Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

Recientemente se dieron a conocer documentos confidenciales del despacho de abogados Mossack Fonseca radicado en Panamá (“Los Papeles de Panamá”), el cual se especializa en servicios financieros para individuos con grandes capitales y quienes buscan minimizar o evadir pagos al fisco en sus países de origen, ocultar fortunas, llevar su dinero a lugares más seguros, e incluso, lavar dinero; todo ello mediante la creación de empresas fantasma y el depósito de dinero en bancos ubicados en paraísos fiscales, entre otros esquemas financieros y legales. La cantidad de información confidencial filtrada a los medios de comunicación, la cual asciende a 2.6 terabytes y equivale a once millones de documentos, supera por mucho, otros casos de filtraciones notables como la revelación que hizo Wikileaks de archivos diplomáticos secretos de Estados Unidos. La información proveniente del despacho panameño, se entregó en primera instancia a un periódico alemán, el Sueddeutsche Zeitung, que a su vez lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –un grupo de 107 periodistas de 78 países– para que ayudaran en el análisis de esta información masiva.

Si bien el establecer empresas y trasladar fondos a paraísos fiscales no es en sí mismo un delito, lo que resulta interesante de la información filtrada, es que quienes recurren a estos esquemas, no siempre lo hacen por motivos legítimos. Interesante conocer, por ejemplo, el origen de la riqueza de estos individuos. Esto es importante en el caso de políticos, quienes, se supone, viven de sus sueldos como servidores públicos y que sin embargo llegan a acumular fortunas inexplicables.

Los “Papeles de Panamá” involucran a políticos muy importantes de todo el mundo. Por lo menos hay documentos pertenecientes a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países, quienes participan o han participado en sociedades radicadas en 21 paraísos fiscales distintos. Entre ellos se encuentran 12 jefes y ex jefes de estado, tales como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (quien tuvo que renunciar a raíz de estas revelaciones), el presidente de Ucrania, Petró Poroshenkoy; la familia del primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, entre otros. Destaca entre ellos el círculo de amistades más cercano del presidente ruso Vladimir Putin (https://panamapapers.icij.org/20160403-putin-russia-offshore-network.html).

Por lo que respecta a México, las autoridades hacendarias indicaron que están investigando a 33 personas. Entre los personajes más notorios que usaron los servicios de este despacho se encuentran Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, participante en la licitación del tren rápido de Querétaro y ligado al caso de la “Casa Blanca”, perteneciente a la esposa del presidente Peña (http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2014/11/la-casa-blanca-de-las-lomas-y-su.html). Este empresario ha sido contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal acumulando más de 800 millones de dólares en contratos. Los papeles revelan que escondió 100 millones de dólares en negocios fantasmas a través de Mossack Fonseca. Otros personajes mencionados son Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y el narcotraficante Rafael Caro Quintero, entre otros.

Si bien es muy pronto para saber si gracias a estos documentos filtrados se podrán imputarles delitos a los allí mencionados, es una oportunidad para impulsar las investigaciones relacionadas con lavado de dinero, especialmente aquél proveniente de actos de corrupción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para actuar contra la corrupción no es necesario esperar a que se promulguen las leyes secundarias que complementan la Reforma Constitucional Anticorrupción de hace casi un año. Dado que lo más probable es que la legislación secundaria no estará lista pronto y no alcanzará a estar funcionando plenamente este sexenio, eso no impide que se investigue a funcionarios corruptos dado que ya existen leyes e instituciones para hacerlo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar este tipo de investigacionesy con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Como toda agencia de inteligencia, la UIF se encuentra en unas oficinas tipo búnker y está cerca de la sede de la Comisión Nacional de Seguridad en la Cd. de México. Está a cargo del ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, a quien quizá recuerden por haber investigado el infortunado caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, encontrada muerta en su propia recámara después de varios días de desaparecida.

La UIF tiene entre sus funciones la de realizar labores de inteligencia para la prevención del lavado de dinero. Establece lineamientos y criterios para instituciones financieras, realiza labores de análisis de la información que recaba, recoge pruebas, integra expedientes y presenta las denuncias correspondientes ante el ministerio público. El lavado de dinero puede provenir de actividades ilícitas como narcotráfico, secuestro y robo; de dinero para financiar terrorismo; y aunque no esté tipificado así, también de fondos provenientes de actos de corrupción realizados por funcionarios públicos, empresarios cómplices y sus prestanombres.

Aunque la UIF no es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, constituye una herramienta fundamental para combatir la corrupción, ya que los funcionarios públicos corruptos recurren al lavado de dinero para ocultar sus recursos ilícitos. Ojalá que no solo se investigue a los personajes involucrados en el caso de los “Papeles de Panamá”, sino también a políticos cuyo enriquecimiento inexplicable los hace sospechosos de actos de corrupción. ________________________________________________

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