentos legales para fortalecerlo es bueno, pero, insistió, los militares deben salir de las calles.
“La recomendación es que la tarea de seguridad tiene que ser llevada por policías civiles, no militares”, subrayó.

Escuelas del crimen
El representante de la ONU asistió al Congreso Nacional de Derechos Humanos, Sistema Penitenciario y Combate a la Corrupción, donde habló sobre la crisis que viven las cárceles estatales.
Incluso recordó el caso de la directora de un penal de Durango, quien permitía a los presos salir a la calles para actuar como sicarios.
“Esos son casos de México, aunque en América Latina la situación no es muy diferente. Hay penales donde se tiene que pedir el permiso de los grupos criminales para ingresar a las cárceles. Esta, desafortunadamente, es la realidad.
“En las cárceles donde el Estado se toma la responsabilidad de meter gente, privándola de sus libertades, el Estado renuncia, casi conscientemente, a implementar la ley, entrega el manejo de las instituciones a terceros”, indicó.
Los penales, agregó se han convertido en mercados para el crimen organizado, por lo que un producto que en las calles cuesta 5 pesos, adentro vale 50.
Lamentó que no exista una reforma penitenciaria, y las autoridades no se den cuenta de que están alimentando un cáncer.
“Estamos viviendo una crisis, pero no lo queremos reconocer”, agregó.
Se dijo sorprendido porque el número de mujeres que van a la cárcel va en incremento, por lo que advirtió que las autoridades, especialmente en los estados, deben tener clara la urgencia de aplicar programas de prevención.