Corrupción, pobreza y desempleo

Jesús Álvarez Gutiérrez

Si nos atenemos a la historia, la desigualdad parece ser un fenómeno inherente a la naturaleza humana, pero hoy ha llegado a tales extremos que pone en riesgo su propia sobrevivencia, dice Luis Rubio. Grandes fortunas se han amasado a partir de rentas derivadas de recursos públicos, del control monopólico de una empresa sobre productos y servicios básicos como agua, comunicaciones y telecomunicaciones; líderes sindicales que venden plazas (CNTE) o exigen un porcentaje sobre contratos de empresas públicas (Pemex), y, en el extremo de la corrupción, instituciones de seguridad que cobran derecho de piso y venden territorios al crimen organizado.

Mientras tanto, la pobreza se agudiza por causa del desempleo y los bajos salarios, graves lastres del modelo de crecimiento que ha seguido nuestro país en las últimas tres décadas. De acuerdo con las cifras que presenta el Inegi para el último trimestre de 2015, la tasa de desempleo ronda 4.2% de la población económicamente activa, lo que representa 2.2 millones de mexicanos. Además, 6 de cada 10 trabajadores siguen en la informalidad, es decir, son personas que laboran en unidades económicas sin registro y/o sin seguridad social (salud, créditos, pensión).

De los casi 52 millones de mexicanos laboralmente activos, tres de cada cuatro son subordinados y el resto lo hace por cuenta propia; sólo un porcentaje mínimo son empleadores.

Por sector de la economía, un 13% de la población económicamente activa trabaja en el campo (sector primario), un 25% en la industria y manufactura (sector secundario), y un 62% en el comercio y otros servicios (sector terciario). Los mexicanos trabajan en promedio 43 horas a la semana, que es la tasa más alta de la OCDE, y ganan 33 pesos por hora, ingreso promedio de todos los que cotizan al IMSS, el salario más bajo de la OCDE.

En cuanto al sector manufacturero ligado al dinamismo exportador, los mexicanos ganan la mitad que sus contrapartes en Chile, y la décima parte que en los Estados Unidos.

Aparte del desempleo abierto, padecemos un grave fenómeno de subocupación. El 8.6% de la población ocupada (4.4 millones) declara que sus ingresos laborales no le alcanzan para cubrir sus necesidades, por lo que están buscando trabajar más horas. Peor aún, un 12.8% (cerca de 6 millones) trabaja en condiciones calificadas como “críticas”, pues gana menos de dos salarios mínimos y labora más de 48 horas a la semana.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi recoge también el reclamo de 5.9 millones de mexicanos en edad y necesidad de trabajar que ya dejaron de buscar empleo porque se encuentran “desesperanzados”; consideran que, ante la remuneración que el mercado laboral les ofrece, es preferible dedicar su tiempo al hogar, al cuidado de su familia, al estudio o al ocio.

El tema de los salarios rebasa lo electoral y lo populista. Es un tema de seguridad nacional. Estudios de la Facultad de Economía de la UNAM han advertido que el salario mínimo ha perdido en los últimos 25 años un 80% de su valor, y que sólo puede comprar una tercera parte de la canasta básica de alimentos de una familia de cuatro miembros. Con el aumento de dos pesos en el salario mínimo para 2016 el retroceso continúa.

El recorte al gasto público y el alza a las tasas de interés anunciados por Hacienda y el Banco de México eran medidas impostergables para detener la estrepitosa caída del peso e intentar retomar el equilibrio macroeconómico, pero la población sufrirá un nuevo golpe: habrá menos carreteras e infraestructura básica, y habrá despidos de personal que no hallará acomodo fácilmente en el débil mercado laboral privado.

México sufre con otros países subdesarrollados del mismo problema fundamental: un Estado institucionalmente frágil y una democracia cínica y costosa. Tal vez tiene razón Francis Fukujama cuando argumenta que nuestros países tuvieron democracias antes de haber construido estados competentes. En opinión de algunos críticos, la alternancia partidista en México parece haber ampliado el espacio para mayores abusos en los gobiernos locales y el desbordamiento del crimen organizado.

“El corrupto que lleva alimento a su casa, trae veneno a sus hijos”, dijo en nuestro país el Papa Francisco. Lo dijo para todos, aunque se entendió dirigido especialmente a los gobernantes que exigen su porcentaje en las licitaciones de obra pública, y desperdician los recursos públicos para crearse una imagen de políticos inteligentes. Pero también para sus socios: los empresarios enriquecidos al amparo del poder y la complicidad de funcionarios, legisladores, jueces y dirigentes partidistas y gremiales.

Elizondo-Mayer concluye a este respecto que “la economía mexicana está frenada por una burocracia torpe e ilógica, por sobrerregulaciones, por una reforma fiscal que ahoga a las pequeñas empresas, por la desconfianza en los políticos en general y por la falta de credibilidad en el gobierno en particular”.

La desigualdad y la corrupción en México no surgieron del cielo. Fueron creadas por personas de carne y hueso y, por lo tanto, pueden ser desmanteladas, dice Luis Rubio.

Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos los ciudadanos es promover la llegada de políticos competentes y honestos al frente de los diversos niveles de gobierno, que asuman la enorme responsabilidad de rodearse de colaboradores capaces, expertos y con auténtica vocación de servicio.

Es un gran desafío y también una buena oportunidad, pues a pesar de todos sus defectos, nuestro sistema electoral nos da la oportunidad de votar por quienes se comprometan verdaderamente a avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa mediante la implementación de políticas públicas que creen las condiciones para generar suficientes empleos productivos y, sobre todo, bien remunerados para todos.

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